El Gobierno hará públicos los informes relacionados con la crisis fronteriza, después de que el presidente, Pedro Sánchez, se haya comprometido a desclasificarlos. Sin embargo, fuentes de Defensa advierten de que no todos los documentos podrán hacerse públicos, ya que algunos contienen conversaciones e información compartida con otros servicios de inteligencia.Sánchez ya ha tenido acceso a parte de dos informes policiales. Uno de ellos, fechado el día 28, recoge un "incremento paulatino de intentos de acceso por los espigones fronterizos". Sobre las consecuencias judiciales de estos documentos, el magistrado Joaquim Bosch considera que el informe policial puede resultar determinante para establecer qué órgano debe continuar con la investigación. A su juicio, existen "indicios que podrían apuntar a un posible delito contra la independencia del Estado" y, por tanto, a la competencia de la Audiencia Nacional.Bosch señala en una entrevista en Antena 3 Noticias, que también deben tenerse en cuenta los riesgos para la seguridad nacional recogidos en el Real Decreto aprobado recientemente por el Gobierno, mediante el que se declaró la situación de interés para la seguridad nacional. Según el magistrado, tanto ese decreto como el informe policial apuntan a que pudieron producirse conductas destinadas a poner en riesgo el control de la frontera española.En este escenario, Bosch considera "previsible" que la Audiencia Nacional se declare competente, y continúe practicando diligencias para determinar qué personas pudieron intervenir en los posibles delitos contra la independencia del Estado.Una eventual responsabilidad de Marruecos, difícil de perseguirRespecto a una posible implicación de Marruecos, Bosch explica que, si se acreditasen indicios contra personas concretas, estas podrían ser objeto de un procedimiento judicial aunque fueran ciudadanos marroquíes. Sin embargo, advierte de las enormes dificultades prácticas que tendría una investigación de este tipo.El magistrado apunta a una posible participación de fuerzas de seguridad marroquíes, cargos del Gobierno del país vecino o incluso de sus servicios de inteligencia, aunque insiste en que sería necesario acreditar esas responsabilidades."Es complicado acusar directamente a cargos marroquíes", sostiene Bosch, quien considera que investigar hechos ocurridos en Marruecos sin la colaboración de las autoridades del país sería especialmente difícil. También ve complicado que, en ese supuesto, pudiera llegarse a celebrar un juicio y obtener una condena, por lo que no descarta que una investigación en esa dirección pudiera terminar archivándose.Bosch descarta una imputación por traición a SánchezLas declaraciones del magistrado llegan después del enfrentamiento político protagonizado por Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal durante el pleno celebrado este jueves. Feijóo advirtió al presidente de que "lo va a pagar ante la justicia y ante las urnas", mientras que Abascal calificó a Sánchez de "traidor" y le acusó de haber traicionado a los "ceutíes, a sus propios partidos y a sus electores".Preguntado por si el presidente del Gobierno debería estar preocupado ante una eventual acusación por un delito de traición, Bosch lo descarta con los datos conocidos hasta ahora. A su juicio, el delito de traición está concebido para "supuestos diferentes", vinculados fundamentalmente a escenarios bélicos o de guerra, en los que personas se conciertan con un Estado extranjero para perjudicar a España.Bosch diferencia esa situación de lo que actualmente se investiga, que, en su opinión, podría estar relacionado con una gestión "negligente", una falta de medidas de prevención o una coordinación deficiente. Estos hechos, aunque puedan ser objeto de reproche político, no serían suficientes por sí mismos para constituir un delito de traición."No debería estar preocupado por la imputación de un posible delito de traición", afirma el magistrado, que tampoco aprecia, con la información disponible, otros delitos que pudieran atribuirse al presidente del Gobierno o a los ministros en relación con estos hechos. Para Bosch, una gestión desacertada, discutible o políticamente reprochable no constituye por sí misma un delito, ya que únicamente pueden considerarse delitos aquellas conductas expresamente tipificadas en el Código Penal.