La reunión de la Junta Electoral Central (JEC) de este lunes provocó el titular de que el organismo "acataba" las medidas cautelares dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que, en la práctica, suponen privar provisionalmente de voto a medio millón de españoles hijos y nietos de exiliados republicanos. Pero cumplir las órdenes del Alto Tribunal en lo que respecta a esa decisión judicial vigente mientras no haya sentencia no comporta estar de acuerdo con el fondo del asunto. Los miembros de la máxima instancia de la administración electoral española se conjuraron en ese encuentro para seguir defendiendo su resolución del pasado 16 de julio en la que declararon que el órgano no era competente para pronunciarse en temas de concesión de la nacionalidad y denegaron la suspensión del voto para descendientes de represaliados nacionalizados gracias a la Ley de Memoria Democrática que le reclamaba, entre otros partidos, Vox, al recordar que ese derecho a la participación electoral es inherente a la posesión de la ciudadanía española, según la Constitución. El apoyo a la decisión de la JEC del pasado julio fue transversal: de entre sus miembros que tienen la condición de magistrados del Supremo (ocho en total elegidos por sorteo), cuatro progresistas y dos conservadores votaron a favor de desoír a Vox y Iustitia Europa –entre otros– junto a otros tres miembros progresistas de la nómina de catedráticos de Derecho o Ciencia Política de la institución (cinco, propuestos por los partidos con representación parlamentaria). El voto particular que ha servido de inspiración a Vox y Iustitia Europa y cuyo criterio ha comprado la Sala de lo Contencioso-Administrativo alentando el bulo del pucherazo del Gobierno solo lo compartieron en el seno de la Junta dos magistrados conservadores y dos académicos de esa misma sensibilidad. Ese apoyo mayoritario, que trascendió las adscripciones ideológicas, lo hicieron valer algunos de sus miembros en la reunión de este lunes, en la que se abordaron y finalmente aceptaron las medidas cautelares aprobadas por la Sala Tercera, pero se manifestó también el sentir mayoritario de defender la resolución que denegó la suspensión del voto, y hacerlo hasta el final del procedimiento. La letrada de las Cortes que defiende la posición de la JEC en el proceso –demandada en el caso que se sigue en el Supremo– se opuso a las cautelares del Supremo advirtiendo, entre otros argumentos, de que "la suspensión de la tramitación de nuevas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)" que pretendían Vox y Iustitia Europa, suponía también "privar del derecho de sufragio a quienes reúnen los requisitos establecidos por las leyes", lo que atentaría contra "la ponderación de los intereses del conflicto" en el caso. Es decir, que esa medida cautelar tan gravosa es desproporcionada. Esa será la posición que la Junta seguirá defendiendo tal y como se manifestó en la reunión del lunes, según algunos de los presentes.La suspensión provisional del derecho fundamental al sufragio —que se adquiere de forma automática con la nacionalidad— fue adoptada por el Supremo dando alas a las teorías de la conspiración sobre un fraude electoral que airean PP y Vox, y dejaba, en realidad, un escasísimo margen de maniobra a los miembros de la Junta. La única posibilidad para el órgano electoral era presentar un recurso de reposición contra la decisión de la Sala de lo Contencioso –que, a diferencia de la JEC, sí se partió ideológicamente en su apoyo a esas medidas– contra el auto en el que se recogieron. Se trata de un tipo de impugnación que resuelven los mismos magistrados que sacaron adelante el auto recurrido, con lo que la posibilidad de que prosperara era prácticamente nula. El presidente de la Junta, el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo (la misma que adoptó las medidas cautelares) Eduardo Calvo Rojas (progresista) defendió que e organismo no presentara el recurso basándose, precisamente, en ese argumento: que era un acto inútil y que, por cuestiones prácticas, no veía necesario su interposición. Pero, por otro lado, también hubo otros miembros que abogaron por presentarlo. La idea que defendían estos últimos era que la JEC debía ser consecuente con su postura y escenificarlo de esa manera. Al final fue el criterio de Calvo Rojas el que se impuso.Frente a la transversalidad ideológica de la decisión de la junta de no acceder a las peticiones de Vox, apoyada por una mayoría formada tanto por la izquierda como por la derecha del órgano, el voto particular a esa resolución que abogaba por impedir el acceso al censo de los nacionales descendientes de exiliados políticos tuvo un sostén mucho más uniforme. Fue suscrito por el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Vidal Prado, su compañero de la UPV Javier Tajadura y los magistrados del Supremo Vicente Magro (Penal) y Fernando Marín Castán, todos ellos del sector conservador. Tanto Vidal Pardo como Tajadura fueron propuestos para la JEC por el PP, mientras que el magistrado Magro fue senador por ese partido y Marín Castán es considerado conservador en la carrera. Lo mismo ocurrió en la sección cuarta de lo Contencioso del Supremo. La suspensión cautelar del voto de los descendientes de represaliados contó únicamente con el apoyo de magistrados del sector conservador. La única progresista, la magistrada Alicia Millán, redactó un voto particular discrepante. "El interés general no solo exige garantizar la regularidad de los procesos electorales, sino también asegurar, precisamente, que quienes han visto reconocida su condición de españoles conforme a los procedimientos legalmente previstos puedan participar en el proceso electoral", sostenía la jueza progresista.Los otros cinco magistrados de esa sección pertenecen a la derecha judicial. El ponente, Antonio Narváez, fue aupado por el PP al puesto de magistrado del Constitucional y, en una cena con el líder de ese partido, Alberto Núñez Feijóo, se mostró a favor de que fuera el próximo presidente del Gobierno. Luis Díez-Picazo, el presidente, fue el que forzó en 2018 un pleno de la Sala para revertir una sentencia previa que obligaba a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas consiguiendo así que los obligados a pagarlo fueran los clientes y no las entidades. José Luis Requero, fue vocal del Poder Judicial a propuesta del PP y ha mantenido una actitud muy militante contra el matrimonio igualitario, el aborto y la eutanasia. Antonio Fonseca-Herrero fue promotor de la acción disciplinaria en el Consejo presidido por Carlos Lesmes. Manuel Delgado-Iribarren fue propuesto como magistrado por el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces.Hasta el momento, ni una sola voz progresista –ni en la Junta ni en el Supremo– se ha mostrado a favor de la polémica tesis que el Alto Tribunal ha sostenido para suspender el derecho de voto a aproximadamente 500.000 españoles. Lo contrario –que privar a tanta gente de un derecho fundamental esencial para la democracia como es del sufragio es desproporcionado y que ni la JEC ni el Supremo pueden cuestionar las reglas de acceso a la nacionalidad en el proceso abierto a instancias de Vox– lo defienden, al menos, dos vocales conservadores del organismo electoral que, además, forman parte del Alto Tribunal. Se trata de Carmen Lamela, de la Sala de lo Penal, y Fernando Cerdá, de lo Civil.