Julio de 2026. Siete años y medio dan para mucho en política. Dan para que un partido desaparezca, para que otro pase de ser una fuerza emergente a formar parte del Gobierno y para que un presidente recorra el camino que va de una investidura apoyada por terceros a una mayoría absoluta, para regresar después a la política de los acuerdos. Las fotografías se parecen, pero todo ha cambiado.En 2019, Juanma Moreno puso fin a casi cuatro décadas de gobiernos socialistas gracias a un acuerdo con Ciudadanos y al apoyo parlamentario de Vox. Aquel fue también el primer éxito institucional del partido de Santiago Abascal tras irrumpir por primera vez en un Parlamento español con 12 diputados que lo convirtieron en decisivo para permitir la constitución de un Gobierno del PP y Ciudadanos.La legislatura terminó antes de tiempo cuando Vox rechazó respaldar los presupuestos y Moreno optó por adelantar las elecciones. Sin embargo, el balance del Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos fue, en términos generales, muy positivo. La estabilidad institucional, la complicidad entre Moreno y Juan Marín y la imagen de moderación acabaron convirtiéndose en uno de los principales activos del Ejecutivo.Paradójicamente, ese éxito terminó beneficiando casi exclusivamente al PP en las siguientes elecciones. Ciudadanos desapareció del Parlamento andaluz, en línea con su desplome nacional, mientras buena parte de su electorado encontró acomodo en el proyecto de Moreno. El PSOE de Juan Espadas tampoco fue capaz de construir una alternativa sólida. El resultado fue una mayoría absoluta histórica del PP.Esa mayoría ya forma parte del pasado. Juanma Moreno volvió a ganar las elecciones del 17 de mayo con claridad. Los 53 escaños obtenidos por el PP constituyen un resultado extraordinario para cualquier fuerza política, pero en un Parlamento de 109 diputados esa victoria se quedó a tan solo dos escaños de la mayoría absoluta. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque una cosa es ganar con rotundidad y otra muy distinta disponer de los votos necesarios para gobernar en solitario.También han cambiado los protagonistas. En 2019 el interlocutor de Vox era Francisco Serrano; hoy lo es Manuel Gavira, un dirigente de perfil mucho más orgánico e institucional, si bien es una realidad que el que manda es Santiago Abascal, como hemos visto claramente con la destitución o la marcha forzada de todo el que le hace sombra.Negociar sin presión mediáticaA diferencia de hace siete años y medio, Moreno y su equipo han podido preparar esta negociación con tiempo y sin presión mediática. Mientras buena parte de la atención política se concentraba en otros asuntos, en San Telmo se ha trabajado con discreción sobre un escenario que las urnas habían dejado prácticamente definido.En la sesión de investidura, el líder del PP andaluz se esforzó en defender que los pactos entre partidos forman parte de la normalidad democrática. Tiene razón. En un sistema parlamentario, las mayorías —cuando no las conceden las urnas— se construyen mediante la negociación. Lo importante nunca es el pacto en sí, sino su contenido y, sobre todo, su desarrollo.Conviene recordar también que la responsabilidad de los acuerdos no recae únicamente sobre quienes los firman. Las urnas dejaron un Parlamento sin mayoría suficiente para que el partido ganador gobernara en solitario y ningún grupo de la oposición mostró disposición a facilitar la investidura del candidato que había vencido con claridad.En ese escenario, las alternativas eran limitadas: desde permitir un Gobierno en solitario del PP hasta explorar una repetición electoral, opción que el propio Moreno descartó por considerarla perjudicial para la estabilidad institucional.Con ese marco, el acuerdo entre PP y Vox dejó de ser una posibilidad más para convertirse en la única mayoría parlamentaria viable sin la colaboración de la oposición. Es legítimo discrepar de ese pacto, pero también conviene recordar que la izquierda tenía en su mano evitarlo facilitando un Gobierno en minoría del PP. Optó por no hacerlo y esa decisión forma parte igualmente del resultado político que hoy se analiza.El documento al que han llamado Acuerdo de Gobierno y estabilidad para Andalucía contiene 150 medidas en 60 páginas. Entre ellas, recoge el compromiso de mantener la bajada de impuestos, avanzar