“¡Exprópiese!”. La pulsión colectivista de Hugo Chávez resonaba en toda Venezuela mientras caminaba por las calles de Caracas gracias a los micrófonos de ¡Aló, presidente!, el programa de televisión en el que el fallecido presidente venezolano (1999-2013) comunicaba sus actos de Gobierno, como la confiscación de empresas. Han pasado más de 15 años desde entonces y la revolución bolivariana agoniza bajo la renovada doctrina Monroe impuesta por Donald Trump, con un Gobierno interino sometido a la Casa Blanca y obligado a enajenar los recursos naturales del país.El acuerdo petrolero suscrito entre Trump y Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, permitirá a Washington explotar una quinta parte de las reservas de crudo del país (unos 65.000 millones de barriles en 17 yacimientos). El secretismo sobre los términos del pacto pone en entredicho las declaraciones y comunicados de ambas partes. El mandatario republicano se refirió a una concesión de 100 años gracias a la cual Estados Unidos duplicará sus mermadas reservas, y definió la “privatización” del sector de hidrocarburos venezolano como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”. Rodríguez rebajó ese periodo a 25 años prorrogables, sin ceder la propiedad de los yacimientos. La concesión conllevará unos 100.000 millones de dólares de inversión y dejará unos ingresos fiscales para las arcas estatales de más de 200.000 millones de dólares, un monto que, según Caracas, contribuirá de manera exponencial al desarrollo económico del país.Más allá de las cifras deslumbrantes, ni Trump ni Rodríguez han desgranado las cláusulas del acuerdo. El anuncio debe ser visto, en principio, como una reivindicación pública de las agendas de ambos mandatarios, disímiles ideológicamente pero convergentes en la asunción de las ventajas de la realpolitk. Trump tratará de presentar el contrato como el germen de un alivio energético para Estados Unidos, tras el fiasco de su guerra con Irán y el aumento del precio de los combustibles en su país. Con las elecciones legislativas de medio mandato a la vuelta de la esquina (el 3 de noviembre), el pacto petrolero le servirá de señuelo económico aunque dentro de dos meses no pueda apreciarse todavía su efecto en el bolsillo de los estadounidenses. Delcy, por su parte, se debate cada día en su lucha por la supervivencia política, consciente de que el barco a la deriva que capitanea flota a merced del oleaje que impone la Casa Blanca. Su sumisión roza el vasallaje en una Venezuela que ha pasado en un cuarto de siglo de portar el estandarte de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos a convertirse en un protectorado de Washington.Entre los muchos interrogantes que todavía quedan por despejar sobre el convenio bilateral sobrevuela además una sombra que difumina aún más el horizonte. La explotación de los yacimientos se realizará a través de la compañía North American Blue Energy Partners (Nabep), cuyo propietario es el magnate venezolano Alejandro Betancourt, un millonario de 46 años que labró su fortuna, con mucha ingeniería financiera, en tiempos de Chávez, se alió luego con la oposición más beligerante y está siendo investigado por la justicia de Suiza y España por presunto blanqueo de capitales. La compañía de Betancourt lleva sólo dos años operando pozos en Venezuela y ya es la segunda mayor productora, tras Chevron. Tendrá a partir de ahora los derechos de explotación de los 17 yacimientos en el lago de Maracaibo y la faja del Orinoco, algunos de los cuales fueron operados en su día por China y Rusia. Washington contará con una participación del 35% a través de una oficina del Pentágono, el acceso al 20% de la producción a precio de coste y prioridad comercial para el 80% restante.A falta de conocer los entresijos del pacto petrolero, su carta de intenciones concede tanto a Trump como a Delcy Rodríguez algo de vuelo político ante sus respectivas opiniones públicas. El acuerdo, además, sienta las bases para que Estados Unidos se apropie de los recursos naturales de Venezuela, en una operación con múltiples aristas y cuyos beneficios para Venezuela no están del todo claros. Y, por último, deja a América Latina en una posición todavía más dependiente y asimétrica respecto a su poderoso vecino del norte. Washington cumple así con los postulados de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en diciembre de 2025, bajo los que se autoproclama dueño y señor del hemisferio occidental para contrarrestar la creciente influencia de Pekín en la región.Las críticas al acuerdo han arreciado tanto entre sectores de la