Más de cuatro años después de la invasión ordenada por Vladímir Putin, la guerra de Ucrania ya ha durado más que la Primera Guerra Mundial y se ha enquistado en la frontera oriental de Europa. Los últimos bombardeos indiscriminados sobre Kiev y otras ciudades, agravados por la escasez de misiles antiaéreos, confirman que la guerra ha entrado en una fase especialmente crítica. Rusia explota la vulnerabilidad del espacio aéreo ucraniano para intensificar el castigo a la población civil. La naturaleza del conflicto también ha cambiado. El frente apenas se mueve, pero la violencia se intensifica en la retaguardia. Rusia ha convertido el terrorismo estratégico en un instrumento de presión. Hospitales, infraestructuras energéticas, almacenes y, más recientemente, estaciones de servicio frecuentadas por civiles han pasado a formar parte de una campaña destinada a quebrar la moral ucraniana. Paralelamente, Kiev ha demostrado una creciente capacidad para golpear la retaguardia rusa, afectando instalaciones petroleras, cadenas logísticas y objetivos militares de alto valor. La guerra de desgaste comienza a imponer costes crecientes a ambos contendientes, aunque el Kremlin sigue confiando en que Occidente se canse y deje de apoyar a Ucrania. Ese riesgo obliga a revisar la estrategia seguida hasta ahora. Desde 2022, los aliados han evitado la derrota de Ucrania, pero han dosificado la ayuda militar para impedir una escalada con Rusia. El resultado ha sido un equilibrio inestable que prolonga el conflicto sin crear condiciones para resolverlo. La actual escasez de misiles Patriot demuestra las limitaciones de esa política. Mantener a Ucrania en condiciones de resistir, pero no de modificar el equilibrio estratégico, favorece una guerra indefinida. Es ilusorio pensar que el desenlace llegará mediante una victoria militar absoluta. Ucrania soporta un enorme desgaste y Rusia también acusa el impacto bélico. Ambos gobiernos continúan convencidos de que unas semanas más de combates pueden mejorar su posición negociadora, cuando la realidad apunta a que cada mes adicional incrementa los costes y reduce el margen para la paz. Algunos análisis occidentales coinciden en que se abre una oportunidad para explorar una negociación seria. Esa oportunidad exige también extraer lecciones de los errores cometidos. Los reiterados anuncios de Donald Trump sobre un final rápido de la guerra, acompañados de mensajes ambiguos sobre el respaldo militar a Kiev, lejos de favorecer una salida negociada han contribuido a alimentar las expectativas del Kremlin de prolongar el conflicto. Putin ha interpretado esas vacilaciones como un incentivo para ganar tiempo, no para hacer concesiones. Negociar no significa aceptar la agresión ni premiar la ocupación. La experiencia de estos años demuestra que el líder ruso solo modifica sus cálculos cuando percibe que el coste de continuar la guerra aumenta de forma significativa. La diplomacia únicamente tendrá posibilidades de éxito si va acompañada de una posición de fuerza. Europa y Estados Unidos deben decidir si aspiran únicamente a administrar este conflicto o a crear las condiciones para terminarlo. Eso exige reforzar con urgencia la defensa aérea ucraniana, acelerar la producción de interceptores e incrementar la presión sobre Rusia. La paz sigue siendo el objetivo irrenunciable. Pero solo será posible cuando Moscú comprenda que prolongar la guerra resulta más costoso que negociar de buena fe. La prolongación indefinida del conflicto no solo desangra a Ucrania y desgasta a Europa; también favorece a quienes contemplan desde fuera el debilitamiento simultáneo de Rusia y de Occidente. China es, por razones estratégicas y económicas, uno de los principales beneficiarios de esa erosión mutua. Esa es la única vía para evitar que un conflicto ya convertido en una herida permanente en Europa acabe erosionando también la credibilidad de Occidente y el orden de seguridad construido tras el final de la Guerra Fría.