La dimisión de Óscar Puente no ha servido para rebajar la ofensiva del PP contra el Gobierno. Tampoco para dar por satisfecha una de las principales exigencias que la derecha había dirigido al ministro de Transportes desde los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda. Apenas unas horas después de que Puente anunciara su salida del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo aseguró este miércoles que todo ha sido un "teatrillo" y atribuyó la decisión a las encuestas electorales. En Génova lo argumentan así: "No ha dimitido él. Le ha dimitido Tezanos. No se va por las víctimas ni por dignidad, sino por las encuestas", sostienen. Su conclusión es que la renuncia no cambia nada y que ahora corresponde exigir responsabilidades a Pedro Sánchez. Feijóo alimentó esa tesis durante una entrevista en Antena 3. A su juicio, la comparecencia del martes en el Congreso estuvo calculada para que el anuncio de Puente coincidiera con los informativos de máxima audiencia. El líder conservador reprochó al exministro que esperara hasta el final de la sesión para comunicar su marcha, alrededor de las nueve de la noche, y calificó su actuación como "una forma indigna de irse". También puso en duda la versión de Puente, que aseguró haber comunicado su decisión a Sánchez apenas unos minutos antes de anunciarla. El presidente del PP fue más allá al vincular directamente la renuncia con los trabajos demoscópicos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según Feijóo, José Félix Tezanos habría completado durante los últimos días un trabajo de campo cuyos resultados habrían llevado al Gobierno a decidir la salida del ministro ante el riesgo de que el PSOE cayera por debajo de los cien escaños. El líder del PP no aportó ninguna prueba, pero se ha convertido en uno de los principales mensajes de la cúpula directiva. "No va a colar", advierten fuentes de la dirección del PP, que rechazan que la renuncia pueda servir para cerrar la crisis política abierta por los accidentes ferroviarios. Para Génova, la responsabilidad no empieza ni termina en Puente. "El principal problema está en quien puso las infraestructuras en manos de Ábalos, primero, y de Puente después", sostienen. El partido trata así de trasladar el foco desde el ministro que acaba de abandonar el Gobierno hasta el presidente que lo nombró y que previamente había confiado esa cartera a José Luis Ábalos.Es precisamente ese desplazamiento el que permite al PP mantener su ofensiva después de que se haya producido la dimisión que llevaba reclamando. "La responsabilidad no se delega y Pedro Sánchez no puede esconderse detrás de Óscar Puente. Su responsabilidad todavía no ha sido depurada, pero le dimitiremos en las urnas. 116 fallecidos exigen verdad, explicaciones y responsabilidades al más alto nivel", insisten las mismas fuentes.Esa última exigencia llega cuando Sánchez ya ha convocado las elecciones generales. Los ciudadanos están llamados a votar dentro de menos de un mes y ahí el presidente del Gobierno se someterá al juicio de las urnas. La dimisión de Puente, además, supone una asunción de responsabilidad política que las derechas habían reclamado reiteradamente. La dirección del PP trata de evitar que esa circunstancia pueda presentarse como el cierre de la crisis. "Ni la salida ahora de Puente ni la de Sánchez después del 29N nos hará olvidar lo más importante que es saber qué ha pasado y qué hay que hacer para recuperar la seguridad perdida en el transporte ferroviario", señalan desde la formación de Feijóo. En el Congreso, Ester Muñoz se mostró especialmente beligerante con el socialista. Durante la comparecencia de Puente ante la Diputación Permanente, la portavoz parlamentaria del PP cuestionó su gestión y le reprochó que no hubiera asumido antes responsabilidades políticas. "Usted no es ministro para explicar accidentes, es ministro precisamente para evitarlos", le espetó. El anuncio de dimisión, realizado al término de la sesión, tampoco modificó su discurso. Muñoz aseguró después que la renuncia llegaba "116 vidas tarde" y sostuvo que resultaba insuficiente mientras Sánchez siguiera al frente del Gobierno.La extrema derecha mantuvo una línea semejante. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, había acusado al Ejecutivo de haber convertido la red ferroviaria en una "ruleta rusa" y había advertido de que, a su juicio, las responsabilidades debían ir más allá de una dimisión. "No hablamos de dimisiones, hablamos de juicios", sostuvo durante la comparecencia. Tras conocerse la decisión del ministro, el partido de Santiago Abascal insistió en que se trataba de una operación política destinada a limitar el daño electoral del PSOE.Puente explicó el martes que consideraba incompatible continuar al frente del Ministerio después de dos accidentes de semejante gravedad en menos de un año. El exministro defendió que no había tomado ni omitido ninguna decisión que hubiera contribuido a causar los siniestros, pero asumió que la responsabilidad política de quien dirige Transportes trasciende la participación directa en los hechos. También renunció a formar parte de las listas del PSOE para las