Casi dos meses después de conocerse la compra por 6,3 millones de euros del ático de Chamberí, el asunto sigue persiguiendo a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, pese a su habitual capacidad para marcar la agenda política y mediática y desviar el foco. La baronesa del PP, que en agosto trató de zanjar la polémica en varias ocasiones, dedicó este viernes una respuesta inusualmente larga a volver a desvincularse de la operación y se mostró especialmente hostil con los periodistas: negó haber intervenido en la compra, aseguró que jamás pensó vivir allí y terminó hablando de su mudanza y de sus costumbres vecinales. La polémica ha acompañado la gestión de Ayuso desde que se reveló la existencia de esta operación inmobiliaria. “No es para mí. No quiero saber nada de esta historia. Y por más que explico, por más que digo, da igual”, insistió con enfado la madrileña a la salida del acto. Calificó el caso de “memez” y avisó a la prensa de que, si continuaban las preguntas, recuperaría la “bromita” del “chao pescao” con la que intentó dar por terminado el asunto. Una frase que se ha convertido en un potente eslogan electoral para la oposición.Las de este viernes han sido unas declaraciones de extensión y tono poco frecuentes en ella ante un caso que continúa acumulando preguntas y que, según cargos del PP madrileño consultados por infoLibre, ha generado inquietud interna en el entorno de la presidenta, que está “enfadada y harta” por el hecho de que esta cuestión haya acaparado tantos titulares y horas de tertulia. Una cuestión que la baronesa del PP reprochó en varias ocasiones a los periodistas presentes. “Como ya no hay novio, ahora hay ático. Y cuando no sea el ático será no sé qué. Y llevo aquí siete años, siete años. Todos los días me hacéis preguntas que no le hacéis al resto de los políticos de este país”, reclamó, entremezclando su vida personal e institucional.Unas palabras que llegan después de que este jueves el Consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, diera explicaciones en la Asamblea y el Gobierno madrileño se viera obligado a hacer público el expediente completo de la operación. Los documentos indican que Planifica Madrid compró el inmueble aunque no se desvela quién dio la orden y que el objetivo era encontrar un espacio institucional que combinase una zona de trabajo, otra de descanso y la posibilidad de servir como “alojamiento ocasional” para autoridades autonómicas o visitantes oficiales. Sin embargo, Ayuso ha insistido en que no hay polémica alguna y que, en todo caso, a ella “no le importa” porque “no es su gestión”, dijo tras ser cuestionada por los pormenores de la compra y de la venta, cuya puja, con un precio de 6,7 millones de euros ha quedado por el momento desierta.La comparecencia improvisada de este viernes muestra cómo el ático está llevando a Ayuso al límite. No en términos de liderazgo —no hay una contestación organizada dentro del PP madrileño ni Feijóo le ha retirado su apoyo—, sino del método que durante años le ha permitido atravesar controversias imponiendo rápidamente su propio marco. Con este asunto ocurre lo contrario, ya que cada intento de poner punto final ha terminado generando muchas más preguntas. La adquisición del inmueble se mantuvo durante meses en secreto. El contrato para alquilarlo a la Consejería de Presidencia estaba a punto de formalizarse cuando se supo de la existencia del ático.Tras la publicación de El País, Ayuso aseguró desconocer los detalles de una operación que atribuyó a la gestión ordinaria del patrimonio regional y denunció una campaña de desprestigio contra ella. Tanto su Gobierno como el PP madrileño trataron de encauzar la crisis y mostrar todo su respaldo. “No sé si me quedaré en la Consejería de Presidencia o en la de Transportes, que es muy grande, y es el consejero el que se va para allá", resaltó la presidenta, que llegó a decir que el inmueble serviría para "reuniones institucionales" La polémica, sin embargo, se fue ensanchando a raíz de las erráticas explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo autonómico, que no convencían ni siquiera a la dirección nacional del PP y, a las pocas horas, se decidió poner a la venta el ático. Los incendios que asolaban entonces la Sierra Oeste aparecieron desde el primer momento como pretexto y la primera respuesta de Ayuso fue asegurar que se iba a utilizar el dinero de la venta para la reconstrucción de la zona quemada. La madrileña vinculó esas preguntas con lo que consideraba una campaña lanzada contra ella en plena emergencia.Ese fue el discurso hasta finales de agosto, cuando Alberto Núñez Feijóo se pronunció después de que algunas voces del PP calificaran de “incomprensible” esa compra. El líder del PP dijo que él conocía la operación desde abril y que Patrimonio de la Comunidad debía aclarar por qué se había comprado cuando no se podía utilizar como oficina al tratarse de un inmueble residencial. La presidenta de la Comunidad de Madrid no quiso entrar en más explicaciones y trató de zanjar el tema con el “chao pescao”, pero no lo consiguió. Ayuso respondió mostrando otra faceta de su vida privada y aseguró que, una semana antes de publicarse la existencia del ático, estaba a punto de cerrar por su cuenta el alquiler de una vivienda que había visitado durante los meses de verano. Su tesis era que, si ya estaba buscando una casa particular, no tenía sentido sostener que el Gobierno estuviera comprándole una residencia. La evolución de las respuestas muestra cómo un asunto que inicialmente remitía a una decisión administrativa de una empresa pública ha terminado entrando en la esfera más personal de la presidenta de la Comunidad de Madrid.A todo ello se suma la documentación difundida esta semana por el Gobierno autonómico, que no resuelve dos cuestiones que acompañan al caso desde hace casi dos meses: quién impulsó concretamente la adquisición y por qué se eligió ese inmueble, ubicado, además, enfrente del piso en el que reside la madre de la presidenta madrileña.El inmueble, según aseguró el consejero en la Asamblea de Madrid, lo adquirió Planifica Madrid "a petición de Presidencia". Conocer cómo se ejecutó la operación resulta importante de cara a las denuncias que se acumulan en la mesa del Juzgado de Instrucción n.º 8 de Madrid. El PP de Ayuso, sin embargo, ha vetado la comparecencia en sede parlamentaria de Pedro Corbalán, CEO de la empresa pública. En el plano judicial, la jueza Rosario Espinosa ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre la competencia de su juzgado para tramitar las denuncias presentadas en relación con la compra. Es todavía un movimiento preliminar, que no implica que Ayuso esté investigada ni establece que se haya cometido delito alguno. Pero supone que un asunto que durante semanas la Puerta del Sol intentó circunscribir al terreno mediático entra también en un recorrido judicial cuya evolución el Gobierno madrileño ya no se aventura a anticipar. El ático, además, tampoco llega solo. El Gobierno madrileño afronta simultáneamente otra controversia en torno a las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal tras la denuncia de un cirujano sobre el maquillaje de las listas de espera. Según la documentación, 57 pacientes pasaron de prioridad preferente —que establece una intervención antes de 90 días— a normal sin que los cirujanos responsables hubieran realizado una nueva valoración, lo que ampliaba de 90 a 180 días el plazo previsto para su intervención. La Comunidad admite que se modificó la prioridad a esos pacientes, pero responsabiliza de esas alteraciones al médico que hizo pública la denuncia. Una estrategia que ya ha empleado el PP de Madrid en otros casos.