Andalucía no necesita convertir el acceso a una casa en una guerra de identidades, sino afrontar lo evidente: salarios bajos, alquileres imposibles, suelo convertido en mercancía y una juventud expulsada de su propia tierra.Andalucía tiene un problema con la vivienda. No ha nacido esta semana y no se resolverá con una consigna bien colocada en un acuerdo de gobierno. El problema es más áspero, más hondo y menos cómodo: demasiada gente no puede vivir donde ha nacido, donde trabaja o donde quiere criar a sus hijos. Y cuando una tierra empieza a expulsar a los suyos, conviene dejar de mirar las banderas y empezar a mirar las nóminas.El nuevo Gobierno andaluz ha decidido crear una Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio. Vivienda, juventud y territorio son tres nombres distintos para una misma herida. Porque el joven andaluz tiene un problema de país. Un país donde el alquiler sube más deprisa que los salarios, donde comprar una casa se ha convertido en una carrera de obstáculos, donde el suelo se mira antes como activo que como lugar para vivir.El acuerdo entre PP y Vox habla de vivienda protegida, de colaboración público-privada, de fondos buitre, de compradores extranjeros y de prioridad nacional. Palabras que suenan a truco viejo con envoltorio nuevo. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién puede pagar una casa en Andalucía? No quién merece más puntos en una lista. No quién lleva más años empadronado. La pregunta es más simple y más brutal: con los sueldos que hay, con los contratos que hay, con los precios que hay, ¿quién puede quedarse?El arraigo se construye con vivienda asequible, empleo digno, transporte público, servicios cercanos, escuelas abiertas, barrios vivos y pueblos donde no haya que elegir entre sobrevivir o marcharse. Lo demás puede servir para un mitin, pero no sirve para pagar una entrada, una hipoteca o tres meses de fianza.La especulación inmobilaria, en el focoHay que decirlo claro: es necesario poner el foco sobre la especulación inmobiliaria. Claro que lo es. Andalucía no puede convertirse en un tablero donde fondos, sociedades y grandes tenedores compren suelo, vivienda y futuro como quien compra trigo en una lonja. Hay barrios de nuestras ciudades que ya no se parecen a sí mismos. Hay pueblos que empiezan a ser más escaparate que comunidad. Hay zonas costeras donde la vivienda se ha desligado por completo de la vida cotidiana de sus vecinos. Y hay capitales andaluzas donde un trabajador puede tener empleo y, aun así, no tener casa.Pero señalar a los fondos buitre no basta si después se deja intacta la lógica que los alimenta. Tampoco basta con prometer vivienda protegida si esa vivienda acaba dependiendo casi por completo de la rentabilidad privada, de la disponibilidad de suelo y de una burocracia que siempre parece correr más despacio que el mercado. La vivienda no puede ser tratada como una mercancía cualquiera. No lo es. Una casa no es solo un techo. Es la posibilidad de quedarse en el barrio, de cuidar a los padres, de formar una familia si se quiere, de no vivir eternamente de prestado, de no convertir la vida adulta en una prórroga interminable. Cuando la vivienda falla, falla todo: la salud, el trabajo, la natalidad, la convivencia, la dignidad y hasta la democracia, porque nadie participa de verdad en una comunidad de la que se siente expulsado.Andalucía no necesita convertir la vivienda en una cola donde unos pobres miran con recelo a otros pobres. Necesita preguntarse por qué hay tanta vivienda vacía, por qué tantos alquileres se han vuelto imposibles, por qué el turismo se come barrios enteros, por qué la juventud sigue marchándose, por qué el campo pierde población mientras el suelo rural se compra como refugio especulativo, por qué las administraciones han permitido durante décadas que el derecho a vivir quede subordinado al derecho a rentabilizar.La prioridad real no debería ser nacional, sino socialDefender Andalucía es impedir que un camarero de Cádiz, una auxiliar de Jaén, una maestra interina de Granada o un joven mecánico de Dos Hermanas tengan que irse porque su salario vale menos que el alquiler de su propia tierra. Defender Andalucía no es solo invocar a los andaluces. Es garantizar que puedan vivir aquí.La prioridad real no debería ser nacional, sino social. Prioridad para quien trabaja y no llega. Para quien cuida. Para quien lleva años atrapado en una habitación alquilada. Para quien ha tenido que volver a casa de sus padres con treinta y tantos. Para quien mira escaparates de inmobiliarias como quien mira un idioma extranjero. Para quien sabe que tener contrato ya no significa tener futuro.Andalucía no está vacía por casualidad. Andalucía no pierde jóvenes por falta de amor propio. Andalucía no se empobrece porque su gente no se esfuerce. Andalucía se rompe cuando se acepta que el mercado ordene la vida y que la política llegue después, tarde, cansada y con un eslogan bajo el brazo.Si el nuevo Gobierno quiere tomarse en serio la vivienda, tendrá que hacer más que anunciar cifras y endurecer requisitos. Tendrá que aumentar parque público, movilizar vivienda vacía, proteger el alquiler residencial frente al uso puramente turístico, rehabilitar barrios, ordenar el suelo con criterio social y tratar la emancipación juvenil como una emergencia democrática. Tendrá que elegir entre una Andalucía habitable y una Andalucía rentable. Las dos cosas no siempre caminan juntas.Una tierra no se defiende solo con banderas en los balcones ni con discursos sobre el arraigo. Se defiende haciendo posible que sus hijos no tengan que marcharse para vivir. Porque la vivienda, al final, no entiende de banderas.