elecciones del 29 de noviembre.Su salida supone, por tanto, el cumplimiento de una de las principales demandas de la oposición, aunque no implica por sí misma la resolución de la crisis ferroviaria. El Gobierno la presenta como un gesto de responsabilidad y respeto hacia las víctimas; PP y Vox la atribuyen a una maniobra electoral. Lo que ninguna de las dos interpretaciones altera es la necesidad de esclarecer las causas de las tragedias y determinar las responsabilidades que correspondan.El discurso del PP sobre la necesidad de asumir responsabilidades políticas contrasta con las decisiones adoptadas por sus propios gobiernos ante algunas de las mayores tragedias de las últimas décadas. Son acontecimientos de distinta naturaleza, con circunstancias y competencias diferentes, pero permiten comparar los criterios utilizados para exigir o rechazar dimisiones.Uno de los precedentes más claros es el accidente ferroviario de Angrois, ocurrido en julio de 2013. El descarrilamiento de un tren Alvia cerca de Santiago de Compostela dejó 80 fallecidos. Mariano Rajoy presidía entonces el Gobierno, Ana Pastor era ministra de Fomento y Feijóo estaba al frente de la Xunta de Galicia. Entonces, Feijóo culpó al trabajador y apeló a no “politizar” la tragedia. Por las 80 muertes y 144 personas heridas que dejó el siniestro fueron condenados por un juzgado de lo Penal de Santiago tanto el maquinista como un cargo de Adif por no habilitar medidas de seguridad que evitasen el previsible error humano.También el Yak-42 dejó una larga controversia política. En mayo de 2003 murieron 62 militares españoles en Turquía cuando regresaban de Afganistán. Federico Trillo, ministro de Defensa del Gobierno de José María Aznar, no dimitió tras el accidente. Años después, el Consejo de Estado reconoció la responsabilidad patrimonial de la Administración en aquella tragedia. Trillo terminó abandonando su puesto como embajador en Londres en 2017, casi 14 años después de los hechos y cuando ya no ocupaba la cartera de Defensa.Tras el accidente del metro de Valencia, ocurrido el 3 de julio de 2006 y que dejó 43 muertos, tampoco se produjeron dimisiones políticas inmediatas en el Gobierno autonómico presidido por Francisco Camps. La investigación parlamentaria inicial, impulsada bajo la mayoría absoluta del PP, cerró sus trabajos sin atribuir responsabilidades políticas a los responsables del Ejecutivo valenciano. Las víctimas y sus familiares mantuvieron durante años sus reclamaciones hasta lograr que se reabriera el debate político e institucional sobre las condiciones de seguridad y la gestión de la tragedia.Más recientemente, la gestión de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia también puso en entredicho las responsabilidades de los gobiernos. Miles de personas murieron en esos centros y los protocolos que restringieron las derivaciones a hospitales desvelados por infoLibre fueron objeto de denuncias e investigaciones. Isabel Díaz Ayuso permaneció al frente del Ejecutivo regional y rechazó asumir las responsabilidades políticas que le reclamaban las asociaciones de familiares y los partidos de la oposición.El precedente más cercano es la dana que devastó Valencia el 29 de octubre de 2024. Carlos Mazón tardó más de un año en anunciar su dimisión como presidente de la Generalitat, después de meses de críticas por la gestión de la emergencia y de movilizaciones de las víctimas. Durante buena parte de ese tiempo, la dirección nacional del PP y el propio Feijóo respaldaron su continuidad. La renuncia llegó 370 días después de la catástrofe.Cinco casos que demuestran que los gobiernos del PP no siempre han respondido con dimisiones inmediatas ante tragedias de enorme gravedad ni tampoco han respetado a las víctimas. Esa diferencia entre los criterios aplicados desde el Gobierno y los exigidos desde la oposición forma parte del debate político que vuelve a abrirse tras la marcha de Puente.De hecho, el propio exministro había cuestionado este martes la legitimidad de Feijóo para reclamarle su renuncia. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros aseguró que comprendía las peticiones de dimisión formuladas desde otras fuerzas políticas, pero rechazaba las del PP por lo que consideraba una "doble vara de medir". Puente argumentó que había permanecido en su puesto de trabajo desde el primer momento, que había dado explicaciones y que no había tomado decisiones que contribuyeran a causar los accidentes.La decisión del exministro no zanja las preguntas sobre la seguridad de la red ferroviaria ni las responsabilidades que puedan derivarse de las investigaciones. Pero sí introduce una diferencia sustancial respecto a lo que hicieron los gobiernos del PP: la responsabilidad política que la derecha exigía con más insistencia ya se ha materializado en una dimisión.Con las elecciones convocadas, el debate político se desplaza así desde la permanencia de Puente en Transportes hasta la responsabilidad de Sánchez por la gestión de su Ejecutivo. Y junto a esa discusión permanece otra: qué criterios deben aplicarse para exigir responsabilidades políticas ante una tragedia, quién los aplica y quién no.