Diez años después del inicio de uno de los mayores episodios de contaminación por hidrocarburos registrados en una zona residencial andaluza, la Justicia dispone ya de informes forenses que establecen una relación directa entre la exposición continuada a sustancias tóxicas y los daños en la salud de parte del vecindario de la barriada Guadalquivir de Coria del Río, en la provincia de Sevilla. Mientras tanto, unas 4.000 personas continúan viviendo en un barrio donde persiste el olor a gasolina y donde la contaminación del suelo, el subsuelo, las aguas y el aire sigue sin resolverse.Los informes del Instituto de Medicina Legal, incorporados al procedimiento judicial en junio de 2026, respaldan las denuncias que los vecinos vienen realizando desde hace años y coinciden con las conclusiones del informe de la Fiscalía General del Estado de diciembre de 2024, elaborado a partir de 65 informes técnicos y periciales.Según ese documento, el origen de la contaminación se sitúa en una fuga detectada en 2017 en un depósito de la estación de servicio Zamarrilla, cuyo combustible habría alcanzado un emisario de aguas que atraviesa la barriada a través de una conducción deteriorada, extendiéndose por el subsuelo hasta afectar al entorno urbano, las aguas subterráneas y el río Guadalquivir.El informe de la Fiscalía incorpora además un estudio de 2019 que describe la presencia de un hidrocarburo altamente degradado que llevaría aproximadamente 17 años descomponiéndose bajo el barrio, una circunstancia que incrementa su toxicidad y evidencia la prolongada permanencia del foco contaminante.Diez años minusvalorando un problema gravísimo de salud públicaEl portavoz de Ecologistas en Acción, José Carlos González, no esconde su indignación: "La ciudadanía nunca exageró. Lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario: durante diez años se ha minusvalorado un problema gravísimo de salud pública. Hoy los informes forenses empiezan a confirmar lo que las vecinas y los vecinos denunciaban desde el primer momento".González añade que "resulta inaceptable que hayan tenido que pasar diez años para que las instituciones comiencen a reconocer oficialmente los efectos de una contaminación que nunca dejó de existir. Ninguna administración puede dar por cumplida su obligación mientras miles de personas sigan viviendo sobre un suelo contaminado". La organización ecologista denuncia además que los informes forenses se han elaborado con un número limitado de informes médicos remitidos por la Junta de Andalucía y lamenta especialmente que entre la documentación aportada no existan informes correspondientes a menores afectados. A ello se suma la falta de transparencia: los resultados de las últimas campañas de medición de la calidad del aire siguen sin hacerse públicos, pese a haber sido reclamados formalmente por la Asociación de Vecinos Barriada Guadalquivir y por Ecologistas en Acción.El procedimiento judicial abierto y la descontaminación paralizada tras una décadaEl procedimiento judicial continúa abierto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Coria del Río y en el Juzgado de Instrucción nº 20 de Sevilla, con varias administraciones personadas: la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ayuntamiento de Coria del Río, Aljarafesa y Emasesa.Para Ecologistas en Acción, durante estos años "ha predominado la defensa de intereses administrativos y reputacionales sobre la protección efectiva de la ciudadanía". La organización lamenta también que el grupo de trabajo creado por el Parlamento de Andalucía en 2025 —del que quedaron excluidas las organizaciones vecinales y ecologistas— se disolviera "sin ofrecer soluciones concretas" y que nunca llegara a materializarse el protocolo sanitario específico anunciado para personas afectadas por contaminación industrial.