La ESA ha defendido que los servidores privados de juegos como Minecraft pueden vulnerar la propiedad intelectual, en plena batalla legal impulsada por Stop Killing Games para preservar juegos online.El movimiento Stop Killing Games ha sufrido un nuevo revés en Estados Unidos, ya que la Protect Our Games Act, una propuesta legislativa de California que buscaba obligar a las compañías a mantener jugables los títulos online tras el cierre de sus servidores, no ha logrado los votos necesarios en comité para seguir avanzando.Sin embargo, lo que más debate ha generado no ha sido solo el bloqueo de la iniciativa, sino una de las intervenciones de la Entertainment Software Association, el principal grupo de presión de la industria del videojuego en Estados Unidos. Durante la audiencia, Jennifer Gibbons, vicepresidenta de asuntos gubernamentales estatales de la ESA, afirmó que los servidores privados de Minecraft son "ilegales" y no están afiliados de ninguna forma con Microsoft.La ESA compara los servidores privados con la pirateríaLa declaración ha llamado la atención porque Minecraft permite descargar desde su web oficial las herramientas necesarias para crear un servidor propio. Aun así, la ESA sostiene que esa posibilidad existe porque Microsoft la permite actualmente, pero que los editores conservan el derecho a retirarla o actuar contra servidores privados si consideran que infringen sus derechos de propiedad intelectual.Según la organización, los servidores privados plantean dos grandes problemas: por un lado, afectarían a la capacidad de los editores para controlar sus propiedades intelectuales; por otro, operarían sin la supervisión de las compañías y sin los mismos estándares de seguridad y moderación que los servidores oficiales. Gibbons llegó a equiparar este tipo de servidores con la "piratería", una comparación que ha sido muy criticada por parte de la comunidad.Precisamente, uno de los objetivos de Stop Killing Games es cambiar ese marco legal. El movimiento defiende que, cuando una compañía cierre los servidores de un juego vendido al público, debería estar obligada a facilitar alguna vía para conservarlo, con un modo offline, herramientas para servidores comunitarios o una solución equivalente que impida que el producto desaparezca por completo.El tropiezo en California se suma a otro revés reciente en Europa, donde la Comisión Europea decidió no impulsar nueva legislación específica tras la campaña. Aun así, los responsables de Stop Killing Games aseguran que seguirán adelante y que intentarán llevar propuestas similares a otros estados de EE.UU. e incluso al ámbito federal.