La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entregado al magistrado Santiago Pedraz un nuevo informe que desvela el papel de Juan Manuel Serrano en las tramas organizadas por Santos Cerdán y Leire Díez . Para calibrar el valor de la aparición de Serrano con tales indicios policiales hay que recordar que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018, y que luego fue premiado por el presidente del Gobierno con el más alto cargo de la sociedad pública Correos. No es, por tanto, un personaje periférico en la actividad política de Sánchez, sino un sujeto esencial en la progresión biográfica del actual jefe del Ejecutivo. Según las investigaciones policiales remitidas al juzgado de la Audiencia Nacional, Serrano habría intervenido en la trama de las 'cloacas' socialistas contra jueces, fiscales, policías y guardias civiles; y en los amaños de contratos públicos impulsados por el grupo Hirurok, integrado por Vicente Fernández, Leire Díez, Antxon Alonso y Santos Cerdán, todos bajo investigación judicial. La conexión de Serrano con estas tramas empezó con su participación directa y personal en la contratación de Leire Díez. Ya se ha llegado a ese nivel de indicios objetivos y sospechas fundadas en el que lo pertinente es preguntarse cuándo va a ser llamado Pedro Sánchez a declarar. Puede hacerlo como testigo ante la Audiencia Nacional, porque para esta actuación no tiene la prerrogativa del aforamiento ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pero si lo hace como investigado, previamente el magistrado Santiago Pedraz tendrá que remitir una exposición razonada al Alto Tribunal penal para que este decida si acepta su competencia y, a continuación, si llama al presidente del Gobierno, con las garantías procesales de todo investigado. Por una elemental experiencia al alcance de cualquier ciudadano, cuando al responsable y superior jerárquico de una organización le van imputando, uno tras otro, sus principales y más cercanos colaboradores (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) o no tan cercanos, pero igual de serviles (Leire Díez), o están en el filo de la imputación (Juan Manuel Serrano) o se han librado de ella en el último minuto (Francisco Salazar), lo esperable es que ese dirigente dé explicaciones por los actos de sus subordinados. Por el momento, Pedro Sánchez está recibiendo un trato de extrema delicadeza por parte de la Justicia, nada que ver con ese fantoche llamado 'lawfare' que agitan los portavoces del sanchismo. Su ajenidad a los procedimientos por corrupción que, antes o después, acaban poniendo su nombre sobre la mesa de los investigadores policiales o judiciales resulta realmente llamativa, solo explicable por los tiempos que la prudencia procesal aconseja aplicar a decisiones tan necesarias como críticas. Ahora bien, la prudencia no siempre es explicación razonable para aplazar lo que sería consecuencia lógica y jurídica de ser el responsable directo de personas que, bajo su confianza y en aras de su interés particular, han escrito una de las páginas más bochornosas de la historia de la democracia española. Preguntar al jefe no es una extravagancia, es una necesidad de la investigación y un exigencia de la Justicia.