Blanca vive en el número 22 de la madrileña calle del General Lacy y este miércoles ha pasado por un juzgado madrileño para ver si tendrá que abandonar la casa en la que lleva viviendo casi tres décadas. El próximo martes será Maricarmen Abascal (87 años) quien se enfrente a su cuarto intento de desahucio. Ninguna de las dos había incurrido en impagos o irregularidades; simplemente su edificio ha sido adquirido por empresas que prefieren dedicar las viviendas a otros usos más lucrativos."La valoración es positiva. Vamos a tener que esperar unas semanas para conocer la sentencia, pero nuestro abogado ha puesto sobre la mesa el hecho de que nuestros contratos deberían haber sido de siete años y no de cinco, al tratarse de grandes tenedores", señala Blanca a infoLibre tras la celebración del juicio. "El objetivo de la familia González-Ruano y Campos-Cebrián [propietaria del inmueble] es expulsarnos de nuestras viviendas y especular con ellas pese a haberles pagado durante décadas. Nosotros no estamos cometiendo ninguna irregularidad y son ellos los que están al margen de la ley y de las buenas maneras", concluye la afectada.Ellas ponen cara a una crisis inmobiliaria que está tensionando cada vez más los presupuestos de las familias, pero que también está agravando la situación de inseguridad de quienes viven de alquiler. Maricarmen ya contó a infoLibre en una conversación anterior que nunca había dejado de pagar su alquiler, pero un cambio en la propiedad del edificio hizo que los nuevos propietarios decidieran que tenerla como inquilina no era rentable. Le pidieron que abandonase el piso en el que lleva viviendo siete décadas, desde que su padre lo alquiló en 1956. Ante su negativa, se desató un proceso judicial que ella afronta con un fuerte respaldo social. Cada vez que se convoca un desalojo, se produce en su calle una fuerte movilización, pero su situación no se soluciona. “Este intento de desahucio se produce justo cuando el Gobierno tiene la posibilidad de pararlo con el real decreto sobre vivienda que prometió en julio y que hoy sigue en un cajón”, señalan desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid.El caso de Blanca y de los vecinos de General Lacy 22 es similar. Ella pone nombre a este conflicto porque le ha tocado ser la primera en sentarse en el banquillo de un total de 32 familias afectadas que siguen viviendo en el bloque porque sus contratos aún están vigentes. Cuando terminen, seguirán previsiblemente el mismo camino judicial que Blanca para tratar de quedarse.La historia de los vecinos de este bloque comienza cuando uno de los copropietarios del inmueble fallece. “Fue entonces cuando la familia González-Ruano decidió vaciar el edificio con fines especulativos, canalizando la propiedad a través de sus sociedades holding Furud 2024 S.L. y Gomeisa 2024 S.L.”, señala la agrupación sindical madrileña.La resistencia de los vecinos, muchos de ellos inquilinos desde hace décadas, terminó en los tribunales: ellos quieren conservar las viviendas y seguir pagando su alquiler, pero la propiedad quiere vaciar el inmueble. Además de esto, los vecinos acudieron al Ministerio de Consumo para denunciar las tácticas de los dueños y señalaban un posible caso de acoso inmobiliario. También afirmaban que se estaban “desatendiendo de forma sistemática las obligaciones básicas de habitabilidad y mantenimiento” y publicaron en redes imágenes de humedades y desperfectos que no se estaban reparando.Blanca fue una de las afectadas por esta dejadez. Relató cómo el techo de su cocina se había desprendido tras haber realizado varios avisos a la propiedad –sin respuesta satisfactoria– y tras haber acudido incluso al área de Urbanismo del Ayuntamiento, que hizo un requerimiento a los propietarios. Pero la situación sigue sin solucionarse y el proceso judicial para ejecutar el desalojo ha comenzado. "Todos están pendientes de una sentencia que será fundamental para las decenas de personas que habitan el inmueble y se encuentran en una situación de indefensión y acoso inmobiliario inhumanos", concluye el sindicato.Para los colectivos sociales urge una regulación, pero, por el momento, el real decreto de vivienda que ha planteado el Gobierno sigue atascado. En cifras, el aumento del precio de los alquileres no ha dado señales de ralentizarse y sigue, de media, por encima de los 15 euros por metro cuadrado, con una subida interanual en agosto del 5,8%, de acuerdo con el portal inmobiliario Idealista. Y si hablamos de compra, el endurecimiento de las condiciones de financiación sigue manteniéndola alejada de muchos bolsillos y para aquellos que consiguieron adquirir una casa la situación tampoco es halagüeña. Los últimos datos del INE, que se han publicado este mismo miércoles, constatan un aumento en los embargos y el crecimiento de un 27,5% de las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual entre abril y junio, hasta los 3.703 casos, han convertido ese trimestre en el peor de los últimos nueve años.Esos datos muestran la situación límite que se vive en torno al tema de la vivienda, algo que también se refleja de puertas para adentro en el Gobierno. Por un lado, el real decreto sobre vivienda que se había postergado hasta septiembre no termina de encontrar el camino para superar la tramitación parlamentaria; por otro, el PSOE se abstuvo este martes en la votación propuesta por Sumar para tramitar una proposición de ley que prohibiese la compra de vivienda a personas jurídicas. Ni PP, ni Vox, ni Junts y tampoco Podemos, aunque por razones diferentes, están dispuestos a respaldar el real decreto. Pese a estar previsto para antes del verano, su tramitación se ha ido dilatando en el tiempo. Para la derecha, el decreto se excede al intentar regular el mercado, y para Podemos, se queda corto en un contexto de crisis habitacional como la actual. Además, estos últimos se oponen a los cambios que el texto recoge en la ley de suelo, por considerar que limita la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas. Del lado del Gobierno, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acusaba a Podemos y Junts de “poner palos en las ruedas” del acuerdo en una entrevista concedida a elDiario.es e insistía en que el decreto se votaría “lo antes posible”, aunque sin concretar fechas. La regulación del precio y el control del alquiler por habitaciones, que deja al inquilino fuera del amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, son dos cuestiones centrales del decreto. La prórroga de los alquileres es otro punto de debate que los agentes sociales han reclamado largamente y que se contempla en el texto del decreto por un máximo de dos años.Mientras se dirimen las cuestiones políticas, para muchas personas la vuelta del verano supone reincorporarse a la batalla judicial por mantener su casa. “La concentración de apoyo en los juzgados ha sido numerosa para tratarse de un día de diario y hemos podido mostrar nuestra repulsa a esta situación”, concluye Blanca, que como muchos afectados tiene un asidero en la protesta social.