oposición como por parte del chavismo más ideológico, sin voz ya en el Palacio de Miraflores. Tras varios días en silencio para no incomodar a Washington, María Corina Machado, la principal dirigente opositora, difundió un vídeo en el que cuestiona la legitimidad del Gobierno de Rodríguez para firmar un pacto de esta naturaleza: “El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo”, se lamentó. En un alarde de equilibrismo político, Machado defendió el rol de Estados Unidos como socio prioritario y necesario de Venezuela “para desarrollar a plenitud su valor estratégico”. La Premio Nobel de la Paz aguarda su hora para participar en unas elecciones que, sin embargo, no se vislumbran a corto plazo. El propio mandatario republicano enfrió esa posibilidad hace unos días al declarar que el país no está preparado todavía para ir a las urnas. Su plan de transición pasa por una primera etapa de estabilización, otra de recuperación económica y una tercera fase en la que se celebrarían los comicios. A día de hoy, el gobierno interino de Rodríguez resulta mucho más provechoso para Trump que un eventual ejecutivo de Machado. El acuerdo petrolero evidencia que el ataque militar del 3 de enero en Caracas y el secuestro de Maduro no tenían como finalidad propiciar la democratizació n de Venezuela sino apropiarse de los recursos del país.Para Henrique Capriles, que se batió en las urnas con Chávez y Maduro y hoy representa al sector moderado de la oposición, el anuncio deja muchas preguntas sin responder: “¿Dónde está el contrato? ¿Quién lo firmó? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el alcance del acuerdo petrolero? ¿Cuál es su base legal en función de lo que establece nuestra Constitución? ¿Qué vamos a recibir los venezolanos? ¿Qué vamos a entregar los venezolanos y en qué condiciones?”, se cuestionó en sus redes sociales el exgobernador del estado de Miranda.Desde las filas chavistas, William Rodríguez, exmiembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, ha sido una de las voces más explícitas al definir el pacto como “la mayor traición petrolera en la historia del país”. Al igual que algunos diputados de la oposición, Rodríguez ha reprochado al Gobierno que un acuerdo de estas características no haya sido debatido previamente en sede parlamentaria. “Es el mayor saqueo en la historia de Venezuela”, abundó por su parte Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y Minería en la época de Chávez. Ramírez puso el énfasis en la posible inconstitucionalidad del pacto si se enajenan las reservas petroleras del país.El control soberano de los recursos naturales del país constituyó la piedra angular del discurso de Chávez para combatir la desigualdad y la pobreza. Una bandera ideológica defendida hasta hace bien poco por los antiguos compañeros de armas del comandante, como Diosdado Cabello, quien a finales de 2025, unas semanas antes de la caída en desgracia de Maduro, seguía insistiendo en que de Venezuela no saldría “ni una gota de petróleo para Estados Unidos” si se producía una agresión. El bombardeo de Caracas en la madrugada del 3 de enero y el rapto de Maduro y su mujer, Cilia Flores, por un comando de fuerzas especiales estadounidenses, provocaron un seísmo en la estructura del régimen. Cabello, eterno número dos en el periodo puramente chavista y más tarde en el madurista, sobrevivió políticamente al golpe de Estado y se alió con los pragmáticos hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge, presidente de la Asamblea Nacional). Si Washington no ha pedido todavía su cabeza ha sido, con toda probabilidad, por temor a que un desajuste en los equilibrios del poder provoque una desestabilización del país.Queda mucho tiempo por delante para comprobar cómo afectará el acuerdo petrolero al desarrollo económico de Venezuela. ¿Llegarán las inversiones millonarias prometidas para modernizar unas infraestructuras obsoletas? ¿Habrá una redistribución de la renta con los ingresos fiscales que anuncian las autoridades venezolanas y una mejora de los maltrechos servicios públicos? ¿Qué sucederá cuando Trump y Delcy Rodríguez, verdaderos beneficiarios del pacto en términos políticos, ya no estén en el poder? De momento, lo que emerge es una triste y contradictoria conjetura: la entrega por parte de los últimos herederos del chavismo de la soberanía petrolera a Estados Unidos, uno de esos guiños macabros de la historia, a 100 años vista del régimen de Juan Vicente Gómez, el dictador que abrió los campos petrolíferos a las empresas norteamericanas a cambio de suculentos cheques y los favores de Washington.