Peajes en Colombia. Foto: CanvaEl Consejo de Estado admitió la demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) contra cinco actos administrativos relacionados con el congelamiento de las tarifas de los peajes durante 2023 y 2024. El acto también contempla el restablecimiento gradual del esquema tarifario y los efectos económicos que esto generó. Puntualmente, la acción judicial se presentó contra los Decretos 050 y 2287 de 2023, con los que se puso en pausa el cobro en las estaciones a cargo de la ANI y el Invías.Dicha reclamación, además, cuestionó las Resoluciones 20243040001125, 20243040035675 y 20243040065055 de 2024, con las que posteriormente se ordenó el incremento gradual de los precios.Según expuso la FEDe. Colombia en su demanda, estas normativas fueron expedidas “con falta de competencia, falsa motivación, vulnerando normas superiores y mediante procedimiento irregular”. Eso sumado a un estudio técnico insuficiente para su adopción. Destacado: Se acaba megaproyecto de $4 billones: vías clave del Caribe pasarán a manos del Invías Peajes FOTO. ANILa entidad también argumentó que la normalización paulatina de las tarifas, sin determinar la forma en que se iban a ajustar los saldos que se dejaron de percibir durante el periodo de congelamiento, derivó en una deuda que sigue sin ser reconocida. Para hacerse una idea, la Fundación señala que, según lo advertido por la Contraloría General de la República en su momento, estas obligaciones podrían superar el billón de pesos. Un monto pendiente que tendría que ser asumido con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN).“En suma, los actos administrativos demandados desconocieron de manera directa los principios de economía, eficiencia y responsabilidad que rigen la función administrativa y la obligación de protección del patrimonio público”, menciona el texto.De la misma manera, enfatizó que “al ordenar que no se incrementen las tarifas de peaje sin soporte técnico previo, el Gobierno Nacional generó un impacto fiscal cierto, cuantificable y ya materializado, que obliga al Estado a destinar recursos del Presupuesto General de la Nación para compensar a los concesionarios”.La demanda también rescata que esta decisión habría incrementado de manera “injustificada” el gasto público, afectando la sostenibilidad financiera del sistema vial y comprometiendo recursos que “debieron destinarse a otros fines esenciales”.Tras la admisión del acto jurídico, serán notificados el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así como los Ministerios de Hacienda, de Transporte y el Ministerio Público.Destacado: TransMilenio y SITP tendrían blindaje ante protestas: Proyecto busca amparar el sistema de transporte