Foto: tomada de prosperidadsocial.gov.coRecientemente, el Gobierno Nacional, por medio de Planeación Nacional, informó que aplazó la entrada en operación del Registro Universal de Ingresos (RUI), el nuevo mecanismo con el que busca fortalecer la focalización de subsidios, transferencias y programas sociales mediante una clasificación basada en los ingresos reales de los hogares y no únicamente en las condiciones socioeconómicas que actualmente mide el Sisbén.El RUI se construye a partir del Registro Social de Hogares, plataforma que integra la información del Sisbén con registros administrativos provenientes de distintas entidades del Estado, entre ellas la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y otras bases de datos oficiales. El propósito es consolidar información actualizada que permita conocer con mayor precisión la situación económica de las familias colombianas.Aunque inicialmente estaba previsto que el sistema comenzara a operar en el mes de julio, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió ampliar el período de transición con el fin de culminar los ajustes técnicos necesarios para su implementación.Según el decreto expedido por el Ejecutivo, el Registro Universal de Ingresos entrará en funcionamiento el 1 de agosto de 2026.De igual forma, las personas que ya se encuentren clasificadas en el Sisbén antes del 31 de julio de 2026 continuarán dentro de un proceso de transición que se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026, con el objetivo de garantizar una migración gradual hacia el nuevo modelo de clasificación.En medio del debate que ha generado esta medida, especialmente por las dudas sobre el futuro de los subsidios y la incertidumbre por los servicios públicos, Valora Analitik consultó a Luis Fernando Mejía, exdirector general del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien explicó las principales diferencias entre el RUI y el Sisbén IV, los desafíos que enfrentará el nuevo sistema y los posibles cambios que podrían presentarse en los próximos años.Imagen: Prosperidad Social ¿Qué diferencia al RUI del Sisbén IV en la forma de identificar a los hogares que requieren subsidios o transferencias del Estado?Para Luis Fernando Mejía, la principal diferencia entre ambos instrumentos radica en la metodología utilizada para clasificar a la población.«La diferencia principal es el enfoque. El Sisbén IV clasifica a los hogares principalmente a partir de una encuesta que recoge sus condiciones de vida y estima su capacidad socioeconómica. El Registro Universal de Ingresos busca ordenar a toda la población según el ingreso per cápita del hogar, utilizando de manera prioritaria registros administrativos y actualizaciones más frecuentes», explicó.El exdirector del DNP señaló que el nuevo modelo permitirá realizar cruces de información provenientes de distintas entidades oficiales, incluyendo registros de seguridad social, retenciones en la fuente, declaraciones tributarias y otras bases de datos del Estado.Cuando dichos registros no estén disponibles, el sistema acudirá a información socioeconómica complementaria y, como última alternativa, a la autodeclaración de los integrantes del hogar.«La intención es pasar de una fotografía que puede quedar desactualizada a un sistema mucho más dinámico y cercano a la realidad económica de las familias», indicó.No obstante, aclaró que el RUI no entrega ni retira subsidios de manera automática.«El RUI es un instrumento de clasificación y focalización. Cada entidad continuará definiendo los requisitos de ingreso, permanencia y salida de los programas sociales que administra», puntualizó.Uno de los mayores interrogantes frente al nuevo modelo está relacionado con la identificación de los ingresos de millones de colombianos que trabajan en la informalidad o cuyos recursos no quedan registrados en los sistemas tributarios.Sobre este punto, Mejía aseguró que se trata del principal desafío para el éxito del Registro Universal de Ingresos.«Colombia tiene una elevada informalidad laboral y una parte importante de los ingresos de los hogares no aparece de manera completa en las bases tributarias o de seguridad social», afirmó.Explicó que la reglamentación establece un orden específico para determinar los ingresos de cada hogar.En primera instancia se utilizarán los datos observados en registros administrativos, como cotizaciones a seguridad social, retenciones en la fuente o declaraciones de renta.Cuando esa información no exista, se estimará la capacidad de generación de ingresos mediante modelos estadísticos construidos con otras variables socioeconómicas y con información proveniente de encuestas oficiales, como la Gran Encuesta Integrada de Hogares.Finalmente, cuando tampoco sea posible obtener datos suficientes, se acudirá a la autodeclaración de ingresos de los integrantes del hogar, la cual deberá actualizarse al menos una vez por año y podrá ser objeto de verificación posterior.«La dificultad está en que los ingresos informales suelen ser variables, estacionales y difíciles de comprobar. El sistema debe evitar dos errores: excluir a hogares vulnerables porque en un mes registraron un ingreso extraordinario o entregar subsidios a personas cuya verdadera capacidad económica no aparece reflejada en los registros oficiales», explicó.En ese sentido, sostuvo que será indispensable contar con mecanismos ágiles de actualización, rectificación y reclamación para evitar afectaciones a los beneficiarios.El Registro de Ingresos en Colombia. Imagen: @ProsperidadCol, en Twitter.¿El RUI reemplazará los estratos para definir subsidios y contribuciones de los servicios públicos domiciliarios?Otra de las preguntas que más inquietudes ha generado es si el Registro Universal de Ingresos sustituirá el sistema de estratificación socioeconómica utilizado actualmente para asignar subsidios y contribuciones en servicios públicos.Frente a este tema, Mejía señaló que el RUI fue concebido para convertirse progresivamente en el principal instrumento de focalización de la política social del Estado.«Eso abre la posibilidad de que, en el futuro, los subsidios de servicios públicos se asignen con base en las condiciones económicas del hogar y no exclusivamente según el estrato del inmueble», manifestó.Sin embargo, enfatizó que esto no significa que los estratos desaparezcan de forma inmediata.