Pese a la persistencia de problemas estructurales (la dependencia de sectores estacionales, la falta de dimensión de las empresas, la dependencia tecnológica o el mantenimiento de cifras de desempleo estructural especialmente de jóvenes, entre otros), nuestra economía, tanto a nivel nacional como en Andalucía, está mostrando buenos indicadores.La buena coyuntura y las buenas perspectivas de crecimiento económico son referencias importantes sobre la fortaleza de un país, aunque no en exclusiva. Para empezar, siempre hay que tener en cuenta todos los indicadores, no sólo los positivos. En España, aspectos muy relevantes serían la situación y valoración de su deuda, o la baja productividad en algunos sectores. Tampoco puede obviarse la importancia de otros factores sociales vinculados a la calidad de vida de su ciudadanía, como, por ejemplo, su esperanza de vida, los índices de pobreza o de riesgo de exclusión o la extensión de su sistema de protección y del rango de sus servicios públicos; y, en general, los síntomas de aumento de las desigualdades. Igualmente, no se pueden desdeñar las cuestiones vinculadas a su gobernanza, su capacidad de influencia internacional o la calidad de su gobierno (considerando la transparencia de gestión o el nivel de corrupción que se asocian directamente al grado de confianza de sus instituciones).El protagonismo de lo que se ha venido a llamar la sociedad civil es sin duda otro factor a considerar. Comprendida muchas veces como la organización silente (y articulada) de la ciudadanía al margen del poder político, su capacidad es clave en el desarrollo de las potencialidades de un país. Tanto es así que, en ocasiones, se ha venido a plantear una diatriba ente este concepto, relativamente etéreo y variable, y el poder político, como antagonistas de una misma realidad. Esta contraposición a veces deriva a una conclusión interesada que excluye o limita el protagonismo que debería tener este poder político, ignorando las funciones (o deberes) que le corresponden a la hora de formalizar, canalizar y garantizar la participación de la sociedad civil en los asuntos de gobierno.primeros principiosSilencio informativo Antonio Ramírez de ArellanoEste debate adquiere una especial significación en nuestro país, sobre todo cuando se contraponen los relativamente buenos datos económicos con un contexto de crisis y cuestionamiento político e institucional importante, en aparente situación de bloqueo. ¿Es que la política es un estorbo o no es necesaria?Al contrario: la política es imprescindible. Eso sí, una política distinta de la que estamos viendo en el día a día. Una política considerada como servicio a la ciudadanía para liderar la gestión del cambio estructural que estamos viviendo, para dar respuesta a la incertidumbre derivada del mismo y para aportar -en lo posible- seguridad atendiendo el deber de transparencia. Debe canalizar la necesaria participación de la ciudadanía en la gestión de lo público y, por supuesto, debe dedicarse con empeño a resolver problemas y plantear un futuro a la sociedad. Una forma de hacer política propositiva y, por consiguiente, activa en el sentido de que habla Victoria Camps en un reciente artículo en el diario El País (El ocaso del socialismo).La reducción en que ha quedado la forma actual de entender la política no parece considerar estas premisas elementales. Por ello la acción política debe reinventarse. No debiera considerarse exclusivamente como el uso de cualquier medio para acceder o permanecer en los gobiernos, ni limitar su acción a pretender ocupar el espacio público (por otra parte, aún necesario para canalizar los intereses concurrentes). La política debiera anticiparse a las necesidades de la ciudadanía, desde posiciones legítimamente expuestas, tener capacidad de propuesta y de decisión, en su caso, con disponibilidad de transacción (diálogo) en la determinación de las medidas, que deben dirigirse al bien común (no al bien particular exclusivamente). Debe basarse en contrastar ideas y respetar al adversario político (realmente, a la contraparte), en particular a las minorías, y no buscar más imposición que la de la razón con argumentos respetuosos y respetables. Debe considerar que los límites siempre deberían situarse en el respeto a los demás, a su ámbito de personalidad y a los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, que parten de la dignidad personal, y, por supuesto, a los procesos y procedimientos definidos constitucionalmente.La política es necesaria para conformar y articular el contrato social en que se basa la convivencia pacífica que permita el desarrollo de las expectativas vitales de los ciudadanos y ciudadanas; que aporte la protección social suficiente, como dice nuestra Constitución, ante situaciones de necesidad; que, como hemos dicho, sepa anticiparse y proponer medidas de actuación activas; y que, por todo ello, desarrolle el proyecto común que es un país. Si la acción política se entiende exclusivamente como un espacio de confrontación y polarización interesada, de exclusión del diferente da lugar al paroxismo, que concluye indefectiblemente con el conflicto más feroz cuyas consecuencias deberían ser sobradamente conocidas.En el actual contexto de cambio social, económico y geopolítico global deberíamos ser exigentes con la clase política. Y no parece que estén a la altura. Para que un proyecto lo sea realmente debe basarse en contrastar propuestas transformadoras. Los proyectos que son exclusivamente personalistas se agotan inmediatamente tras las personas que dicen liderarlos. Además, suele ser una constante que, para llegar y consolidar estos liderazgos individuales, se habrá asumido el riesgo de desvirtuar cualquier debate de ideas para conformar cualquier propuesta. En general, la constatación de un excesivo (y fomentado) individualismo predominante dificulta interesadamente cualquier proyecto común o, incluso, cualquier reflexión de carácter colectivo y se banalizan e infantilizan los mensajes. Y ya sabemos quién gana en el eslogan fácil: el populismo.Es evidente el actual proceso de descomposición de la política española. Además, no hay atisbo de acuerdo en los asuntos esenciales y los extremos determinan los discursos y el contenido de las políticas. La ideología, de la que nominalmente parecen renegar, se sitúa en estos ámbitos, condicionando los gobiernos desde posiciones ajenas al acuerdo constitucional.Por ello tienen valor algunas manifestaciones que, aunque inicialmente modestas, suponen una auténtica reivindicación de la capacidad de participación, de diálogo y de acuerdo. En estos días de prioridades excluyentes, el Consejo Económico Social de Andalucía ha aprobado su Informe Socio Económico de 2025; un informe que viene acompañado por un documento de consideraciones y propuestas dirigidas a todas las administraciones con la finalidad, según el propio documento, de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en Andalucía, incidiendo en muchos de los problemas que les afectan. No se trata solo de valorar su contenido, sino de reconocer el esfuerzo de acuerdo entre las partes, su capacidad de empatía para identificar cuestiones, muchas de ellas recurrentes, que afectan a nuestra comunidad. Es realmente una puesta en común desde el punto de vista de cada contraparte con la finalidad de mostrar la capacidad de acuerdo que debería celebrarse en una serie de temas que deberían centrar la acción política en Andalucía. Seguramente es una visión ingenua de la gestión, pero cuánta falta hace un poco de sana ingenuidad en la política española y andaluza que rescate los valores universales de nuestra tierra.