“Construir, construir y construir”. Así enunciaba en julio el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo (PP), la receta que manejan para atajar el problema de la vivienda en España e insistía en que regular el mercado y topar los precios resultaba perjudicial. “Yo quiero que España construya viviendas”, reiteraba esta semana el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de entrega de viviendas en Madrid.Rodrigo resumía con esas tres palabras la posición de los populares en España y añadía que el problema "solo se puede solventar" generando oferta de ese modo "para que bajen los precios”. Pero apenas un mes y medio después, la Comisión Europea presentó una Ley de Vivienda Asequible que va en una línea muy distinta: identificar zonas tensionadas, regular los alquileres turísticos y de corta duración, tratar de mantener los precios por debajo del mercado o gravar la vivienda vacía. A ella no se refirió Feijóo el martes, pese a que muchas de las herramientas que propone ya están disponibles en España y las comunidades del PP las rechazan alegando que recortarían la oferta de pisos.El órgano que preside la popular Úrsula von der Leyen publicó este mes de septiembre un marco legal destinado a dar cobertura a las regiones que quieran intervenir sobre la demanda, es decir, ir más allá de incentivar la construcción para tratar de poner coto sobre quién compra casas y a qué fin las dedica. Por ejemplo, propone dar un marco de cobertura legal a las zonas tensionadas para “ayudar a las autoridades competentes a identificar zonas sometidas a estrés habitacional” y respaldarlas si estas “deciden restringir el uso de la vivienda, por ejemplo para alquileres de corta duración o viviendas vacantes”, recoge el texto publicado por la Comisión.La disparidad de enfoques y el plan de los populares se hizo patente este martes, cuando el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, comparecían tras entregar una promoción de vivienda en la capital. Ambos hicieron referencia a cuestiones como rebajar la burocracia en el sector de la construcción o agilizar trámites, pero sin hacer referencia a las recomendaciones emitidas desde Bruselas. “Cuando un país convierte el acceso a la vivienda en imposible, no está fallando el mercado, está fallando la política”, señaló Feijóo.Un repaso por las comunidades gobernadas por el Partido Popular basta para ver la poca permeabilidad que ha tenido la etiqueta de “zona tensionada”, un mecanismo contemplado por la Ley de Vivienda española que permite establecer topes en los precios y que ahora aconseja Europa. Entre las comunidades del PP, solo Galicia la aplica en ciertos municipios y otras autonomías han denegado las peticiones de algunos ayuntamientos. En Madrid, uno de los mercados de vivienda más tensionados de España, la presidenta descartaba esa posibilidad con un “no estoy para tensionar nada” en 2024, cuando la norma echaba a andar. Actualmente, la posición no ha cambiado y el giro de Europa no parece haber provocado ninguna variación en su postura.El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastiá Sagreras, se mostró crítico con la posición de la Comisión y señaló esta semana que le “pone los pelos de punta que un mallorquín no pueda comprar una segunda residencia en otro municipio de Mallorca”. Estas declaraciones se referían a otro supuesto que contempla Bruselas y que tiene que ver con controlar los usos de las viviendas para evitar desequilibrios entre oferta y demanda. “En algunas ciudades y destinos turísticos populares, donde la presión sobre la vivienda es más fuerte, el creciente uso de la vivienda para fines distintos de la residencia principal puede agravar la disponibilidad local y la asequibilidad”, señala la Comisión, que, sin embargo, no propone vetar la compra, sino que deja en manos de las comunidades la forma de atajar este problema y se limita a proveer de un marco legal. Eso sí, pone de ejemplo a Madrid como uno de los lugares con más problemas en este sentido: "En el centro de Madrid, por cada 100 viviendas para alquiler de larga duración, hay 40 que son de corta duración", recoge una nota del organismo europeo.“En este momento es clave cribar la demanda, eso ha sido reconocido ya por muchos países y ahora por la Unión Europea”, señala a infoLibre Javier Gil, sociólogo experto en vivienda e investigador en el CSIC. Algo en lo que coinciden muchos expertos, aunque elevar la oferta construyendo más casas sea otra pata más —y no la única— dentro de las soluciones al problema. “Proteger la función residencial y social de la vivienda es lo más inmediato y significa regular los pisos turísticos, los alquileres de temporada, la vivienda vacía… porque todo esto extrae oferta del mercado”, concluye. Por ahora, la etiqueta de ‘zona tensionada’ se ha aplicado en algunos municipios del País Vasco, Cataluña, Galicia, Asturias o Navarra y las primeras estimaciones apuntan a que el crecimiento de precios se ha moderado. Concretamente, el Ministerio de Vivienda señala que en capitales de provincia como Pamplona, Vitoria, Girona, Barcelona, San Sebastián o Lleida, el incremento de precios se queda por debajo de la media nacional, que se situó en el segundo trimestre en el 12,5%. De las comunidades gobernadas por el PSOE, Castilla-La Mancha es la única que no declara ninguna zona tensionada. En la Declaración de Asturias, como se conoce el documento en el que los populares han plasmado sus líneas de trabajo y donde se dedica un apartado a la vivienda, no se recoge ninguna propuesta para regular el mercado y solo coincide con lo expuesto por la Comisión Europea en la necesidad de aumentar la oferta disponible y el parque público de vivienda. En cambio, los populares ponen el acento en rebajar la fiscalidad –algo que comparten con Junts– con medidas como deducciones en el IRPF, en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en Actos Jurídicos Documentados y en Sucesiones. Además, hacen extensivo esto a la construcción y contemplan una “revisión en profundidad de los impuestos que gravan el desarrollo de suelo y la edificación de vivienda”. Medidas antiocupación, licencias de obra exprés o menor burocracia, completan su propuesta.La receta de los populares y las recomendaciones de Europa se separan precisamente en el asunto más polémico que tiene la cuestión inmobiliaria: cómo garantizar que las casas que se construyen lleguen a los ciudadanos a precios razonables y no terminen en manos de inversores que sigan haciendo negocio con ellas. Para la derecha, construir mucho hará que la oferta aumente y el precio se corrija solo; para los partidarios de intervenir, resulta ingenuo pensar que el hambre inversora se vaya a saciar con tanta facilidad, por lo que proponen combinar más ladrillo con medidas de control del mercado. Gerardo Roger, arquitecto y urbanista, explica a infoLibre que si algo ha demostrado la crisis inmobiliaria de 2008 es que construir muchas casas no garantiza, por sí solo, un precio de vivienda asequible. “En la burbuja se edificaba a un ritmo que doblaba la demanda. Siguiendo esa lógica, las casas se deberían haber regalado, pero subieron de precio más que nunca”, explica. Insiste en que se necesita vivienda pública, aunque esa solución no remedie a corto plazo el problema de precios. De ahí que muchos analistas y partidos como Sumar o Podemos insistan en intervenir sobre la demanda, para cribar quién adquiere una vivienda y con qué fin. Una posición hacia la que parece haber movido ficha la Comisión Europea, con unas recomendaciones similares a las que ya contempla la Ley de Vivienda española y que se distancian de la visión de los populares.