Hace diez años, en plenas fiestas de San Fermín, se produjo una violación grupal por unos jóvenes que se llamaban a sí mismos 'La Manada'. Aquella agresión aceleró un proceso social de intolerancia hacia cualquier falta de respeto al consentimiento sexual de la mujer. No era la primera de las violaciones en grupo y, por desgracia, no sería la última, todo lo contrario. Pero la difusión de vídeos con las imágenes de la violación dentro de un portal de Pamplona causó una indignación exacerbada por la alegría con la que los agresores la cometían, en un acto de extrema banalización del daño que estaban infligiendo. Nada volvió a ser igual desde entonces en el análisis político, legislativo y social de los delitos sexuales. El paso del tiempo permite ahora discriminar cuánto hubo de sinceridad en las demandas de justicia y cuánto hubo de aprovechamiento meramente político de aquella violación. A pesar de las polémicas que provocaron las primeras sentencias en el proceso abierto a los violadores, parecería necesario recordar que todas fueron de condena y con graves penas de prisión. La calificación inicial de los hechos como abuso y no como agresión sexual fue el asidero al que se agarró un feminismo que esperaba la ocasión para arremeter contra lo que llamaba justicia 'patriarcal'. Las condenas impuestas por la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra no bajaron de los nueve años de prisión, uno menos que la pena mínima prevista para el homicidio. Pero lo más importante es que esa misma ley penal vigente en 2016 fue la que permitió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo calificar los hechos como agresión sexual y elevar las penas por este delito hasta los quince años de prisión. El Alto Tribunal consideró que la víctima no tuvo capacidad de resistencia como consecuencia de la «intimidación ambiental», concepto ya existente en su doctrina jurisprudencial. No hizo falta cambiar de ley, ni amedrentar a los jueces, para que el curso del proceso penal permitiera dar a lo sucedido la calificación y las penas que merecía. Después vino un alarde de aprovechamiento partidista, encarnado en la entonces ministra Irene Montero, cuya ofuscación ideológica le llevó a defender una especie de contrarreforma legislativa, la ley de 2022 del 'solo sí es sí', que empeoró las normas penales que decía que iba a mejorar y tampoco frenó el aumento de delitos sexuales. El CGPJ ya no contabiliza los efectos nefastos de la ley Montero, pero los datos a 1 de noviembre de 2023 mostraban 1.233 rebajas de condena a agresores sexuales y 126 excarcelaciones, consecuencia de la reducción de penas operada por aquella ley. Solo gracias al acuerdo entre el PP y el PSOE en 2023 se enmendó este gravísimo error y volvieron a elevarse las penas mínimas. No hubo manifestaciones feministas, ni movilizaciones sociales contra los beneficios a violadores que concedió ley del 'solo sí es sí'. Bastaba con su propaganda progresista para que las sensibilidades encendidas por las primeras sentencias de La Manada se desactivaran, incluso ante casos posteriores de violaciones grupales de un salvajismo inconcebible , castigadas por el feminismo oficialista con un silencio delator, quizá por el porcentaje mayoritario de extranjeros que las cometen.