en la simplificación administrativa, impulsar la actividad económica, facilitar el acceso a la vivienda y apoyar a las familias. Son políticas que forman parte de la identidad del Gobierno andaluz y por las que también será juzgada esta legislatura.La cuestión más sensible del acuerdoComo era previsible, el acuerdo también incluye cuestiones especialmente sensibles, como la inmigración. En este punto conviene distinguir entre el eslogan político utilizado por los de Abascal y el contenido del acuerdo. Vox ha presentado el pacto como la consagración de la “prioridad nacional”, un mensaje que conecta con su lema de "los españoles primero". Sin embargo, el texto firmado introduce un matiz jurídico esencial: establece que el acceso a determinadas ayudas, subvenciones y prestaciones públicas "se inspirará en el principio de prioridad nacional", vinculándolo a un "arraigo real, duradero y verificable con el territorio", que deberá acreditarse, "dentro de la legalidad vigente", mediante un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio, así como por la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema. La “prioridad nacional”, tal como la ha intentado vender Vox en elecciones, no es posible, y así lo han entendido los andaluces con un crecimiento de tan sólo un escaño, lejos de los 19/20 que se pretendía conseguir con un eslogan falso: “los españoles, primero”, legalmente es imposible. El PP, no debe tener miedo a explicarlo, el problema son otras cuestiones relacionadas con la inmigración cuando ya no se ha solucionado el problema en el país de origen y es ahí donde la vía andaluza puede tener serios problemas.Será la aplicación práctica del criterio del arraigo la que permita valorar el verdadero alcance del acuerdo, en el que se recoge también la adaptación de la legislación nacional al nuevo Reglamento de Retorno de la UE, en el que se endurecen las políticas migratorias. Y será, precisamente, en este asunto donde la vía andaluza tendrá que demostrar que el diálogo, el acuerdo y la moderación siguen siendo las mejores herramientas para gestionar las diferencias sobre un asunto que afecta a personas vulnerables.¿Prioridad andaluza?No deja de ser una paradoja que el partido que inició su trayectoria institucional precisamente en el Parlamento de Andalucía sea también uno de los más críticos con el actual modelo autonómico. Andalucía fue el punto de partida de Vox, pero nunca su destino político. Su prioridad siempre ha sido el Gobierno de España. Y no siempre coincidirán las prioridades de un Gobierno andaluz con la estrategia nacional de uno de sus socios.Durante las entrevistas de campaña, Moreno fijó tres compromisos que presentó como irrenunciables: la igualdad entre hombres y mujeres, la protección de los más vulnerables y el mantenimiento del apoyo a las ONG y al tercer sector. Esos serán algunos de los mejores indicadores para comprobar si la identidad política del presidente permanece intacta.Hay, además, un aspecto de comunicación política que puede considerarse un error de cara a quienes le han dado su confianza en las urnas. Tras alcanzarse el acuerdo, Moreno reconoció que no era el escenario que habría preferido —hasta ahí, un mensaje correcto—; el problema es llegar a afirmar que "no estoy contento".Es comprensible que toda negociación implique cesiones. Pero, una vez firmado un pacto de gobierno, deja de ser una concesión para convertirse en el proyecto político del Ejecutivo. Y un presidente debe defender con convicción aquello que ha decidido encabezar, porque eso es lo que esperan sus votantes. De lo contrario, puede generar desconfianza y sensación de debilidad.Las elecciones decidieron quién gobernaría Andalucía. La tercera legislatura decidirá algo no menos importante: si Juanma Moreno es capaz de preservar la vía andaluza y su propia marca personal con un socio cuya prioridad política trasciende Andalucía y mira al Gobierno de España. El verdadero reto no será únicamente mantener la estabilidad del Ejecutivo, sino lograr que la prioridad andaluza del Gobierno de Moreno conviva con una estrategia nacional marcada desde Madrid con el único objetivo de entrar en el Gobierno de la nación. Ahí se pondrán a prueba el diálogo, la moderación y las líneas rojas que el propio presidente ha fijado como irrenunciables. Solo el tiempo tiene la respuesta.