Los populares piden "a las autoridades marroquíes que asuman sus responsabilidades como socio clave de la Unión Europea" mientras que los socialistas culpan de la llegada de los inmigrantes a "actores internacionales hostiles junto con traficantes y redes criminales de contrabando" Vivas pide a la UE que se replantee la política de colaboración con Marruecos por “poner en sus manos la frontera” Ceuta se ha colocado en el centro del debate político en las instituciones europeas. El Partido Popular español ha trabajado a destajo para llevar la crisis migratoria en la ciudad española a las agendas que se discuten en la UE. La migración es un tema candente en Bruselas y los populares han encontrado una vía para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Esta semana hay un pleno en el Parlamento Europeo donde se está negociando una resolución sobre la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio en Ceuta, que se votará el jueves. El PP europeo ha incluido un punto en el que “considera que toda declaración que cuestione la soberanía española [de Ceuta] es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio”, mientras que los socialistas europeos recalcan que “su consternación ante la reacción inicial de algunos Estados miembros, que equivalía a culpar a España y al Gobierno español de la llegada sin precedentes de un número tan elevado de personas a Ceuta”. Respecto a Marruecos, la resolución de los socialistas europeos ensalza la colaboración con Marruecos, mediante “los mecanismos de cooperación existentes” entre ambos países que “permitieron el rápido retorno de la gran mayoría de las personas que habían cruzado la frontera” de forma irregular“ y recuerda ”la importancia de mantener asociaciones sólidas, constructivas y mutuamente beneficiosas con terceros países“. Durante los días posteriores a la crisis migratoria varios dirigentes del Gobierno marroquí pusieron en duda la españolidad de Ceuta y Melilla y exigieron su “devolución” a Marruecos. El eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, ha declarado que “es muy difícil que se pueda aspirar a una relación comercial o política normalizada con Marruecos cuando ni los cadáveres de los que se ahogaron han sido autorizados a ser retornados para ser enterrados”. Sin embargo, la resolución del PPE no pide explícitamente que la Unión Europea se replantee la relación de amistad con marruecos “si no se respetan las fronteras”, como solicitó el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una comparecencia que organizó el Comité de Libertades Civiles de la Eurocámara. El punto 14 de la resolución de los populares europeos añade la petición“a las autoridades marroquíes que asuman sus responsabilidades como socio clave de la Unión Europea y que cumplan sus compromisos en materia de gestión de fronteras, retorno y cooperación migratoria; subraya que dicha asociación debe basarse en el respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros de la Unión, como principio fundamental del Derecho internacional y condición innegociable”. Desde la Comisión Europea, que preside Ursula Von der Leyen, del PPE, se ha tenido mucho cuidado de acusar a Marruecos de cualquier iniciativa relacionada con la entrada de 80.000 inmigrantes en Ceuta. Marruecos es un socio para la UE y en Bruselas no se quiere enfadar a un país con el que se pretenden mantener las mejores relaciones. Nadie duda de que fue “guerra híbrida” Mientras que los populares condenan “la instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”, los socialistas europeos han recogido la versión del Gobierno español y apuntan a que “los acontecimientos registrados en Ceuta constituyeron un ataque híbrido contra la integridad territorial de Europa, perpetrado por actores internacionales hostiles, junto con traficantes y redes criminales de contrabando, que convencieron a personas para que se desplazaran a Ceuta con la esperanza de dividir a Europa”. La líder de los socialistas europeos en la Eurocámara, Iratxe García, ha culpado al Partido Popular español de obligar al presidente del PP Europeo, Manfred Weber, de lanzar un mensaje la red social X contra el Gobierno español por la entrada de masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio que provocó la falta de solidaridad de buena parte de los Estados miembros de la UE. Esta semana se está celebrando un pleno en el Parlamento Europeo en el que se está negociando entre los grupos políticos una resolución sobre la crisis migratoria de Ceuta. “Al minuto de ocurrir esta entrada masiva a Ceuta, el PP español mandó a Weber escribir un post en X contra el Gobierno de España, ahí se abrió la veda”, ha apuntado García, que ha añadido que “Ceuta es España y Ceuta es Europa. Lo que ha ocurrido en Ceuta es una cuestión europea. Los socialistas europeos sentimos que un ataque al Gobierno de España es un ataque a los valores fundamentales de nuestra familia política”. “Cuando atacaron a Italia, Polonia o Rumanía [en referencia a las crisis migratorias que sufrieron], la primera reacción fue estar al lado del país europeo. El PP tiene que decidir si quiere acordar con una resolución con la extrema derecha o asumir su responsabilidad europea y ayudar a España en esta crisis”, ha apuntado la líder de los socialistas. De hecho, en la resolución de los socialistas europeos se “expresa la consternación ante la reacción inicial de algunos Estados miembros, que equivalía a culpar a España y al Gobierno español de la llegada sin precedentes de un número tan elevado de personas a Ceuta”. Posteriormente se alaba que varios países expresaron su solidaridad con la situación que estaba sufriendo España. Además, los socialistas recriminan específicamente al gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni su posición con España: “Critica la decisión de Italia de introducir de forma inmediata, a partir del 1 de agosto y a raíz de los acontecimientos en Ceuta, controles en su frontera interior con España, pese a que las personas llegadas de forma irregular no podían continuar su viaje hacia España ni hacia otro Estado del espacio Schengen; considera que dicha decisión no era ni necesaria ni proporcionada”.