PP y Vox han replicado en Andalucía la prioridad nacional pactada previamente en los acuerdos de investidura en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Aunque en el Ejecutivo central anticipan que se trata más de un discurso que de una política real al considerarlo inconstitucional, su materialización podría amenazar fondos finalistas como los 500 millones anunciados esta semana para desplegar este mismo 2026 en el marco del Plan de Integración y Ciudadanía.Seguir leyendo....