Alberto Núñez Feijóo ha convertido su experiencia como presidente de la Xunta en el principal argumento de su candidatura a la Moncloa. En plena conmoción por la tragedia ferroviaria de Urda, el líder del PP reivindicó el lunes ante la dirección de su partido “la gestión, el rigor y la experiencia” frente a la “frivolidad y las bravuconadas” que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez. “España no necesita al frente de sus instituciones a un influencer, sino a alguien que sepa gobernar, y con toda humildad digo: yo sí sé hacerlo”, proclamó el conservador ante la plana mayor de su partido.Feijóo elevó también el tono de sus críticas y calificó de "infame", "cruel" y "ruin" la actitud del ministro de Transportes. "Ya no es que no sean buenos gestores, es que dudo que sean buena gente", afirmó. Según el presidente del PP, mientras los equipos de rescate trabajaban sobre el terreno, el Gobierno estaba preocupado por eludir sus responsabilidades: "Mientras ellos buscaban la vida, el Gobierno buscaba otra cosa: cómo quitarse la responsabilidad de encima y a quién endosárlela”, prosiguió. En esa línea, acusó al Gobierno de reducir a “un trabajador” la responsabilidad del accidente, precisamente lo que él hizo al frente de la Xunta con el accidente de Angrois en 2013. La ofensiva del PP pretende establecer una contraposición entre dos formas de gobernar: la que atribuye al Ejecutivo de Sánchez, que la derecha vincula con la improvisación y la falta de responsabilidad, y la que encarnaría Feijóo, basada en la experiencia, el rigor y la eficacia, según su relato. Para sostener esa imagen, Génova vuelve a colocar en primer plano los trece años de su líder al frente de la Xunta de Galicia —entre 2009 y 2022— como principal aval de su capacidad para dirigir el Gobierno de España tras las elecciones del 29N.Sin embargo, esa imagen de “buen gestor y solvencia" es, en realidad, fruto de un relato que no concuerda con su etapa al frente de la Xunta. Decisiones políticas como la fusión de las cajas gallegas, que terminó en un rescate multimillonario, la creación del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo o los contratos adjudicados a empresas vinculadas a su entorno familiar forman parte de ese historial. A ello se suma un balance económico y social que exige mirar la evolución de la deuda, el empleo, la renta, la pobreza, los servicios públicos y una Galicia que siguió perdiendo población y envejeciendo durante sus gobiernos.Uno de los episodios que contrastan con esa imagen de buen gestor es lo que ocurrió en la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El Consello de Contas –el órgano encargado de supervisar la gestión económica y financiera de la Xunta– certificó un sobrecoste de 470 millones por la decisión de la Xunta de Feijóo de construir el nuevo centro sanitario mediante una concesión público-privada. Estos documentos, que en buena parte detectan errores y aciertos de los que ya habían advertido en ejercicios previos, sirven también como radiografía del estado en que dejó la Administración gallega quien ahora es líder del PP.Otra de las apuestas de Feijóo fue la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, presentada en 2010 como un “hecho histórico”. La entidad resultante, Novacaixagalicia, terminó necesitando 9.052 millones de euros en ayudas públicas de capital, según los datos del FROB, de los que recuperó 783 millones mediante la venta de su participación. Ante los máximos responsables de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y Caixa Galicia, Mauro Varela, Feijóo celebró como un “hecho histórico” una operación que, a su juicio, trascendía “sus objetivos meramente financieros” para convertirse en un ejemplo de cómo Galicia afrontaba la crisis económica con “medidas constructivas y autónomas”.Apenas unos meses más tarde –junio de 2012– los cuatro gestores presentes en esa firma solemne terminaban imputados por cobrar 42 millones de euros en indemnizaciones mientras la caja se hundía y pedía dinero público. Mauro Varela fue finalmente desimputado y Javier García de Paredes, absuelto por la Audiencia Nacional. Pero el Tribunal Supremo condenó a Julio Fernández Gayoso y a José Luis Pego, así como a otros dos altos directivos y un asesor legal, a dos años de cárcel cada uno por apropiación indebida y administración desleal. Entraron en prisión en enero de 2017 y empezaron a salir en régimen de semilibertad en agosto y octubre. La contratación pública constituye otro de los capítulos controvertidos de su etapa en Galicia. Durante sus trece años al frente de la Xunta, el grupo Eulen obtuvo adjudicaciones por unos 37 millones de euros, según reveló el diario Público. Su hermana, Micaela Núñez Feijóo, desempeñaba responsabilidades directivas en la compañía y fue ascendida posteriormente.A esas adjudicaciones se sumaron contratos posteriores durante el Gobierno de Alfonso Rueda, entre ellos uno de casi cuatro millones para la seguridad de centros sanitarios cuando la gerencia del área correspondiente estaba dirigida por Eloína Núñez