"Opacidad absoluta". Son las dos palabras que han escogido en el Partido Popular para describir el proceso de nacionalización que se puso en marcha en 2022, con la Ley de Memoria Democrática, y que acumula ahora 2,5 millones de solicitudes. Después de que Alberto Núñez Feijóo acusara al Gobierno de cometer "ingeniería electoral" al conceder el derecho a voto a tal cantidad de personas, los populares quieren fiscalizar todo el procedimiento que se está realizando, pero tratan de desmarcarse de las acusaciones de "pucherazo" de Vox, modulando su discurso y vinculando las críticas a la necesidad de ofrecer "servicios públicos de calidad" a los todos los nuevos ciudadanos españoles.Seguir leyendo....