La revelación de que responsables del hospital madrileño Ramón y Cajal modificaran la prioridad quirúrgica de 57 pacientes ha vuelto a poner el foco sobre cómo se elaboran las listas de espera sanitarias. Según la información publicada por el El País, los pacientes pasaron de prioridad preferente a normal sin que los cirujanos responsables hubieran realizado una nueva valoración, lo que ampliaba de 90 a 180 días el plazo previsto para su intervención. La Consejería madrileña de Sanidad ha abierto diligencias para esclarecer lo ocurrido, aunque sostiene que la alteración de las prioridades fue obra del propio médico denunciante, una versión que este rechaza y que contradice los documentos y testimonios publicados por El País. Desde el sindicato médico Amyts han advertido de que este problema no se limitaría solo a este hospital. Su secretaria general, Ángela Hernández, sostiene que saben que prácticas similares se producen “prácticamente en la totalidad de los centros para ocultar datos negativos a la Consejería”. En esa misma línea, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró en una entrevista en la Cadena SER que manipular las listas no es algo “nuevo” y que conoce desde hace años situaciones de pacientes que se mantienen en una especie de “limbo” antes de entrar formalmente en las listas.El caso del Ramón y Cajal ha vuelto a poner sobre la mesa una situación que se lleva viviendo y denunciando desde hace años: el sistema actual que mide las listas de espera de cada comunidad no es ni transparente ni homogéneo entre los territorios, lo que imposibilita la comparación entre ellos.Estas listas son competencia totalmente autonómica y están reguladas por el Real Decreto 605/2003 que fija criterios, indicadores y requisitos mínimos comunes —como la fecha de entrada, la prioridad y las distintas situaciones de espera— y obliga a las comunidades a mantener sus sistemas de información y remitir datos al Ministerio.Sin embargo, esta norma no elimina las diferencias en la gestión autonómica. El propio Ministerio advierte en sus estadísticas de que “el contenido de los indicadores depende de la información suministrada en origen por cada comunidad autónoma”.Esto significa que no todos los pacientes pendientes de una operación se incorporan al indicador principal. La espera estructural recoge la demora atribuible al sistema sanitario, mientras que otras categorías incluyen a quienes han rechazado una derivación o a pacientes temporalmente no programables (TNP), es decir, aquellos cuya intervención no puede programarse temporalmente por motivos clínicos o porque han solicitado aplazarla por razones personales o laborales.El resultado es que un paciente puede seguir esperando una intervención y, aun así, dejar de formar parte del indicador que se utiliza para medir la demora estructural. No desaparece necesariamente de los registros, pero su clasificación puede cambiar la imagen estadística de la espera. Según fuentes del Ministerio de Sanidad, esto hace que el actual sistema mantenga “la puerta abierta” a que estos datos puedan manipularse. “Las listas presentan así una imagen distorsionada de la realidad”, advierte en conversación con infoLibre Sergio Fernández, portavoz de la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública, ya que “no es lo mismo empezar a contar desde que se pide una cita médica, que pueden ser unos 10 días; desde que se consigue llegar al profesional necesario, que se puede alargar de tres a seis meses; o hasta que se consigue la prueba diagnóstica, que puede alargarse hasta dos años desde la casilla de inicio”.Por eso advierte que es “imposible” comparar datos, porque cada comunidad puede tener unos parámetros distintos, que no se dan a conocer de forma pública, y no se puede saber si la lista está recogiendo esa realidad o “son datos maquillados”. “Desde la asociación pedimos que la información sea transparente desde que el ciudadano pide la primera cita”, añade.Esto hace que algunos datos no concuerden, como que la Comunidad de Madrid sea uno de los territorios que menos invierte en sanidad por ciudadano (1.779 euros), y tenga una de las listas de espera más bajas, de 50 días para una intervención quirúrgica. Dato que choca con otros territorios como los de Cataluña en el que la inversión es de 2.061 euros y el tiempo de espera de 142 días, más del doble que en Madrid.Otro de los obstáculos para frenar este problema es que el actual Real Decreto no establece ninguna sanción concreta en el caso de realizar prácticas como las que se han visto en el Ramón y Cajal. Eso no significa que no pueda haber responsabilidad para sus autores, pero al no tener un sistema general, cada caso depende de la implicación que quiera tener el centro y la comunidad concreta.Fernández recuerda que este tipo de manipulaciones no son nuevas. En 2005, la Comunidad de Madrid se enfrentó a una polémica similar, cuando ya estaba activo el actual decreto. Cuando Esperanza Aguirre llegó a la Presidencia del Gobierno madrileño puso en marcha un plan específico para reducir la espera quirúrgica bajo la promesa de que ningún madrileño tendría que esperar 30 días para operarse.Para conseguirlo, la Comunidad emitió una orden que establecía una categoría diferente para los pacientes que estaban pendientes del estudio preoperatorio o de la valoración del anestesista, clasificándolos como “transitoriamente no programables”, por lo que el cómputo del tiempo quedaba suspendido durante un plazo de 30 días hábiles.Esto llevó al Gobierno central a excluir los datos madrileños del cómputo nacional al considerar que no eran comparables con los del resto de comunidades. Años después, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid concluyó en un informe publicado en 2019 que, entre 2011 y 2014, los datos sobre listas de espera quirúrgica no cumplían los requisitos del RD 605/2003 y no eran comparables con los del resto del Sistema Nacional de Salud. Además, señaló que los tiempos reflejados eran inferiores a la espera realmente soportada por los pacientes. Sin embargo, esta acción no supuso ningún tipo de sanción y se pudo conocer porque en tan solo un año los pacientes en lista de espera cayeron a casi la mitad, lo que inició una investigación por parte del PSOE madrileño. La norma madrileña estuvo activa hasta 2016 cuando la nueva presidenta, Cristina Cifuentes, decidió cambiar la forma en la que se contabilizaban las esperas mediante un nuevo sistema que estableció como fecha de entrada en la lista de espera la prescripción quirúrgica.Problemas similares se han detectado en otros territorios. En diciembre de 2022,el Tribunal de Cuentas encontró en el Área de Salud de Badajoz 1.091 pacientes temporalmente no programables (TNP), de los que 521, el 48%, estaban clasificados bajo “otros motivos”. El informe señaló que esto generó problemas de trazabilidad y una distorsión de los datos finales al no estar recogidos en el cómputo total.Otro ejemplo está en Navarra, territorio que hasta 2025 enviaba como datos de las primeras consultas la lista total sin distinguir entre espera estructural y no estructural, pero decidió cambiar el sistema para remitir únicamente la estructural argumentando que querían homologar los datos con el resto de comunidades. Este cambio solo se conoce porque la propia comunidad decidió hacerlo público.Ante esta situación, Sanidad inició a principios de año el procedimiento para sustituir el Real Decreto actual y poner freno a este tipo de acciones. La reforma, que todavía está en proceso de tramitación, plantea indicadores más homogéneos, mayor transparencia y trazabilidad, la incorporación de la espera en Atención Primaria y una medición específica de Salud Mental. También pretende homogeneizar las pruebas terapéuticas y mejorar la información sobre los flujos de entrada y salida y las causas de las demoras.