El curso político llega a su fin. Una temporada intensa. Acalorada. El Gobierno y la oposición saben que el clima preelectoral se ha instalado ya. Pero de verdad. A partir de septiembre, todos estarán pendientes de un único movimiento: en qué momento pulsará Pedro Sánchez el botón para ir a las urnas.Pero el Gobierno quiere cerrar el curso durante estas tres semanas con un fuerte componente social frente a la frenética actividad en los tribunales. La coalición busca evidenciar para qué sirve, a qué intereses responde, cuál es el proyecto que ofrece a los ciudadanos. Para ahora y para la cita electoral de 2027.Esa razón de ser pasa, como señalan fuentes gubernamentales, por tres ejes principales: el avance histórico en aportaciones para la dependencia, un nuevo decreto en materia de vivienda y la defensa del estado del bienestar ante la “amenaza” que supone el frente del PP y Vox que sueña con llegar ya al Palacio de la Moncloa.En el Gobierno reconocen que la polémica de Alberto Núñez Feijóo por sus comentarios sobre el absentismo les da oxígeno en estos momentos. Como señalan fuentes del Consejo de Ministros: “Ha dicho lo que pensaba sobre las bajas laborales. Es el modelo oculto del PP, que intenta no revelar antes de las elecciones. Pero el líder del PP tiene un bajo nivel. Han tenido que salir los suyos a corregirlo, hasta Borja Sémper”.Como señala otro miembro del Gobierno: “La gente está viendo que vienen con la motosierra”. El Ejecutivo lleva meses luchando para que se hable de gestión y de políticas sociales, pero los escándalos judiciales han alterado totalmente el ritmo del debate público. Por eso, ve las palabras de Núñez Feijóo como un regalo para que se hable de asuntos de calado que afectan al día a día de los ciudadanos.Precisamente, varias fuentes del Gobierno señalan que el PP también se está “retratando” de manera paralela con el tema de la dependencia. Este jueves la Comisión de Derechos Sociales del Congreso dio su visto bueno a la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que conllevan reducir la burocracia, suprimir la incompatibilidad de prestaciones y ampliar servicios.Los proyectos de ley salieron adelante con el voto de todo el arco parlamentario a excepción del Partido Popular y de Vox. La próxima votación será ya en Pleno el próximo martes, el mismo día en el que, además, la Cámara Baja someterá a votación el decreto que lleva a máximos históricos la aportación del Gobierno central para dependencia, con 6.200 millones de euros extra para este año y el que viene.El Partido Popular trata de boicotear estas normas a pesar de que se ha caído su principal excusa: la necesidad de incrementar la aportación del Gobierno central en una materia que es competencia de las comunidades, la mayoría en manos de gobiernos del Partido Popular con el apoyo de la ultraderecha de Santiago Abascal.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere hacer bandera de todos estos avances sociales. De vuelta de la cumbre de la OTAN en Ankara, el líder socialista escribió estas ideas en la red social X: “La semana pasada, contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Ayer, contra los trabajadores y su derecho a una baja laboral. Hoy, contra las personas en situación de dependencia. Así opina y actúa el PP de Alberto Núñez Feijóo. No son lapsus. Son sus ideas”.Máxima relevancia dan ahora mismo en el Gobierno a la elaboración del decreto de vivienda en el que trabaja el Ejecutivo. El compromiso es llevarlo al Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto. Estos días negocia intensamente el área socialista, a través de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con el ala de Sumar, pilotada por Pablo Bustinduy (Derechos Sociales).Fuentes de Sumar trasladan que hay dos líneas rojas: el decreto debe llevar sí o sí la regulación de los alquileres de temporada, en sintonía con las propuestas del Sindicato de Inquilinos, y la prórroga de los contratos de alquiler (que ya estuvo en el anterior texto que no convalidó el Congreso). “Esto es irrenunciable”, enfatizan desde el socio pequeño de la coalición. Asimismo, se están poniendo sobre la mesa otras medidas sobre las que no quieren dar pistas en el Ejecutivo.En paralelo, el Gobierno trabaja a todo rendimiento para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y esta es la pieza clave para saber hasta dónde llega la legislatura. Sánchez ya ha abierto la puerta a ir a unas elecciones adelantadas si cae el proyecto de cuentas públicas para el año que viene.Los trabajos los está pilotando el ministro de Hacienda, Arcadi España, en sintonía total con el vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo. Son unas cuentas con un importante mensaje político, por lo que se ha aprobado también un techo de gasto histórico con el fin de que se aumenten las partidas de vivienda, becas, lucha contra la violencia machista, I+D+i y dependencia. “Será un proyecto con el ADN progresista y socialdemócrata. Igualdad y servicios públicos. Es nuestra hoja de ruta ante la sociedad”, indican fuentes del Ejecutivo.Pero también, de manera discreta, se está produciendo la negociación entre los dos socios de Gobierno. En Sumar siguen insistiendo, frente a la negativa de los socialistas, en que se debe incluir en los presupuestos el proyecto para una prestación universal por crianza por hijos hasta los 18 años.Sumar ondea con fuerza la idea que el aumento en dependencia y las medidas de vivienda son fruto de su trabajo intenso dentro de la coalición. “Merece la pena estar dentro para hacer todas estas medidas. Al PSOE hay que presionarlo y obligarlo”, apuntan desde el partido. Llega el verano. Y el Gobierno quiere marcar su impronta en un momento en el que los tribunales se llevarían todos los titulares si no fuera porque Feijóo parece reclamar algunos para sí mismo.