Isabel Díaz Ayuso ya ha dictado su veredicto político sobre quien hizo público el maquillaje de las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal. “El bulo del culo de la semana”, lo calificó este jueves la presidenta madrileña desde la Asamblea de Madrid. El protagonista de su intervención no fue el jefe del servicio de Traumatología, el director médico del hospital o los pacientes cuya prioridad quirúrgica fue modificada, sino el cirujano que denunció lo ocurrido, Luis Alberto Martos. Ayuso aseguró que era él quien manipulaba las citas y que “se le conoce por reventarle el coche al jefe”, antes de reprocharle acudir a la “televisión del régimen sanchista” a dar “lecciones de listas de espera”, en referencia a Televisión Española. Esta versión contradice la información publicada por el El País tras acceder a la documentación. Según esta, 57 pacientes pasaron de prioridad preferente —que establece una intervención antes de 90 días— a normal sin que los cirujanos responsables hubieran realizado una nueva valoración, lo que ampliaba de 90 a 180 días el plazo previsto para su intervención.Martos lo descubrió, alertó a sus superiores, acudió posteriormente al gerente, al Canal Externo del Informante de la Comunidad y al Defensor del Pueblo y, finalmente, proporcionó esa documentación. Otros tres especialistas respaldaron su denuncia. La Consejería madrileña de Sanidad, dirigida por Fátima Matute, ha abierto diligencias para esclarecer lo ocurrido, aunque sostiene que la alteración de las prioridades fue obra del propio médico denunciante, que habría actuado para trabajar menos. La consejera Matute y, después, Ayuso recuperaron públicamente un viejo conflicto entre Martos y su jefe de servicio, incluida la acusación de haber causado desperfectos en su coche. El cirujano aportó dos sentencias absolutorias y asegura haber sido absuelto; además, los expedientes administrativos acabaron archivados. Sin embargo, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid difundió una noticia de okdiario en la que trataba de desprestigiar al cirujano al afirmar que todavía está encausado. “Ay, Manolete…”, posteó.Se cumple de nuevo así el ‘manual’ del PP de Madrid: intentar desplazar el foco hacia quien denuncia o protesta, cuestionando su biografía, sus intenciones o su afinidad política cuando aparece una acusación que compromete a una administración gobernada por la formación. Es lo que está sucediendo ahora con las listas de espera en la sanidad madrileña, pero el patrón se ha repetido en otros casos como el de la exconcejala del PP de Móstoles que denunció al alcalde por acoso, el de la denunciante de la trama Gürtel Ana Garrido, el de los familiares de los fallecidos en las residencias de mayores durante la pandemia o el del doctor Luis Montes tras unas supuestas sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa de Leganés.Uno de los casos más recientes y que explican a la perfección este manual fue la denuncia de acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles, el popular Manuel Bautista, por parte de una concejala del PP. La presidenta madrileña lo definió desde el primer momento como "un caso fabricado contra el Partido Popular" y a día de hoy el regidor sigue en su puesto gracias al apoyo expreso de Ayuso y sus lugartenientes. Las únicas dimisiones las protagonizaron quienes dieron amparo a la víctima: el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Móstoles, Raúl Gallego, y la coordinadora de Digitalización y Nuevas Tecnologías del Consistorio, Victoria Moyano. La hoy exconcejala denunció sentirse desamparada por su propio partido ante la falta de respuesta a sus denuncias y aseguró que cargos muy cercanos a Ayuso como el secretario general, Alfonso Serrano, la presionaron para tapar la acusación. "Me he encontrado con que los órganos de mi partido me han negado cualquier tipo de amparo haciendo oídos sordos a mis denuncias, sin realizar ninguna intervención, lo cual me ha resultado inaudito, por inesperado", escribió después de haber enviado seis escritos a la dirección de su partido, incluido uno de 20 folios, en el que relataba su calvario al comité de Garantías del PP nacional —que nunca la recibió en persona para dirimir la denuncia—.El PP de Madrid asegura que nunca se ha probado ese acoso y ha llegado a cuestionar los motivos de la exconcejala, atribuyéndolos a una suerte de venganza por no haberle dado más poder dentro del consistorio. Asimismo, la formación difundió una cadena de correos privados enviados a dirigentes del PP de Madrid para pedir amparo y abordar el acoso. En uno de ellos aparecía el nombre de la denunciante. Desde el gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid se atribuyó esa revelación a un “error”. La propia exconcejala presentó una querella contra Manuel Bautista y contra el PP como persona jurídica, incluyendo la difusión de esos correos y la posible revelación de secretos.El caso de Ana Garrido es otro ejemplo. Trabajaba en Boadilla del Monte como personal eventual y reunió documentación sobre las irregularidades que acabarían formando parte de la investigación de la trama Gürtel. En vez de dejarse arrastrar, o mirar hacia otro lado, ella decidió denunciarlo, pensando en un primer momento que todo se reducía a un asunto local y sin poder imaginar, ni de lejos, la magnitud del escándalo nacional que estaba por llegar. Declaró como testigo y colaboró con la Fiscalía Anticorrupción. El PP de Madrid nunca se lo perdonó y se lo hizo pagar.En 