Diez años después de la violación grupal cometida durante los Sanfermines de 2016, el caso de la Manada continúa siendo uno de los episodios judiciales y sociales más relevantes de la historia reciente de España. La agresión provocó una profunda conmoción dentro y fuera de Pamplona y abrió un intenso debate sobre el consentimiento, la respuesta de la Justicia y la protección de las víctimas de delitos sexuales.Los hechos se remontan a la madrugada del 7 de julio de 2016, cuando una joven madrileña de 18 años denunció haber sido violada por cinco hombres que se identificaban como la Manada en un chat. Horas después fueron detenidos y el 9 de julio ingresaron en prisión provisional sin fianza. Los condenados son Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza.La situación actual de los cinco condenadosAntonio Manuel Guerrero, que era agente de la Guardia Civil, fue expulsado del cuerpo tras la condena. Cumple una pena de 23 años y un mes de prisión, la más elevada de los cinco, al sumarse a la agresión sexual de Pamplona la condena por difundir las imágenes de la violación y otra agresión sexual cometida en Pozoblanco. Permanece interno en Sevilla y no podrá optar a la libertad condicional antes de finales de 2032.Alfonso Jesús Cabezuelo, que pertenecía al Ejército, también fue expulsado de las Fuerzas Armadas. Cumple una condena de 21 años y un mes de prisión tras ser condenado tanto por la violación de Pamplona como por la agresión sexual de Pozoblanco. Ambos ingresaron nuevamente en prisión el 21 de junio de 2019, inmediatamente después de que el Tribunal Supremo hiciera pública la sentencia definitiva.sociedad'La Manada' de San Fermín: el exmilitar condenado saldrá de prisión tras obtener su primer permiso penitenciario Rubén GuerreroJosé Ángel Prenda, conocido como El Prenda y considerado durante la investigación como el líder del grupo, cumple una condena de 18 años y seis meses en el Centro Penitenciario Puerto III de El Puerto de Santa María. Jesús Escudero fue condenado a 16 años y diez meses de prisión. Actualmente desarrolla labores como peluquero dentro del centro penitenciario de Huelva y continúa clasificado en segundo grado, por lo que, al menos hasta la segunda mitad de 2028, no podría acceder al régimen abierto.Ángel Boza, el miembro con la condena más reducida, cumple 14 años de prisión en un módulo de respeto, reservado para internos con buen comportamiento. Trabaja en la cocina del centro penitenciario y, debido a la duración de su condena, podría solicitar la libertad condicional cuando reúna los requisitos legales si accede al tercer grado. Su condena finalizará en 2031.Un caso que cambió la justicia y el debate sobre el consentimientoEl proceso judicial supuso un punto de inflexión en el tratamiento de las agresiones sexuales en España. Las primeras resoluciones de los tribunales navarros calificaron los hechos como abuso sexual al no apreciar violencia o intimidación, una decisión que provocó multitudinarias movilizaciones y una intensa contestación social bajo lemas como Yo sí te creo.Tres años después, el Tribunal Supremo revocó ese criterio y elevó la condena de 9 a 15 años al considerar que los hechos constituían una violación y no un abuso sexual. La resolución marcó un cambio de interpretación sobre el consentimiento y reforzó el debate jurídico y social que había surgido tras la agresión.sociedadEl TSJN confirma una rebaja en la condena de dos miembros de 'La Manada' por la 'ley del sólo sí es sí' J. P. LozanoLa repercusión del caso fue uno de los principales antecedentes de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del Solo sí es sí, que eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual y situó el consentimiento en el centro de la tipificación de estos delitos.Sin embargo, la aplicación posterior de la norma también generó controversia. Entre sus efectos se encontraron revisiones de condena y excarcelaciones en distintos procedimientos, incluidas las reducciones de 15 a 14 años de prisión para tres de los integrantes de La Manada, consecuencia de la adaptación de las penas al nuevo marco legal.