Hay debates que España solo ha sabido resolver sacándolos de la refriega diaria y elevándolos a la categoría de asunto de Estado. Lo hicimos con las pensiones, cuando entendimos que jugarse la protección de millones de personas en cada ciclo electoral no era propio de un país serio. Aquel consenso, plasmado en el Pacto de Toledo, demostró que nuestro sistema político es capaz de acordar cuando lo que está en juego es la protección de las personas. Ha llegado el momento de hacer lo mismo con el absentismo laboral. Cada día, más de 1,2 millones de personas trabajadoras están de baja en España; cada una ejerce un derecho protegido por la Seguridad Social y atraviesa un momento difícil de salud que merece cuidado y acompañamiento. Detrás de cada expediente hay una familia, un equipo que se reorganiza y una empresa que ajusta su actividad para sostener el día a día. Pocas cuestiones tocan tan directamente la vida de tanta gente, y pocas se están tratando con tan poca altura. Lo ocurrido estos días lo ilustra bien. Los máximos responsables políticos del país han cruzado reproches que reducen el fenómeno a metáfora clínica, hiriente para quienes de verdad conviven con la enfermedad, o a consigna de bandos. El asunto se cuela además en el discurso de organizaciones empresariales y sindicales inmersas en procesos electorales internos, donde endurecer el discurso o dinamitar puentes rinde réditos. Cada organización tiene derecho a defender sus intereses y cada dirigente a concurrir a sus procesos; hacer campaña con la salud de las personas es otra cosa. El resultado es un debate que genera más ruido que luz y que aleja las soluciones precisamente cuando más falta hacen. Las relaciones laborales son, antes que nada, relaciones humanas, y un país serio las trata con la seriedad y la sensibilidad que exigen, lejos de la lógica del titular semanal. La seriedad empieza por el rigor. Seguimos sin consenso sobre qué debe entenderse por absentismo, y por eso las cifras de unas y otras fuentes rara vez coinciden; los permisos de conciliación, por ejemplo, son derechos, y figuran en las estadísticas solo porque las empresas necesitan planificar. Mientras cada actor maneje su propia definición, cualquier diagnóstico compartido resultará imposible y el debate seguirá construyéndose sobre arena. Con esa voluntad hemos publicado desde el Consejo General de Graduados Sociales, a través de nuestra Fundación Justicia Social, el informe 'Absentismo en España: un desequilibrio entre derechos laborales y productividad', que aborda la pregunta clave: por qué enfermamos más y más tiempo, y cómo prevenirlo. El documento parte de los datos oficiales disponibles y los analiza sin apriorismos, con vocación de servir de base común a todas las partes. Con la misma vocación que un graduado social, la del servicio público. La tasa equivalente alcanzó el 5,51 por ciento en 2025 y los procesos activos de incapacidad temporal ya superan los 1,24 millones. La OCDE nos sitúa como el tercer país de la UE en ausencias; el dato refleja sistemas demográficos, sanitarios y normativos distintos, y muy poco del compromiso de quienes trabajan. Las causas se refuerzan entre sí. La de mayor peso es demográfica: entre 2019 y 2025 la afiliación de personas de 50 a 64 años creció en 1,5 millones; trabajamos más años, un logro social que pide adaptar los puestos con ergonomía y envejecimiento activo. La experiencia acumulada de estos profesionales constituye un activo que las organizaciones deben preservar cuidando su salud. Pesa la saturación de la atención primaria, con esperas medias de 17,5 días que alargan procesos en perjuicio de la persona enferma; un problema del sistema, nunca un reproche a unos profesionales que trabajan bajo enorme presión. Y pesa el cambio en las patologías: el 45,5 por ciento de las bajas responde a causas osteomusculares y el 20,3 a trastornos de salud mental, una realidad vinculada a los ritmos de trabajo y al desgaste profesional que reclama prevención y apoyo, jamás sospecha. El impacto alcanza a quien enferma, a quienes asumen la sobrecarga, a un sistema público cuyo gasto en incapacidad temporal llegó a 17.000 millones de euros en 2025, según la Airef, y a las empresas con otros 17.000 millones de euros, especialmente preocupante para las pymes, donde dos bajas simultáneas pueden comprometer la actividad. En un tejido productivo como el español, donde la inmensa mayoría de las empresas cuenta con plantillas reducidas, esa vulnerabilidad merece una atención específica. Aquí está el corazón de mi tesis. Tratar el absentismo como asunto de Estado exige contundencia, porque así actúa un país serio ante un problema estructural que crece. Conviene entender la palabra: la contundencia no va contra los derechos de nadie ni pasa por recortar prestaciones, que en el informe descartamos expresamente. Contundencia es implicarse con todas las consecuencias, y con presupuesto, en la salud de las personas que trabajan: reforzar la atención primaria y la salud mental en el sistema público, invertir en prevención psicosocial y ergonómica en las empresas, coordinar de una vez INSS, servicios de salud, mutuas y prevención empresarial, y acompañar reincorporaciones progresivas, voluntarias y con garantías médicas tras bajas de larga duración, como en los modelos escandinavos y alemán. Esos países han demostrado que la inversión sostenida en salud laboral acorta la duración de las bajas y mejora la productividad a medio plazo. Cuidar la salud de quienes trabajan cuesta dinero; no cuidarla cuesta mucho más, en sufrimiento y en euros. Propongo por ello un marco estable de diálogo entre Gobierno, comunidades autónomas, agentes sociales y profesionales del ámbito sociolaboral, con dos encargos: homogeneizar la medición del fenómeno y dar continuidad a las políticas por encima de los ciclos electorales. Si quienes deben gestionar un problema que crece lo siguen usando como arma, acabará superando al propio Estado. Los graduados sociales acompañamos cada día a pymes y personas trabajadoras; desde esa proximidad ofrecemos nuestro rigor para un acuerdo pendiente. Conocemos de primera mano las dificultades de todas las partes y sabemos que existe margen para el entendimiento cuando se trabaja con datos y buena fe. Los países serios protegen a la vez la salud de quienes trabajan, la viabilidad de quienes emplean y el sistema público que ampara a todos. España sabe hacerlo; lo ha hecho otras veces.