Masid, prima de Feijóo, a la que el actual presidente de la Xunta colocó como subdirectora en Política Social. También suscitaron controversia las adjudicaciones de emergencia durante la pandemia a Universal Support, una empresa coruñesa de telemárketing cuyo director comercial es Ignacio Cárdenas, cuñado de Feijóo.Por otra parte, la carrera profesional de la pareja del actual líder del PP, Eva Cárdenas, se desarrolló principalmente en Inditex, empresa que, por su importancia para la economía gallega, siempre ha sido bien tratada por los sucesivos gobiernos gallegos. Cuando dejó Zara Home, Cárdenas fue asesora de Sargadelos durante un año y medio, tiempo durante el cual el Gobierno evitó especialmente tomar decisiones que pudieran interpretarse como una ayuda a esa empresa. Sin embargo, la Xunta sí aprobó inversiones en el entorno histórico que ocupa su fábrica en Cervo, lo que indirectamente benefició la imagen de la empresa allí asentada contribuyendo a atraer visitantes y clientes: una urbanización del entorno por 48.000 euros y una musealización por 35.000 euros en 2021 y otros 35.000 en 2022.La reputación de Feijóo como buen gestor se asentó fundamentalmente en su política de contención del gasto y disciplina presupuestaria. Galicia mantuvo durante su mandato una deuda inferior a la media autonómica, uno de los indicadores que el PP utiliza para defender su solvencia. Sin embargo, la deuda gallega pasó de 4.282 millones de euros en el segundo trimestre de 2009 a unos 11.824 millones en el segundo trimestre de 2022, según los datos del Banco de España. Se incrementó en aproximadamente 7.542 millones.Feijóo impulsó además rebajas tributarias que beneficiaron especialmente a los patrimonios más elevados, mientras su Gobierno reclamaba recursos adicionales para financiar los servicios públicos. Una investigación de infoLibre, basada en los informes del Consello de Contas, documentó que los beneficios fiscales autonómicos representaron en 2022 un coste de 666 millones de euros para las arcas gallegas.Asimismo, Feijóo presentó en 2009 "planes de reestructuración" de la administración paralela, es decir, de las entidades que había calificado como chiringuitos. Apenas media década después, en 2014, el propio Alberto Núñez Feijóo dio por concluida la primera fase del plan y calificó de "históricos" los ahorros conseguidos. Pero el Consello de Contas afirmó que dicho ahorro era "residual" y, pese a una "reducción neta" del número de entidades, la "importancia económica" de su desaparición era "menor", unos 17 millones de euros en 2016.El balance institucional de Feijóo tampoco puede limitarse a los indicadores económicos. La gestión de la radiotelevisión pública gallega y la distribución de la publicidad institucional fueron objeto de críticas durante sus gobiernos, especialmente por las denuncias de profesionales de la CRTVG sobre la independencia informativa y las críticas que lanza día sí y día también la cúpula del PP a RTVE como hizo este martes el secretario general, Miguel Tellado, en una entrevista en La Hora de la 1 con Silvia Intxaurrondo.Con años de viernes negros a sus espaldas, el colectivo Defende AG alega nació para exigir el cumplimiento de la ley reguladora de los medios públicos de 2011, una norma concebida durante el primer mandato de Feijóo al frente de la Xunta, a la sombra de la que reguló RTVE en 2007, y que incluía herramientas esenciales para garantizar la calidad e independencia de la información, como el Estatuto Profesional y el Consejo de Informativos. Una ley que nunca llegó a aplicarse.La subordinación informativa tuvo su origen en 2009, cuando Feijóo, recién llegado a la Presidencia de la Xunta, nombró a dedo a Alfonso Sánchez Izquierdo como director general. Su mandato expiró en 2014, pero Feijóo prorrogó su cargo mediante una disposición añadida a los Presupuestos autonómicos, evitando así cumplir con la ley de 2011, que exigía una mayoría parlamentaria cualificada para dicho nombramiento y establecía un mandato limitado a cinco años para asegurar su independencia respecto a los ciclos políticos. El PP ha elegido la gestión como uno de los principales terrenos de confrontación de la campaña. Feijóo reivindica sus cuatro mayorías absolutas, sus trece años de experiencia y una estabilidad presupuestaria que Galicia mantuvo en comparación con otras comunidades. Hace escasas semanas, Feijóo presentó su “contrato con España” en un acto público junto a dirigentes del PP con 12 puntos que asegura cumplirá si llega a La Moncloa.Sin embargo, muchos de ellos podrían haberse implementado y aplicado en Galicia durante los años que gobernó su comunidad natal, pero no lo hizo. Ni limitó por ley el tamaño de los gobiernos, ni la capacidad del Parlamento de enmendar leyes, ni reforzó los informes de organismos consultivos para las propuestas de los partidos, ni fijó la periodicidad de los debates sobre el Estado de la autonomía, ni reguló las relaciones con el jefe de la oposición. Tampoco, por supuesto, liberó del control político a la radio y la televisión públicas.