Feijóo agita números falsos, mezcla la regularización de personas migrantes con el proceso de adquisición de la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, mientras Ayuso se pregunta si "¿están intentando nacionalizar socialistas?" y Sémper asegura que el PP no denuncia un "pucherazo"El PP azuza con la ley de memoria democrática sus denuncias sin pruebas de 'pucherazo' electoral El PP mantiene su estrategia de denunciar que el Gobierno está usando la conocida como 'ley de nietos' para influir en las próximas elecciones generales. Aunque su portavoz, Borja Sémper, ha dicho este viernes que no ponen “en tela de juicio” la limpieza del proceso, su jefe de filas ha asegurado poco después que Pedro Sánchez busca “alterar el censo” electoral. “Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes”, ha espetado el líder de la oposición en un acto de partido en Castellón, mientras la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se preguntaba esta misma semana: “¿Están intentando nacionalizar socialistas?”. Ante la plana mayor del PP valenciano, inmerso en una pugna por ver quién lidera la candidatura tras la retirada de Carlos Mazón, Feijóo ha denunciado una “nacionalización masiva” y una “alteración del censo”. “Ningún español cree que hay buena fe en el Gobierno”, ha afirmado, para mezclar los dato de solicitudes del proceso de nacionalización y de la regularización extraordinaria de personas migrantes y mostrarlos como si fueran ya permisos concedidos. Feijóo ha dado una cifra cercana a los ocho millones de personas más “en el censo”, una cifra totalmente falsa. Ha acusado de oscurantismo al Gobierno por “no transparentar cómo se toman las decisiones” y ha puesto en duda que se haga “con limpieza, independencia, garantáis y sin arbitrariedad”. El líder del PP ha ido incluso un paso más allá al sostener que es “irresponsable que se impulsen cambios sociales sin planificación”. Una frase que ha dicho un día después de denunciar que “no hay país que lo resista desde el punto de vista social, desde el punto de vista de bienestar y desde el punto de vista cultural”. Este viernes ha afirmado que esta “ingeniería social no tiene objetivos inocentes”. elDiario.es ha preguntado a diferentes portavoces del PP qué significado le dan al concepto “ingeniería social”, sin que ninguno haya querido responder. Porque el PP intenta, sin éxito, decir a la vez que confía en el proceso electoral español y que no están alertando de un fraude electoral, con señalar al Gobierno por manipular el censo mediante el proceso de nacionalización extraordinario a cuenta de la Ley de Memoria Democrática que terminó el año pasado. Abrieron fuego a principios de la semana Feijóo y Ayuso en sincronía. El líder del PP aseguró que este procedimiento es “ingeniería electoral” y que era una operación de Sánchez porque “con los actuales votantes no le salen las cuentas”. La presidenta de Madrid fue más allá, como es habitual, y aseguró que “el reparto de escaños es ilegal” y que “obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo”. Una línea discursiva que su partido ha mantenido durante toda la semana. Feijóo acusó a Sánchez expresamente de “fabricar dos millones y medio de votantes” con la ley de memoria ante el riesgo de “perder las elecciones”, y pidió detener un proceso que, en realidad, está cerrado desde octubre de 2025. Lo que está haciendo ahora la administración es verificar si los solicitantes cumplen o no los requisitos, pero ya no se puede apuntar nadie más. “Las encuestas le dicen que va a perder las elecciones con los votantes que tiene actualmente” y, por eso, “lo que va a fabricar son 2 millones y medio de votantes”, ha dicho estos días el líder de la oposición. Ni el PP ni Vox, que ha hablado directamente de golpe de Estado, alertaron de ningún problema durante la tramitación parlamentaria de la ley, y solo lo han hecho este 2026, cuando ya no hay forma de revertir el proceso. Y mientras los principales dirigentes del partido azuzan las denuncias de 'pucherazo', sus portavoces intentan reconducir el discurso. Ester Muñoz, por ejemplo, aseguró que el PP “siempre” defendió la nacionalidad para descendientes de exiliados, mientras este mismo viernes, Borja Sémper ha insistido en que creen “que los nietos tienen ese derecho” a recibir la nacionalidad española. “Otra cosa”, ha añadido en una entrevista en Antena 3, “es que esto se haya convertido en un desbarajuste y se haga sin garantías legales exigibles, con el Gobierno actuando con opacidad y que aumenten el censo en 2,7 millones de personas. Parece razonable que la oposición exija transparencia”. Una afirmación falaz, porque el censo no va a aumentar en 2,7 millones de personas. Ese es el número de solicitantes de la nacionalidad española, lo que no quiere decir que todos vayan a tener una respuesta positiva. De hecho, desde 2022 hasta ahora se han aprobado alrededor de medio millón de peticiones, de las que poco más de 300.000 han sido anotadas en el Registro Civil, según los últimos datos aportados por el Ministerio de Justicia a preguntas del propio PP en el Senado.