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la condena al Ayuntamiento de Boadilla por el acoso laboral sufrido por Garrido y los daños morales que le había causado. Tres años después, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso municipal y convirtió aquella condena en firme. El consistorio fue obligado a indemnizar a Garrido con más de 96.000 euros. Pero la historia no terminó ahí.En 2015, el Ayuntamiento la denunció por un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos. La iniciativa salió adelante con el respaldo de los concejales del PP. En 2016, el Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles archivó el procedimiento al no encontrar justificada la comisión de ningún delito ni acreditado que Garrido hubiese ocultado documentos de manera que perjudicara el funcionamiento de la institución. En 2024, además, el Tribunal Supremo declaró inveraces acusaciones publicadas por okdiario —de nuevo en la ecuación— sobre su supuesta implicación en contratos irregulares y confirmó una indemnización por vulneración de su honor.En el caso del doctor Luis Montes, él no denunció una irregularidad de la Administración, sino que fue convertido en acusado. En marzo de 2005, una denuncia anónima sobre supuestas sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa de Leganés llevó a la Consejería de Sanidad, dirigida entonces por Manuel Lamela, a apartar a Montes como coordinador de Urgencias y trasladar los hechos a la Fiscalía.Durante casi tres años, su nombre quedó asociado públicamente a supuestas muertes irregulares de pacientes terminales. El desenlace judicial fue muy distinto. En enero de 2008, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el archivo de la causa y ordenó eliminar incluso las referencias que permanecían en una resolución anterior a una eventual mala práctica médica. Miguel Ángel Rodríguez, llamó “nazi” a Montes en televisión en 2008, cuando la causa ya había sido archivada. En 2011, el jefe de gabinete de Ayuso fue condenado por un delito continuado de injurias graves con publicidad, y tuvo que abonar una indemnización de 30.000 euros al médico.La controversia política, sin embargo, no murió con el procedimiento. El entonces consejero Juan José Güemes sostuvo después del archivo que el hecho de que no se hubiera podido probar judicialmente no excluía que hubiesen existido prácticas inadecuadas, mientras la Consejería mantenía expedientes administrativos contra varios médicos. Todas estas acusaciones sobre Montes se produjeron, además, durante una reordenación de la sanidad madrileña hacia una privatización impulsada por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El Gobierno de Ayuso y su equipo de propaganda llevan desde 2020 negando que no se diera asistencia sanitaria a 7.291 personas fallecidas en las residencias de mayores durante la pandemia del covid. Y, desde entonces, llevan más de seis años vetando que la Asamblea de Madrid investigue, o siquiera aborde, lo sucedido en las residencias de mayores de la región. Por el camino, han sometido a un continuo desprecio a miles de familias que, aseguran, todavía no han podido pasar página. En octubre de 2022, el entonces vicepresidente regional Enrique Ossorio rechazó una comisión sobre lo ocurrido durante la primera ola de expansión del virus argumentando que reabrir el debate podía perjudicar a las familias: “Eso las familias ya lo han superado”. Ante la polémica, matizó después que se refería a que habían superado lo que calificaba como una mentira política de la izquierda. En febrero de 2025 fue Miguel Ángel Rodríguez quien trasladó el foco directamente a los familiares.Después de que cinco hijos de fallecidos relataran su experiencia en Lo de Évole, Rodríguez escribió: “Comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares”. A continuación aseguró que había comprobado que la primera mujer que aparecía en el programa no tenía a su madre en una residencia madrileña. Era falso. Al día siguiente reconoció el error y pidió disculpas. Un mes más tarde, el Gobierno regional colocó a otro nombre en la diana: su antiguo consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.La Comunidad publicó un documento oficial en el que calificó de “invento” la cifra de 7.291 fallecidos dentro de residencias en marzo y abril de 2020, atribuyó “la falsedad” a Reyero y afirmó que había sido apartado por “ineficaz”. El dato, sin embargo, no lo había creado Reyero: procedía de una respuesta oficial de la propia Comunidad de Madrid a una solicitud de transparencia de infoLibre, que reveló los Protocolos de la Vergüenza.El Gobierno autonómico también ha ninguneado a los vecinos de San Fernando de Henares. El drama desatado por la llegada de la línea 7B del Metro, cuya construcción alteró el subsuelo, desestabilizó varios edificios y obligó a derribar 73 viviendas, dejando sin hogar a cientos de personas, fue despachada por Ayuso como otro boicot de la izquierda. La presidenta madrileña aseguró que los ayuntamientos de izquierda habían insistido en la ampliación y cargó contra dirigentes de la plataforma de afectados, a los que vinculó con quienes habían apoyado el proyecto.Se trata de una versión que también había defendido la expresidenta Esperanza Aguirre. El origen del conflicto se remonta a su etapa como presidenta, concretamente en el año 2007. Entonces, las obras impulsadas por su Ejecutivo facilitaron que el agua entrara en contacto con la sal presente en el terreno, disolviéndola y provocando la inestabilidad del subsuelo.