La incómoda vara de las dimisiones

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En política, las decisiones importantes se toman en días, minutos, y el error o el acierto queda grabado en una memoria irrevocable que salva o condena para siempre a quien las tomó. El PP no podrá borrar la gestión del 11M, el PSOE arrastra las decisiones de Felipe González con los GAL y, cuando las tragedias se repiten —siempre lo hacen—, queda una hemeroteca de rendición de cuentas que salva o condena al político, al partido y a su Gobierno. "¿Qué es lo que habría hecho yo en la oposición?", reflexionó en voz alta Óscar Puente durante la ronda de preguntas sobre su futuro en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, antes de presentar su dimisión. De haberse quedado, nunca podría haberse diferenciado de esa oposición a la que señalaba. Si es cierto que el propio Pedro Sánchez quiso mantener al ministro hasta el último minuto, ambos habrían cargado con un enrocamiento muy alejado de la altura política que exigían dos accidentes tan mortíferos en menos de un año.Responsabilidad, altura, hacerse cargo, hacer lo que toca. Hay muchas maneras de definir por qué un responsable político al frente de un ministerio como el de Transportes debía dimitir. Esa parte del discurso de Puente la habría podido copiar de los argumentos que dábamos muchos desde la fatídica mañana del 28 de octubre. En la anatomía forense que separa la negligencia directa y dolosa de la política. Puente no es el causante de los accidentes. La responsabilidad directa es otra cosa. El Yak-42 de Federico Trillo es el mejor ejemplo. Pero sí tenía que hacerse cargo del umbral del dolor, del impacto social y la impotencia incluso de la fatalidad continuada. Si hoy debatimos sobre ello, si quienes pidieron su dimisión desde el primer día ahora cuestionan su salida, es porque la carcoma de la campaña electoral se lo come todo. Incluso la coherencia de los que señalaban su salida y ahora la critican.  La salida de Óscar Puente es justa y coherente con los 115 fallecidos. Ya no es posible saber cómo habría afectado que siguiera hasta el 29N. Sí sabemos que el empecinamiento de haber mantenido el cargo habría sido una mancha para los estándares del PSOE y habría hipotecado su futuro. Solo haciéndose cargo de Adamuz y Urda podrá aspirar a tenerlo, sea el que sea. El límite de lo que una sociedad puede asumir sin que tenga consecuencias políticas estaba en su salida. Tomó la decisión donde tocaba y cuando tocaba. En el Congreso, tras dos ruedas de prensa, tres días de luto oficial, la aprobación del paquete de medidas a tres semanas del 29N y una comparecencia parlamentaria ante una cascada de peticiones de dimisión. Puente ha gestionado la urgencia de la catástrofe. Ha dado explicaciones que ya demostrará la investigación si eran más o menos precisas. Ha aguantado la presión de más de cuatro horas de comparecencia. Y ha dado un paso a un lado. Ni podía, no debía hacer otra cosa. Hay muchos Óscar Puente. El azote tuitero en redes sociales. El militante con carisma entre las bases del PSOE dispuesto a dejarse querer para el futuro relevo de Pedro Sánchez. El Puente de la gestión municipal al frente de la alcaldía de Valladolid. El Puente negociador –Junts o el PNV pueden dar cuenta–. Y ahora un Óscar Puente que fija unos estándares que deberían quedar grabados a fuego en la praxis política.   El PP no puede dar lecciones sobre dimisiones ni sobre reparación del dolor de las víctimas en tiempo y forma. No puede el PP de antes, el del Prestige, Angrois, el del Yak-42 o el del Metro de Valencia. Tampoco el de hoy. A Mazón tuvieron que echarlo las víctimas, más de un año después de la dana, en el funeral de Estado. Los gritos desgarradores frente a los reyes pusieron punto final a su continuidad política al frente de la Generalitat. Pero ahí sigue, con su escaño y su sueldo público, avalado por Alberto Núñez Feijóo. Sin un solo reproche público. Sin que la dirección del partido haya exigido que abandone su acta y pase al Grupo Mixto por aferrarse al cargo.De los dos grandes partidos de Gobierno, el PP ha sido el único que ha traspasado la línea de insultar públicamente a las víctimas y a sus familiares. Ocurrió con Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11M. La Audiencia Nacional tuvo que investigar los insultos recibidos. Uno de los ejemplos fue el de un dirigente de Nuevas Generaciones: "Cada día dudo más que el hijo de esa tipeja fuese el 11M en el tren". Ocurrió con las familias de las residencias madrileñas, a las que Ayuso llamó "marea de rebotados" y "plataforma de resentidos". Y ha vuelto a ocurrir con las víctimas de la dana, cuestionadas y señaladas por reclamar responsabilidades. "Qué poco queda para verte a sueldo del PSOE", escribió un gerente provincial del PP a la presidenta de la asociación de víctimas. Ya no es solo que no dimitieran ni asumieran responsabilidades. Es que, además, atacaron públicamente a las víctimas que tenían todo el derecho a exigirlas.La salida de Puente ha abierto un debate incómodo para muchos sobre los estándares de las dimisiones. Feijóo ha tenido que explicar cómo Carlos Mazón sigue en Les Corts y en una Comisión. Pero ahí están los hechos. Puente dimitió, a Mazón le echaron. Puente ha renunciado a encabezar la candidatura por Valladolid, Mazón sigue en su escaño.