El devastador incendio de Los Gallardos (Almería) , que ya se ha cobrado la vida de al menos 11 personas y deja ocho heridos -cuatro de ellos graves-, evoca inevitablemente el fantasma de la mayor tragedia forestal del siglo XXI en España: el desastre de Guadalajara de 2005. Ocurrido hace ya dos décadas, aquel infierno devoró 13.000 hectáreas durante cuatro agónicos días. Lo que comenzó como la negligencia de unos excursionistas terminó en una catástrofe histórica en la que murieron 11 miembros de un retén contraincendios (nueve bomberos forestales y dos agentes medioambientales). Se trata del incendio más estudiado en la historia de España (se llegaron a utilizar informes de la NASA) y llevó a cambiar los protocolos de actuación, como la prohibición de barbacoas en todos los montes españoles. También llevó a José Luis Rodríguez Zapatero a crear la UME. El 16 de julio de 2005 España sufría (como ahora) las altas temperaturas de los termómetros. En el área recreativa de la Cueva de los Casares, en el municipio de Riba de Saelices, un grupo de excursionistas descuidó una barbacoa. Un pequeña brasa saltó a la masa forestal y se desató el incendio, que se avivió por el fuerte viento y la poca humedad que había aquel día. Medios terrestres combatieron el fuego durante toda la noche pero al día siguiente, el 17 de julio, ya el fuego tenía dos frentes activos en dirección a Cobeta y Luzón. Se incorporaron más efectivos para intentar extinguirlo debido a la gran dimensión que estaba adquiriendo. Un equipo de doce hombres y una mujer, miembros del retén de Cogolludo, y el doceavo era el conductor de un camión autobomba de Arcos de Jalón, se trasladaron hasta el Valle de los Milagros. Recorrieron cuatro kilómetros en camiones y coches hasta una zona que la mayoría desconocían y en la que, según relataron los pilotos, ya se habían retirado incluso los medios aéreos porque las llamas alcanzaban hasta treinta metros de altura. «Se metieron en una zona de riesgo, viene una racha de viento y en segundos... 'plaf'», resumió al día siguiente el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Al verse rodeados por dos frentes de fuego, el jefe dio la orden de abortar y evacuar de inmediato. No hubo tiempo ni de soltar una sola gota de agua de las mangueras. Los once miembros del retén se metieron en los tres todoterrenos y arrancaron a la desesperada por la pista forestal. Fue inútil. La velocidad de la lengua de fuego era mayor que la de los coches por un camino de tierra. La única persona que salió con vida fue Jesús Abad, el conductor del camión autobomba. Jesús salió por la ventanilla del copiloto y, cuando giró la cabeza, «vi a los chicos del 4x4 muy mal, creo que se estaban muriendo». Entonces corrió a refugiarse bajo un segundo camión, que estaba chorreando agua, y desde allí comenzó a llamar a los servicios de emergencias del 112: «En esos momentos no puedes hacer nada. Por muchos equipos y mucha motobomba que tengas, solo puedes ver cómo arde todo», explicó en una entrevista a TVE en 2005. En su relato estremecedor recordaba que las ganas de vivir son las que le habían salvado: «Cuando vas a un sitio de esos vas con el valor que llevas y sabes a lo que te arriesgas», confesó a los micrófonos de Televisión Española mientras estaba ingrresado en el Hospital Universitario de Guadalajara. El periplo judicial del incendio de Guadalajara fue casi tan largo y doloroso como la propia tragedia, y para muchas de las familias de las víctimas, el resultado final dejó un sabor amargo. En los primeros años de instrucción, el caso amenazó con hacer saltar por los aires a toda la cúpula de emergencias y medio ambiente de Castilla-La Mancha. La jueza instructora de Sigüenza llegó a imputar a veinte personas. Entre ellos no solo estaban los excursionistas, sino altos cargos políticos. Se les llegó a investigar por delitos contra los derechos de los trabajadores y homicidio por imprudencia profesional, alegando graves fallos en la coordinación y envío del retén a una zona mortal. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Guadalajara decidió absolver y exculpar a los 17 cargos políticos, técnicos y administrativos antes de llegar al juicio final. Siete años después, en julio de 2012, el banquillo de los acusados quedó reducido a tan solo tres personas: los excursionistas que encendieron la barbacoa en la Cueva de los Casares.