Una agresión que le ha cambiado la vida, unas secuelas que arrastra a diario y una administración que, según ella, la deja desamparada. Así describe su situación Ainhoa Caballero, de 28 años, que asegura haber sobrevivido a un ataque machista en Ingenio (Gran Canaria) y denuncia ahora un trato institucional que considera injusto.Ainhoa cuenta que todo ocurrió tras un conflicto familiar. Según su relato, su pareja insistió en que bajara a la calle y, cuando lo hizo, la agredió con extrema violencia: golpes en el cuello y en la cabeza, la cabeza “descorchada” dos veces, y pisotones en la cara y el cuello. Habla de testigos que, siempre según su versión, vieron la escena e intervinieron. Ella recuerda que perdió la consciencia y que despertó en el hospital sin saber qué había pasado.Desde entonces, explica que vive con consecuencias muy graves. Los informes médicos y forenses que menciona recogen hemorragias intracraneales, pérdida de olfato y gusto, daño auditivo en el oído izquierdo, luxaciones mandibulares, fracturas costales y un daño neurológico que afecta a su memoria y a su capacidad para organizarse. Ainhoa ha relatado a un equipo de Antena 3 que convive con cefaleas intensas y limitación respiratoria y que, aunque los médicos han planteado el uso de analgésicos opioides, teme que le resten aún más calidad de vida, por lo que intenta soportar el dolor.Ese dolor y esas secuelas han impactado de lleno en su trabajo. Se formó en cocina y repostería y sostiene que su profesión exige estar físicamente bien, tener olfato y una buena memoria operativa para garantizar la seguridad. Ahora afirma que no puede oler alimentos en mal estado ni detectar el humo; asegura que ya ha sufrido un conato de incendio en casa. “Mi cabeza ya no funciona como antes”, resume, mientras explica que se apoya en pautas y recordatorios que, admite, no siempre bastan.A todo esto se suma su sensación de desprotección institucional. Ainhoa dice que el juicio aún no se ha celebrado, que su presunto agresor continúa en prisión provisional y que ha tenido que presentar denuncias por presuntos quebrantamientos de la orden de alejamiento. Relata que, cuando ha acudido a servicios sociales, le han trasladado que no encaja en el perfil de “mujer maltratada” por tener empleo y que se le han negado prestaciones que considera necesarias. Son extremos que ella denuncia y que, subraya, agravan su malestar. “No quiero dinero; quiero recuperar mi salud y que se me diga claramente si puedo trabajar o no”, insiste. Lo que más le pesa, añade, es la sensación de tener que justificar una y otra vez su experiencia mientras percibe que “a él se le dan privilegios”.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.