El tema de la inmigración está en muchos puntos del pacto de 150 puntos que han suscrito PP y Vox en Andalucía. Aunque hay un apartado específico para este tema, el tema se cuela incluso en el capítulo de Sanidad, donde aparece una medida que no figuraba en pactos anteriores: una "auditoría anual del coste sanitario derivado de la atención a extranjeros en Andalucía". El documento detalla que se diferenciará, "en la medida en que lo permita la legislación vigente", entre residentes legales, desplazados temporales y personas sin residencia legal, y que el gasto se desglosará según el tipo de asistencia: urgencias, farmacia, hospitalización, partos, pruebas diagnósticas o atención especializada.La auditoría, recogida en la medida 100 del pacto, será pública y deberá incluir también el coste "no compensado" por el Estado, por otros países o por convenios internacionales, así como las facturas emitidas, cobradas y pendientes de cobro.El acuerdo la acompaña de la creación de una unidad de facturación dentro del SAS encargada de reclamar y recuperar los costes sanitarios que deban abonar "terceros obligados al pago": aseguradoras, mutuas u otros países. El objetivo, dice el texto, es que los recursos del SAS "se destinen prioritariamente a los andaluces y españoles que sostienen el sistema". política"He escuchado que se va a dejar sin sanidad a inmigrantes o que se van a desescolarizar, todo eso es mentira" Pablo Fdez. QuintanillaEsta es solo una de las medidas más llamativas de este pacto. Pero lógicamente el bloque de inmigración es el más marcado ideológicamente de todo el documento y donde más se nota la impronta de Vox. La medida de mayor calado jurídico es la introducción del principio de "prioridad nacional" en el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, un concepto históricamente ligado a la extrema derecha europea. Juanma Moreno ha insistido en sus dos últimas intervenciones que la prioridad en realidad no cambia mucho, y que algunas conclusiones, como que no se dará cobertura sanitaria a migrantes o que se desescolarizará, son mentira. Pero eso no significa que no haya medidas sobre migración, que las hay.En la práctica, se traduce en períodos mínimos reforzados de arraigo y empadronamiento (10 años de padrón para comprar vivienda protegida y 5 para alquilarla), en la exclusión de las personas en situación irregular de las prestaciones estructurales —limitadas a casos de "urgencia vital"— y en la petición de reformar la Ley de Extranjería para hacerlo posible. Un reconocimiento implícito de que el marco legal actual lo impide. De hecho, el propio texto repite una y otra vez la coletilla "adecuado a la legalidad vigente", señal de que sus redactores saben que estas medidas bordean los límites constitucionales y del derecho europeo, y que probablemente acabarían en los tribunales.Menores extranjerosCon los menores extranjeros no acompañados, el pacto dice que no se habilitarán nuevos centros ni plazas y el gasto se reducirá "al mínimo imprescindible", aunque cumpliendo "el marco legal vigente". Una tensión evidente, porque la tutela de menores es competencia autonómica obligatoria. La Junta promoverá además acuerdos con los países de origen para repatriarlos —pese a que las repatriaciones son competencia estatal— y reforzará las pruebas de determinación de edad para "evitar fraudes en la condición de menor". Se anuncia también un "endurecimiento del régimen interno" de los centros.políticaJuanma Moreno: "La prioridad nacional es el arraigo, que ya existe en nuestra Administración, pero ahora se refuerza" Pablo Fdez. QuintanillaEl acuerdo suprime, además, todas las subvenciones a ONG que "participen directa o indirectamente" en la "promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal", entidades a las que llega a calificar de "cooperadores necesarios de las mafias". La fórmula es tan amplia que podría afectar a organizaciones de acogida humanitaria, asistencia jurídica o rescate.Prohibidos burka y nicabEl pacto prohibirá antes de fin de 2026 el burka y el nicab en espacios y servicios públicos autonómicos, una medida simbólicamente potente pero de impacto práctico limitado. También se creará un servicio de verificación del fraude en el padrón y se exigirá al Gobierno central que empadronarse sin título de ocupación de la vivienda sea nulo de pleno derecho.Las medidas de mayor impacto —extranjería, repatriaciones, expulsiones— no son competencia autonómica, por lo que quedan en exigencias al Gobierno central. Donde la Junta sí tiene competencias, la receta que se aplicará es restringir el acceso, recortar gasto y auditar costes. Y el lenguaje —"efecto llamada", "inmigración masiva", "mafias"— marca un giro respecto al pacto de 2019: la inmigración es ahora el segundo capítulo del acuerdo, solo por detrás de la fiscalidad.