La imputación de Juan Manuel Serrano en el caso de las 'cloacas' del PSOE, dictada ayer por Santiago Pedraz, es la consecuencia lógica y directa de la documentación aportada a la Audiencia Nacional por los agentes de la UCO, cuyo exhaustivo informe había puesto de manifiesto la estrecha relación de quien fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez –luego promocionado como presidente de Correos– con la trama de Santos Cerdán y Leire Díez, a la que el instructor se refiere en su auto como «organización criminal». Como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, Pedraz autoriza a la Unidad Central Operativa para que proceda al acceso, volcado y análisis del teléfono móvil de Serrano, uno de los más estrechos colaboradores del presidente del Gobierno y, también, uno de los más favorecidos tras la llegada de este a la Moncloa. Premiado con la presidencia de una de las mayores sociedades públicas del Estado, donde presuntamente enchufó a Leire Díez y desde donde canalizó pagos a la trama de Ferraz, Serrano abandonó Correos a finales de 2023. Que dejara en las cuentas de la compañía pública un agujero de alrededor de 1.500 millones de euros no le impidió pasar a dirigir la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, organismo que al poco tiempo abandonó para incorporarse a una empresa privada en la que, según informa hoy ABC, no detuvo su singular actividad financiera. Arcamo Controls, dedicada al desarrollo del denominado 'hidrógeno verde' , nunca había recurrido al filón de las ayudas y los préstamos públicos hasta la llegada de Juanma Serrano, que a los dos meses de incorporarse a la compañía, en mayo del año pasado, ya comenzó a beneficiarse de los programas de fomento y crédito lanzados por Red.es –sociedad ya investigada por las adjudicaciones a Juan Carlos Barrabés–, por un organismo de la Generalitat catalana o por el Ministerio de Industria, hasta sumar en apenas un año casi un millón de euros. De la mano de su abogado, y a la espera de los nuevos informes de la UCO, Serrano tendrá que dar en la Audiencia Nacional explicaciones sobre su desempeño al frente de Correos y sobre su papel en la organización delictiva que dirigían Cerdán y Díez en la trastienda de Ferraz, pero son los organismos públicos que favorecieron a su empresa, y en tiempo récord, los que están llamados a detallar los cauces administrativos por los que fluyeron las ayudas que de un día para otro comenzó a recibir Arcamo Controls. Dos ministerios distintos y un ente de la Generalitat de Salvador Illa, el Instituto Catalán de Finanzas, figuran como benefactores de la compañía a la que se incorporó Juanma Serrano tras su paso por el sector público, una dispersión administrativa que en el mejor de los casos pondría de manifiesto el alto grado de conocimiento que el protegido de Pedro Sánchez tenía del mundo de las ayudas públicas, pero que apunta al diseño previo de una estrategia de financiación. Son los tribunales los que, a golpe de informe de la UCO y de imputación, tratan de determinar la magnitud y la extensión de la cloaca en la que a través de influencias y transferencias operaban Cerdán, Díez y Serrano.