La política migratoria del Ejecutivo de Sánchez está a punto de recibir un duro varapalo por parte del Tribunal Supremo, que tiene serias dudas de que el decreto de regularización masiva de inmigrantes sea conforme al derecho de la Unión Europea. Por este motivo, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado un plazo «improrrogable» de cinco días a las partes personadas en este procedimiento para que informen sobre la conveniencia de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. En una providencia a la que ha tenido acceso ABC, y que se enmarca en la pieza de medidas cautelares en respuesta a los recursos del Gobierno de Aragón y de la Comunidad... Ver Más