El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado que la junta de gobierno local ha aprobado solicitar a la sociedad municipal Cádiz 2000 la realización de un estudio de viabilidad jurídica, económica, legal y administrativa sobre la posibilidad de asumir la gestión pública del servicio de ayuda a domicilio una vez concluya el actual contrato de prestación vigente. El alcalde ha explicado que esta decisión se ha comunicado esta misma mañana al comité de empresa del servicio, en un movimiento que abre la puerta a una eventual municipalización de esta prestación social.Junto a este anuncio, García ha confirmado que el Ayuntamiento va a abrir un expediente de sanción contra la empresa concesionaria del servicio, Óbolo, después de que, pese a haberse realizado varios requerimientos, se sigan produciendo incidencias tanto en el pago de las nóminas como en el registro de control de presencia de las trabajadoras. Esta información también ha sido trasladada al comité de empresa en la reunión mantenida esta mañana.Un servicio en crecimiento desde el inicio del mandatoEl alcalde ha querido poner en valor la evolución del servicio desde que su equipo de gobierno llegó a la Alcaldía, destacando el incremento tanto en el número de usuarios como en la plantilla y las horas de atención. En concreto, el número de usuarios dados de alta asciende actualmente a 1.316 personas, lo que supone un incremento de 225 respecto a los 1.091 que había al inicio del mandato. La plantilla, por su parte, ha pasado de 432 a 615 trabajadoras, un aumento de 183 personas, a lo que se suma que un centenar de ellas han ampliado su jornada laboral.Al margen de este asunto, la junta de gobierno local ha aprobado también la salida a licitación de las obras de señalización horizontal en la ciudad, con un presupuesto de 447.936,99 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Los trabajos consistirán en el pintado de todo el viario urbano, incluidos los pasos de peatones, así como en el suministro e instalación de badenes reductores de velocidad.Nuevas infraestructuras en las calles General Luque e Infanta LeonorEntre los acuerdos adoptados, se ha autorizado a Aguas de Cádiz para iniciar la licitación del proyecto de la calle General Luque, una actuación calificada como "necesaria y estratégica" para modernizar las infraestructuras básicas de la vía, con una inversión de 195.394,62 euros. Las obras permitirán renovar el abastecimiento de agua potable mediante una nueva conducción de fundición dúctil de 100 mm, así como instalar un nuevo colector de saneamiento de gres de 300 mm, conectado con las redes existentes en las calles San Francisco, Argantonio, Doctor Zurita y Beato Diego. La actuación incluirá además la renovación completa del pavimento, la recuperación de los adoquines de granito existentes y la nivelación de toda la calle para mejorar la accesibilidad y la movilidad peatonal.También se ha aprobado la salida a licitación de las obras de impermeabilización de la junta estructural en los edificios de la calle Infanta Leonor, en el barrio de Astilleros, con un presupuesto de 15.501 euros y un plazo de ejecución de un mes. Este proyecto responde a las reclamaciones de los vecinos, que venían denunciando filtraciones de agua en sus garajes durante los días de lluvia y de baldeo de la calle.En materia de acción social, la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a un convenio con la asociación Tierra de Todos, a la que se otorgará una subvención directa de 65.000 euros destinada a garantizar una atención integral a las personas migrantes y sus familias. Asimismo, se han aprobado ayudas sociales por un importe total de 15.601 euros, repartidas entre 23 ayudas de emergencia social (11.964 euros), tres ayudas económicas familiares (1.275 euros), doce ayudas para el pago de la luz (617 euros) y 31 ayudas para el pago del agua (1.740 euros).Por último, la Junta de Gobierno Local ha aprobado también tres bonificaciones para pensionistas en el pago de la luz, dos en el pago del agua, 25 ayudas de cobertura energética anual, 27 suministros vitales de agua y tres nuevas altas en el propio servicio de ayuda a domicilio, completando así un paquete de acuerdos centrado tanto en infraestructuras urbanas como en refuerzo de la atención social a los colectivos más vulnerables de la ciudad.