Víctor de Aldama, empresario y corruptor, fue condenado días atrás por el Tribunal Supremo dentro del caso Ábalos, con una sentencia histórica para un ministro en España. La tesis de la Justicia es que el corruptor, el inductor de la corrupción pública y política, el que se aproveche de una ilegalidad, puede expiar sus pecados si ayuda para hacer caer al dirigente público que se lucró o participó del ilícito.Pasados unos días, y seguramente a cuenta de que la sucesión de noticias es imparable, quizás haya que detenerse un momento para entender la verdadera dimensión de lo dictado por el Supremo, que es el más alto tribunal de la Justicia en España y que solo puede ser enmendado cuando alguna práctica sea contraria a la Constitución, vía Tribunal Constitucional. No cabe esperar que eso vaya a ocurrir en este caso. OpiniónLa traición que paga: el caso Aldama, el dilema del prisionero y el precio oculto de los arrepentidos Francisco GarridoLas consecuencias de la sentencia, donde Aldama queda exento de entrar en la cárcel a pesar de que se reconoce su culpabilidad, serán enormes. Nunca como hasta ahora había salido tan a cuenta delatar a los compinches, especialmente cuando de la quiebra de la confianza democrática -que es de lo que va la corrupción- se trate.Con este precedente, investigadores, instructores y juzgadores tendrán margen como nunca antes para ofrecer tratos. Hay quien pone el acento en que esta fórmula innovadora se pone en marcha contra un gobierno socialista, y por ello ponen en duda, en cierto sentido, la legitimidad de los jueces. Pero esta vía Aldama valdrá para causas de todo tipo.El Parlamento Europeo lleva años pidiendo a los países miembros que actualicen sus normativas para protecer a los delatores de delitos frente a sus empleadores o los poderes públicos. En cualquier caso, hay muchos tipos de riesgos. Por ejemplo, que un juzgado no calibre bien y acabe ofreciendo beneficios a quien en realidad estuviera cometiendo delitos de mayor gravedad que aquellos que se pretendían destapar. O también, el riesgo de fabricar pruebas para exculpar el delito propio. Todo esto obliga a cierta mesura en la puesta en práctica de esta nueva tesis. Pero desde luego es innegable que va a dejar una huella en la política de nuestro país.