La SRE sostuvo que la publicación de nombres y acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios podía afectar las detenciones solicitadas con fines de extradición y vulnerar el debido proceso; además, elaboró un argumentario para que las embajadas mexicanas defendieran la actuación de las autoridades nacionales y la soberanía del país.