Martes, 13 de octubre de 2020. En plena segunda ola de coronavirus, el teléfono móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ve comprometido. El dispositivo ha sido infectado con Pegasus, software espía de la compañía israelí NSO Group. Se trata de una potente herramienta que permite entrar en un smartphone ajeno con total sigilo, otorgando acceso a la información en él contenida y permitiendo la activación en remoto del micrófono, la grabación de llamadas, el acceso al posicionamiento GPS o la captación de las páginas que están siendo visitadas. A esta infección le siguieron otras cuatro durante 2021, en plena tensión diplomática con Marruecos. Ataques que también se dirigieron hacia los dispositivos de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura. Y que se saldaron con la exfiltración de más de 8 gigabytes de datos.Seis años después de aquel primer pinchazo con Pegasus aún no existe verdad judicial sobre lo ocurrido. Hay muchas sospechas. E investigaciones periodísticas, como la que en España ha liderado el diario El Confidencial, que apuntan directamente a Rabat. Pero no existe una sentencia que lo confirme. Básicamente, porque la investigación que se abrió en la Audiencia Nacional sobre este espionaje a miembros del Gobierno nunca llegó a buen puerto. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº4, José Luis Calama, se ha visto obligado a guardarla en un cajón hasta en dos ocasiones por no poder avanzar en la misma. La falta de colaboración de Israel la mantiene en un callejón sin salida.Las pesquisas arrancaron tras una denuncia presentada por la Abogacía del Estado. A partir de ellas se ha conocido que la mayoría de infecciones detectadas por el Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se produjeron tras la decisión de España de permitir que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, fuera tratado en un hospital de Logroño de un cuadro grave de covid-19. También que la mayor exfiltración se produjo en el móvil del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska: 6,3 gigabytes. O que la detectada en el teléfono del titular de Agricultura, Luis Planas, pudo haber sido una infección fallida por el ínfimo volumen de datos extraídos o por la existencia en el dispositivo de una aplicación "vacuna", en referencia a un mecanismo de protección contra el spyware.Lo que no ha podido saberse es qué se ha descargado de los móviles. "El código dañino no deja registros de actividad en el sistema más allá de la cantidad de datos extraída y enviada a sus servidores de mando y control. Es, por tanto, técnicamente imposible afirmar nada sobre la naturaleza de la información a la que hayan podido tener acceso los atacantes", resalta el magistrado instructor en sus resoluciones. Tampoco se han conseguido, en opinión del instructor, suficientes indicios como para vincular a nadie con los ataques. "El uso de software de tipo spyware comercial hace prácticamente imposible la atribución e identificación del actor de la amenaza causante del ataque por medios técnicos", se recoge en uno de los autos.Se sabe, no obstante, que alguna de las infecciones que afectaron a Grande-Marlaska o a la titular de Defensa, Margarita Robles, se hicieron utilizando el correo linakeller2203@gmail.com. Infraestructura y dirección que coinciden con las empleadas en ataques investigados en Francia. Dicha cuenta de email ha aflorado, por ejemplo, en los hackeos al periodista marroquí exiliado Hicham Mansouri, a la activista prosaharaui Claude Mangin o al diplomático saharaui Oubi Bachir. Pese a ello, los expertos del CNI concluyeron que era "imposible precisar relación alguna o vinculación de las infiltraciones a los teléfonos móviles objeto de la investigación judicial en Francia con la de los dispositivos móviles objeto de investigación en la presente causa".Las pesquisas en el país galo, de hecho, permitieron al magistrado reabrir la causa tras un primer sobreseimiento. Al fin y al cabo, le daban un nuevo hilo del que tirar. Pero de poco sirvió. Año y medio después tuvo que meter de nuevo la investigación en un cajón. Otra vez más se encontraba en un callejón sin salida. Sobre todo, por la negativa de Israel a colaborar. Calama remitió una comisión rogatoria para recibir testifical del CEO de NSO Group y para que la compañía respondiera a una decena de preguntas. Al magistrado le interesaba saber, entre otras cuestiones, quién podía comprar el software, si la empresa tiene control remoto del producto una vez vendido o si es capaz de identificar al autor de una infección concreta.El instructor recordó en varias ocasiones la existencia de esa comisión rogatoria. Pero contraviniendo el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, las autoridades israelíes nunca respondieron. De hecho, ni siquiera dieron acuse de recibo. "El Estado de Israel no presta a España un nivel de cooperación equivalente al recibido en supuestos sustancialmente análogos, al no dar respuesta a las múltiples solicitudes emitidas en esta causa sin fundamento jurídico alguno ni ofrecimiento de mecanismos alternativos de asistencia. Tal comportamiento rompe el equilibrio propio de la cooperación internacional y vulnera el principio de buena fe que debe regir las relaciones entre Estados", se quejó Calama en su último auto de archivo.El bloqueo israelí ha situado la causa en un punto de "impotencia investigadora", tal y como ha calificado el Tribunal Supremo en algunas sentencias. No hay elementos que permitan imputar a ninguna persona concreta. Ni hilos de los que seguir tirando. Una "coyuntura", resaltaba el instructor, que "impide avanzar", sin que se pueda atisbar "la práctica de otras diligencias" que puedan "coadyuvar a tal fin". Y que deja el procedimiento en "situación de latencia" hasta una "poco probable" respuesta del Estado de Israel o la aparición de "nuevas fuentes de prueba" que permitan retomar una investigación que, mientras tanto, seguirá sobreseída provisionalmente.