El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella alista un plan de ajuste fiscal, que comenzará a concerse con el Presupuesto de 2027. Foto: ©anamejia18 de Getty Images a través de Canva.com y PresidenciaEl Presupuesto General de la Nación (PGN) de Colombia para 2027 dio un giro de $60 billones y ahora el Congreso tendrá que decidir si avala el nuevo monto propuesto por el Gobierno. La cifra pasó de $575 billones a $635 billones, un incremento cercano al 10,4 %, en una discusión que puede terminar definiendo cuánto margen tendrá el país para atender sus obligaciones, invertir y sostener el crecimiento económico.Lea también: Estos son los sectores que ganaron con la reforma tributaria de Bogotá: habrá alivios en impuestos y tarifas más bajasEl aumento se produce después de que el Congreso devolviera al Gobierno el proyecto inicial de $575 billones. El nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radicó entonces una propuesta por $635 billones, convirtiéndola en la mayor desde 2019, según la información suministrada para este análisis.La decisión abre una pregunta que va mucho más allá del tamaño del presupuesto: ¿de dónde saldrán los recursos para financiar ese aumento y qué efecto tendrá sobre las finanzas públicas?El proyecto todavía no está aprobado. Las comisiones económicas deberán definir el monto definitivo antes del 15 de septiembre y el primer debate deberá quedar aprobado antes del 25 de septiembre. Posteriormente, las plenarias deberán comenzar su discusión el 1 de octubre.El calendario tiene una fecha límite especialmente relevante: la medianoche del 20 de octubre. Si para ese momento el Congreso no ha expedido el presupuesto, el Gobierno tendría que expedirlo mediante decreto.Para Giovanni Hernández, economista y profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, técnicamente es posible realizar un ajuste de esa magnitud durante el trámite presupuestal: “Técnicamente sí se puede ajustar el presupuesto en un 10 %; siempre que se hace un presupuesto, en algún momento hay que hacerle ajustes”, explicó.Pero, a su juicio, una posible explicación está relacionada con la transición entre gobiernos y con una revisión más detallada de la situación fiscal: “Lo que pudo haber pasado es que malos procesos de transición entre los dos gobiernos hicieron que, al revisar cómo estaba realmente el país en materia fiscal, el nuevo gobierno tuviera que ajustarlo así”, señaló Hernández.El economista plantea que el nuevo Gobierno pudo encontrar compromisos previamente adquiridos, entre ellos contratos y proyectos que dificultarían reducir el gasto en el corto plazo: “Muy seguramente encontró contratos y proyectos ya amarrados que dificultaban cumplir la bandera de austeridad”, agregó.Esto introduce uno de los principales elementos de la discusión: el tamaño del presupuesto no puede analizarse solamente como una cifra de gasto, sino también teniendo en cuenta qué compromisos son rígidos, cuáles pueden modificarse y cuánto espacio queda realmente para tomar decisiones sobre inversión y funcionamiento.¿Es peligroso para las finanzas públicas?El aumento genera una alerta porque Colombia enfrenta una situación fiscal complicada y un presupuesto más grande puede significar mayores necesidades de financiación.Sin embargo, Hernández considera que el incremento no necesariamente representa una señal negativa para los mercados financieros: “No veo esta propuesta tan riesgosa, porque los mercados ya saben que el país quedó en una posición muy complicada por el fuerte incremento del gasto del gobierno anterior, y están esperando qué hace el nuevo gobierno”, explicó.La diferencia, según su análisis, estará en qué se haga con los recursos adicionales y cuál sea la estrategia fiscal de los próximos años. Si el mayor presupuesto está acompañado de una política orientada a estabilizar las cuentas públicas y posteriormente impulsar el crecimiento, la lectura de los inversionistas podría ser diferente a la que tendría un aumento del gasto sin una estrategia de corrección fiscal.Hernández lo resume así: “Recibimos un país fiscalmente muy mal, necesitamos un esfuerzo adicional para estabilizarlo, pero luego vamos a seguir creciendo”.En otras palabras, el riesgo no estaría determinado exclusivamente por que el presupuesto sea de $635 billones. También dependerá de cómo se financie, en qué se gaste y qué trayectoria tengan las finanzas públicas después de 2027.