En el Gobierno miden sus reacciones, tanto en público como en privado, ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo decida frenar el proceso de regularización de migrantes elevando una consulta al Tribunal Superior de Justicia de Unión Europea (TJUE). Se evita visibilizar un nuevo choque con el Alto Tribunal, pero se desliza cierto resentimiento por una judicialización su política migratoria que, resaltan, no es nueva. Fuentes del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recuerdan el caso de los menores migrantes solicitantes de asilo en Madrid tras un recurso del Ejecutivo regional. Ahora son los recursos de Aragón y Comunitat Valenciana, dos comunidades también gobernadas por el PP, los que han llevado al Supremo a proponer que se consulte al TJUE la regularización por posible colisión con la normativa europea. Este mismo mércoles, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, descartaba que se decretasen medidas cautelares al haber sido ya antes rechazadas en otros recursos.Seguir leyendo....