«No debe afirmarse que los estratos ya hayan desaparecido ni que el RUI los sustituya automáticamente en las facturas de servicios públicos. Para ello se requieren decisiones regulatorias, sectoriales y, en algunos casos, modificaciones legales, además de una transición cuidadosamente diseñada», explicó.Añadió que el Registro Universal de Ingresos únicamente suministra la información necesaria para mejorar la focalización, mientras que la metodología específica para otorgar subsidios y definir contribuciones deberá ser establecida por las autoridades competentes en cada sector.Foto: tomada de prosperidadsocial.gov.co¿Las tarifas de agua, energía, gas o aseo se cobrarán según los ingresos reales de cada hogar?De acuerdo con el exdirector del DNP, actualmente no existe una decisión que establezca que las tarifas de los servicios públicos serán calculadas directamente según los ingresos de cada familia.«La discusión apunta principalmente a que los subsidios y las contribuciones reflejen mejor la capacidad económica de los hogares, no necesariamente a que el costo básico del servicio sea diferente para cada familia», explicó.Mejía recordó que la tarifa corresponde al costo de prestar el servicio, mientras que el Estado puede subsidiar una parte de ese valor o cobrar contribuciones a quienes tienen mayor capacidad económica para financiar dichos subsidios.En consecuencia, el eventual cambio estaría orientado a mejorar la distribución de esos beneficios.«Lo deseable sería que los subsidios y las contribuciones se asignen de acuerdo con la capacidad de pago de los hogares y no únicamente según las características físicas o la ubicación del inmueble», afirmó.No obstante, insistió en que todavía será necesario definir los criterios de aplicación, los umbrales de clasificación y las medidas que permitan evitar cambios abruptos en las facturas de los usuarios.Asimismo, indicó que el propio diseño del RUI contempla que las entidades responsables realicen estudios de impacto, establezcan períodos de transición y desarrollen procesos de pedagogía antes de modificar cualquier esquema de focalización.Contratación pública-popular. Imagen: Prosperidad Social¿Qué cambios concretos habrá en la asignación de subsidios para servicios públicos?Aunque por ahora no se implementará un esquema de cobro basado directamente en los ingresos reales de cada hogar, Mejía considera que el principal efecto del RUI será mejorar la focalización de los recursos públicos.«Hoy el estrato constituye una aproximación imperfecta a la capacidad de pago. Existen hogares de bajos ingresos que viven en viviendas de estratos medios y personas con ingresos altos que reciben subsidios porque habitan inmuebles clasificados en estratos bajos», señaló.Según explicó, el Registro Universal de Ingresos permitirá identificar con mayor precisión cuáles hogares requieren realmente apoyo estatal, reducir las filtraciones hacia personas que no cumplen las condiciones de vulnerabilidad y dirigir esos recursos hacia quienes sí los necesitan.Además, facilitará la actualización permanente de la situación económica de los beneficiarios cuando cambien sus ingresos, evitando que un subsidio permanezca asociado indefinidamente a un inmueble y no a la realidad económica de sus ocupantes.Sin embargo, advirtió que la implementación deberá realizarse de manera gradual.«Retirar súbitamente un subsidio por un error de información o por un ingreso ocasional puede afectar gravemente a un hogar. Deben existir períodos de transición, notificación previa y canales sencillos para consultar, corregir y controvertir la clasificación», afirmó.Finalmente, Luis Fernando Mejía consideró que el Registro Universal de Ingresos representa una reforma importante para la modernización de la política social colombiana, aunque su éxito dependerá de la calidad de la información disponible y de la capacidad institucional para administrarla correctamente.«El RUI es una reforma positiva y necesaria. Colombia necesita pasar de una política social basada en bases fragmentadas y encuestas que pueden quedar desactualizadas a un sistema integrado, dinámico y con información de toda la población», concluyó.Entre las principales ventajas mencionó una mejor focalización de subsidios, la reducción de errores de inclusión y exclusión, una mayor transparencia en la asignación de recursos públicos y la posibilidad de actualizar con mayor frecuencia la situación económica de los hogares sin depender exclusivamente de nuevas encuestas.También recordó que los cruces administrativos realizados durante la fase de preparación permitieron actualizar la información de más de 4,2 millones de personas, generando modificaciones en la clasificación de cerca del 30 % de los hogares analizados, cifras que, según explicó, evidencian tanto el potencial del nuevo sistema como los retos que implicará su implementación.A juicio del exdirector del DNP, una focalización más precisa también podría traducirse en un uso más eficiente de los recursos públicos, retirando subsidios a quienes ya no los requieren y ampliando la cobertura para las familias que realmente enfrentan condiciones de vulnerabilidad, sin que ello implique necesariamente un incremento del gasto estatal.No obstante, advirtió que el desempeño del RUI dependerá de la confiabilidad de la información que alimente la plataforma.«El RUI no será mejor que los datos con los que se construya», señaló.Entre los principales riesgos mencionó la utilización de registros incompletos o desactualizados, las dificultades para estimar correctamente los ingresos de trabajadores informales, la necesidad de garantizar la protección de los datos personales y la importancia de contar con mecanismos efectivos para atender reclamaciones de los ciudadanos.Por ello, concluyó que el éxito del Registro Universal de Ingresos dependerá de cinco factores fundamentales: bases de datos interoperables y confiables, actualizaciones permanentes, protección estricta de la información personal, procedimientos sencillos para corregir errores y una transición gradual que impida que fallas administrativas terminen afectando a los hogares más vulnerables del país.