¿Qué puede pasar con la calificación crediticia de Colombia?La discusión fiscal también tiene una conexión directa con la percepción de riesgo del país. Las calificadoras de riesgo observan, entre otros factores, la capacidad de un Estado para cumplir sus obligaciones financieras y mantener unas cuentas públicas sostenibles.Puede interesarle: Nuevo fallo cambia el panorama sobre despidos de trabajadores con problemas de saludPara Hernández, el nuevo Gobierno puede evitar un deterioro de esa percepción si explica de manera clara por qué necesita incrementar temporalmente el presupuesto y cuáles serán las medidas posteriores para estabilizar las finanzas: “Si se hace una muy buena comunicación y se dice: ‘Necesitamos este adicional para estabilizar el país tras los resultados del gobierno anterior’, creo que no vamos a tener ningún problema con la calificación crediticia”, sostuvo.Incluso considera que una estrategia fiscal creíble podría abrir la posibilidad de una mejora en la percepción sobre Colombia: “Podemos incluso aumentar nuestra calificación de una manera positiva o sencillamente dejarla como está, siempre y cuando se diga que es para estabilidad del país con miras hacia un futuro importante”, añadió.La advertencia implícita es que los mercados necesitarán conocer la hoja de ruta detrás del aumento. Un presupuesto más elevado puede ser manejable si forma parte de un proceso de estabilización, pero la presión sería diferente si el incremento se convierte en una expansión permanente del gasto sin una fuente sostenible de ingresos.¿Pagar deuda puede frenar el crecimiento?Este es otro de los dilemas que deberá resolver el Gobierno. Cuando una proporción importante de los recursos públicos debe destinarse al pago de deuda, existe menos espacio para financiar inversión pública y otros gastos que pueden contribuir al crecimiento económico.Debate del Presupuesto de 2027. Imagen: Prensa del Senado Hernández explica que la teoría económica muestra precisamente esa tensión: “Si tú vas a pagar deuda y vas a recortar en inversión a futuro, claramente no vas a tener el oxígeno para crecer y te puedas estancar”, afirmó.Pero el problema tiene otra cara. Un Estado altamente endeudado tampoco puede simplemente dejar de cumplir sus obligaciones: “Si tú recibes un gobierno superendeudado, necesitas honrar la deuda de alguna manera, no puedes entrar en default”, explicó.Un incumplimiento de las obligaciones financieras tendría consecuencias mucho más severas para la confianza de los inversionistas y para el acceso futuro del país a los mercados de crédito. Por eso, el dilema fiscal no es simplemente gastar o no gastar, sino encontrar un equilibrio entre cumplir las obligaciones financieras y mantener suficiente inversión para que la economía continúe creciendo.“Entrar en default sí sería una señal catastrófica porque comunica que un país no tiene la capacidad para pagar deuda”, advirtió Hernández.El problema que aparece detrás: ¿cómo financiar $635 billones del presupuesto?El incremento del presupuesto lleva inevitablemente a otra pregunta: ¿cómo conseguir los recursos sin aumentar la presión tributaria? Hernández plantea tres fuentes tradicionales para financiar al Estado: impuestos, deuda y venta de activos. “El Estado funciona con deuda, con impuestos o vendiendo activos”, explicó.Sin embargo, cada alternativa tiene un costo. La venta de empresas estatales puede generar recursos en el corto plazo, pero también implica renunciar a ingresos futuros que esas compañías puedan producir.“A muchas personas no les gusta vender empresas del Estado porque se pierden ingresos futuros que puedan generar esas empresas. Y si son empresas buenas, pues se va a perder aún más”, señaló. Por eso, vender activos no necesariamente constituye una solución permanente para cubrir mayores necesidades presupuestales.¿Colombia tendría que hacer otra reforma tributaria?La posibilidad de incrementar los ingresos mediante impuestos aparece como uno de los escenarios que Hernández considera difíciles de evitar si el objetivo es estabilizar las finanzas públicas.El economista considera que el Gobierno tiene poco margen fiscal y que necesitaría una estrategia para aumentar los ingresos sin generar un choque excesivo sobre la economía: “El gobierno actual tiene muy poco margen, es decir, tendría que hacer una reforma para estabilizar el país”, sostuvo.Sin embargo, también advierte que una reforma tributaria demasiado fuerte puede terminar afectando la actividad económica. Por eso plantea una combinación de mecanismos: una reforma tributaria moderada y endeudamiento de largo plazo.También puede leer: Fondos de pensiones en Colombia: así puede afectar la caída del dólar a su ahorro pensional“Podría ser un componente doble. Es decir, hacer una reforma tributaria no tan dura, pedir deuda muy largo plazo para que cuando el país vuelva a estabilizarse y vuelva a generar riqueza, podamos pagar esa deuda relativamente rápido”, explicó.La lógica detrás de esta propuesta es distribuir el esfuerzo fiscal en el tiempo: conseguir ingresos adicionales mediante impuestos, complementar las necesidades de financiación con deuda de largo plazo y, posteriormente, aprovechar una mayor generación de riqueza para reducir el endeudamiento.