Representante a la Cámara Jaime Santamaria (izq) y ministro de Hacienda Miguel Gómez (der).Fotos: cortesía prensa Jaime Santamaría y Presidencia de la RepúblicaLa Comisión Interparlamentaria de Crédito Público podría verse impedida para sesionar a pesar de la urgencia del Gobierno por convocar estas reuniones en medio de la emergencia económica tras el terremoto del 10 de agosto. Una denuncia formal interpuesta por la bancada del Pacto Histórico, que acusa presuntas irregularidades y trampas en la elección de sus miembros, amenaza con suspender mediante medidas cautelares el funcionamiento de esta célula legislativa provisionalmente.El conflicto se desató tras la elección celebrada el pasado 25 de agosto de 2026 en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. En dicha jornada se registraron 27 votos válidos repartidos en dos planchas: una perteneciente a la coalición mayoritaria de Gobierno, que obtuvo 22 votos, y otra de la oposición del Pacto Histórico, que logró 5 votos.Ese día, los tres integrantes proclamados tras la elección fueron María Camila Salas (Partido Conservador), Héctor Chaparro (Partido Liberal) y Santiago Castro (Centro Democrático). A este grupo se suman los delegados de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) en representación de las víctimas Jorge Rodrigo Tovar y Karen López.La denuncia del Pacto Histórico señala que la Mesa Directiva de la Comisión Tercera ha incurrido en dilaciones y maniobras para despojarlos de su representación legítima en Crédito Público. La bancada opositora argumentó que, según el artículo 64 de la Ley Quinta (Reglamento del Congreso), los cupos para esta corporación específica deben calcularse obligatoriamente bajo el método del cociente electoral.DENUNCIA INTENTO DE ALTERAR RESULTADOS DE ELECCIÓN La Mesa Directiva de la Comisión Tercera está intentando anular nuestra representación legítima en la Comisión de Crédito Público, a través de trampas y dilaciones. El artículo 64 de la ley 5 establece que los cupos de esa… pic.twitter.com/AKTbD9z5oq— Jaime Santamaría (@j_santamariaac) September 3, 2026Bajo esta fórmula, al dividir los 27 votos válidos entre las 3 curules por proveer de la Cámara, el cociente es de 9 votos por escaño. La coalición mayoritaria, con sus 22 votos, obtiene 2 curules completas (usando 18 votos) y queda con un residuo de 4 votos (0,4 del cociente). El Pacto Histórico, al contar con 5 votos, se queda con un residuo neto de 5 votos (0,5 del cociente). Al ser esta cifra superior a la de la coalición mayoritaria, el partido considera que el tercer escaño le pertenece legítimamente.La lista del Pacto Histórico, que obtuvo 5 votos y hoy reclama el tercer escaño frente a los tribunales y la Procuraduría, estuvo conformada por Jaime Santamaría, Amaury Julio Pérez, Natalia Moreno y María del Mar Pizarro.El impacto de la denunciaEl representante Jaime Santamaría detalló que la oposición está denunciando que la Mesa Directiva aplicó de forma errónea la cifra repartidora. Incluso señaló argucias aritméticas infundadas para ‘pupitrear’ la elección y adjudicar las tres curules a la coalición mayoritaria. El Pacto Histórico radicó una solicitud de certificación de resultados el mismo día de la elección, la cual obtuvo respuesta de la Secretaría de la comisión el pasado 2 de septiembre. Esta señala que el proceso está en «verificación institucional».Para el partido, se trata de una táctica dilatoria y de obstrucción política, por lo que la bancada anunció que acudirá a la Procuraduría General de la Nación y solicitará medidas cautelares judiciales para suspender provisionalmente la designación de los representantes proclamados, lo que impediría que la comisión sesione formalmente.«Ellos tratan de hacer unas cuentas a través de cifra repartidora, lo cual está en contra de la normativa. Nosotros no estamos pidiendo un favor. Hubo una votación y nosotros ganamos un pedacito en franca lid. No nos hagan trampa», dijo Santamaría al ser consultado por Valora Analitik.El congresista también denunció que esta comisión históricamente ha sesionado «de modo secreto y oculto», y que el propósito de su bancada es abrir el debate para el escrutinio del país. Por ello, considera que la exclusión de la oposición tiene un claro trasfondo de control fiscal en un momento clave para las finanzas del país.“No es una coincidencia que mientras el Gobierno presenta el presupuesto más alto de la historia colombiana, financiado mediante deuda, quieran sacar a la mayor fuerza política de esa discusión», dijo, al tiempo que detalló que el Ejecutivo pretende solicitar un crédito global que supera los $60 billones, en el marco de un presupuesto que se sostendrá principalmente sobre deuda destinada a funcionamiento y con un mínimo espacio para la inversión.La urgencia del Ministerio de Hacienda ante el bloqueoA mediados de agosto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció la necesidad urgente de citar a sesionar a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público con el fin de autorizar una vital operación de crédito externo con el Banco Mundial.A raíz del terremoto del pasado 10 de agosto, el Banco Mundial realizó un desembolso inicial de US$200 millones para asistir a los damnificados. Sin embargo, la gravedad de la catástrofe ha obligado al Gobierno a tramitar una ampliación de estos recursos de emergencia para alcanzar un total de US$450 millones.Para que esta ampliación de deuda externa con la banca multilateral pueda materializarse, es un requisito legal e indispensable que la Comisión Interparlamentaria emita un concepto previo sobre la transacción. Aunque dicho concepto no es de carácter vinculante, la ley colombiana exige obligatoriamente su radicación antes de que el Gobierno Nacional pueda firmar y contraer empréstitos internacionales.Por ello, si las acciones legales anunciadas por el Pacto Histórico prosperan y se decretan las medidas cautelares para suspender la designación de los representantes proclamados, la Comisión de Crédito Público quedaría en un limbo jurídico absoluta y legalmente impedida para sesionar. Esto retrasaría de forma indefinida el concepto requerido para el desembolso de los US$250 millones adicionales del Banco Mundial.—