Los investigadores del caso Montoro ya tienen en su poder buena parte de la información bancaria necesaria para poder seguir indagando en la supuesta trama en torno al despacho Equipo Económico –ahora Global Afteli– dedicada a conseguir reformas legislativas a medida a cambio de importantes pagos. En un escrito de finales de julio, al que ha tenido acceso infoLibre, los Mossos d'Esquadra informan al magistrado instructor, Rubén Rus, que los mandamientos judiciales dirigidos a varias entidades financieras para poder avanzar en las pesquisas "pueden considerarse sustancialmente cumplimentados". Unos bancos contra los que ha cargado con dureza la Fiscalía Anticorrupción en sus últimos escritos.La investigación arrancó en el verano de 2018. Y surgió a raíz del hallazgo casual en una causa por delito urbanístico de un correo electrónico en el que se ponía de manifiesto la existencia de "una organización", de la que formarían parte altos cargos del Gobierno y la Administración, desde la que se "habría ido creando una red de influencias" cuyo fin último sería la obtención de "lucro económico". "A cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes", recoge el juez instructor en sus resoluciones. Entre los investigados, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y varios de sus ex altos cargos.La Agencia Tributaria ha emitido diferentes informes. El último, a finales de enero. Dicho documento lo elaboró a petición del instructor, que quería que la unidad tributaria adscrita a la Fiscalía estudiase las cuentas bancarias que ya había analizado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En él se ponían de manifiesto, entre otras cosas, agujeros en la documentación disponible. Se alertaba de que, ocho años después del inicio de las pesquisas, no se disponía aún de información financiera sobre algunos de los investigados, entre ellos el exministro de Hacienda. La UCO no había incluido el nombre de Montoro en su petición de diligencias de investigación bancaria de mayo de 2022. Y, por ello, el magistrado no acordó finalmente en octubre de 2023 que se buceara en sus cuentas."La ausencia de tal información constituye una verdadera limitación al alcance y contenido del presente informe", advirtió la Agencia Tributaria. Por ello, y con el objetivo de cubrir esas lagunas detectadas, el instructor acordó a mediados de abril remitir nuevos mandamientos a una docena de entidades bancarias. Entre los datos reclamados, todos los movimientos de las distintas cuentas registrados en las últimas dos décadas, así como el detalle de la emisión de cheques. Aquel auto, además, autorizaba a los Mossos d'Esquadra para, una vez recibida la contestación, solicitar "directamente" a la entidad información adicional que considerasen necesaria para continuar con las pesquisas.La mayor parte de esos datos, que ahora deben ser analizados, ya están en manos de la unidad investigadora. Así se lo trasladó antes del parón veraniego el cuerpo policial catalán al magistrado instructor. "Todas las entidades requeridas han dado respuesta a los mandamientos judiciales, si bien la entidad ING no facilitó determinada información en formato Norma 43, motivo por el que se le ha dirigido un requerimiento complementario que se encuentra pendiente de contestación. En consecuencia, los mandamientos judiciales pueden considerarse sustancialmente cumplimentados, sin perjuicio de la información complementaria solicitada a la entidad ING", resaltan los Mossos d'Esquadra en un escrito fechado el 27 de julio.La investigación bancaria del caso Montoro nunca se ha caracterizado por su agilidad. Y las continuas quejas de la Fiscalía Anticorrupción dan cuenta de ello. En junio de 2024, medio año después de los primeros mandamientos cursados por el instructor a distintas entidades financieras, la fiscala del caso, Carmen García Cerdá, pedía que se ordenase a la UCO iniciar de forma "urgente" el análisis de una información que había ido recibiendo. Por aquel entonces, a la unidad solo le faltaban 18 de los 339 productos bancarios solicitados. Pero aquel informe aún tardó otros ocho meses en llegar a la mesa del titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona.En sus últimos escritos, Anticorrupción insiste en las trabas de los bancos a la investigación. "Los requerimientos de información no han sido atendidos en los términos interesados y han tenido que ser reiterados ya varias veces, lo que impide avanzar en el análisis de las cuentas bancarias de las personas físicas y jurídicas investigadas, así como en las de otras personas y sociedades relacionadas. Se da la circunstancia de que alguno de los bancos requeridos ha venido realizando pagos a la sociedad investigada Equipo Económico", lanzaba la fiscala en un reciente escrito de respuesta a un recurso de apelación interpuesto por Montoro y el bufete a la última prórroga de la instrucción dictada por el instructor.El hartazgo por los obstáculos bancarios con los que se han encontrado las pesquisas han llevado a Anticorrupción a pedir al magistrado que se tomen medidas. En un escrito fechado el pasado 29 de julio, al que ha tenido acceso este diario, la fiscala Carmen García Cerdá llegó a interesar que se pidiese a los servicios jurídicos de las entidades financieras la designación de un "responsable" de "atender" los mandamientos judiciales "bajo apercibimiento de desobediencia". Lo hizo después de comprobar que alguno de ellos seguía sin atender las peticiones judiciales "en los términos solicitados".