En Colombia existen 180 peajes, 164 se pueden pagar con pago electrónico como Flypass. Foto: FlypassPara muchos conductores, pasar por un peaje electrónico se ha convertido en un proceso casi automático. El vehículo atraviesa la estación, el sistema identifica el dispositivo o la placa y el valor del peaje se descuenta del medio de pago asociado. Plataformas como Flypass buscan precisamente facilitar ese proceso frente al pago tradicional en efectivo.Lea también: Reforma tributaria de Bogotá pone sobre la mesa nuevos alivios para los contribuyentes: hay cambios que pueden tocar el bolsilloEl problema que ahora llega a los estrados judiciales no está relacionado con el valor que cobran los concesionarios por utilizar las carreteras, sino con un posible cobro adicional que se estaría haciendo a algunos usuarios por cada paso por un peaje electrónico.Una acción de grupo fue presentada contra F2X S.A.S., empresa propietaria de Flypass, para que se determine si determinados cobros de $220 por transacción se ajustan a las reglas que regulan la intermediación electrónica de los peajes. Si la justicia determina que esos valores fueron cobrados indebidamente, los usuarios afectados podrían tener derecho a la restitución de esos recursos.La discusión tiene como punto central la diferencia entre la tarifa oficial del peaje y el dinero que eventualmente pueda descontarse adicionalmente por utilizar un sistema electrónico para realizar el pago.¿Qué está cuestionando la acción de grupo sobre el cobro de peajes electrónicos?De acuerdo con los apoderados de los demandantes, Hernán Panesso y Manuel García, la acción cuestiona un supuesto cobro de $220 por cada paso por peaje en los planes Standard y Colpass de Flypass, valor que se sumaría a la tarifa oficial establecida para cada estación.El proceso está radicado ante el Juzgado 2 Civil del Circuito de Itagüí, bajo el número 05360310300220260036300. La importancia de la discusión está en que esos $220 pueden parecer un valor pequeño cuando se observa una sola transacción.Sin embargo, el efecto acumulado cambia si se tiene en cuenta la cantidad de veces que un conductor puede utilizar un peaje electrónico durante un mes o un año y, especialmente, el volumen total de operaciones de la plataforma.Según datos atribuidos a la propia compañía, Flypass registra cerca de cuatro millones de transacciones mensuales y tiene presencia en todos los peajes de la red Colpass del país.Por eso, los demandantes plantean que se trataría de un posible “cobro hormiga”: un monto individual reducido que puede adquirir una dimensión considerable cuando se repite operación tras operación.Puede interesarle: La DIAN ofrece una opción para pagar la declaración de renta si no tiene todo el dineroUno de los elementos principales de la demanda es la regulación expedida por el Ministerio de Transporte. La Resolución 20213040035125 de 2021 establece que, en el paso por una estación de peaje, al usuario no se le puede cobrar un valor superior a la tarifa correspondiente. La misma regulación, según la acción presentada, también prohíbe pactar con los usuarios cobros adicionales al pago de la tarifa del peaje.Los abogados de los usuarios sostienen que esta regla resulta relevante porque las tarifas de los peajes son fijadas bajo regulación estatal y no libremente por una empresa intermediadora.“Esta acción no cuestiona a los concesionarios ni el cobro de los peajes, que financian las vías del país”, señalaron los apoderados. La controversia, explicaron, está en que el juez determine si cobrar un valor por encima de la tarifa oficial se ajusta a las normas vigentes.Esto es importante para entender el alcance del proceso: no se está pidiendo eliminar ni desconocer el pago de los peajes, sino establecer si un cobro adicional realizado mediante un intermediador electrónico puede ser considerado válido.¿De dónde salen los $220 de peajes electrónicos?La acción también incorpora elementos relacionados con la forma en que Flypass presenta sus tarifas a los usuarios. Para el plan Standard, la plataforma publica un concepto denominado “costo por débito directo a medio de pago por uso de peajes”, por $220 IVA incluido. Ese valor aparece tanto para la modalidad de pago inmediato como para la de pospago, según la información incorporada al proceso.La situación que los demandantes consideran particularmente relevante se presenta con Colpass. En este caso, la página de Flypass señala que los usuarios no pagan “ningún costo”. Sin embargo, la demanda sostiene que existen pruebas de un débito adicional de $220 al momento de descontar el valor del peaje, lo que los demandantes califican como un posible cobro que no estaría siendo informado de manera visible a los usuarios.Será precisamente la justicia la que deberá determinar, dentro del proceso, si esos cobros corresponden efectivamente a valores adicionales indebidos y cuál sería su tratamiento frente a la regulación.¿Qué pasaría si los cobros en estos peajes son considerados indebidos?Una eventual decisión favorable a los demandantes podría tener un efecto que vaya más allá de quienes presentaron directamente la acción.La figura de acción de grupo busca que una controversia que afecta a varias personas pueda ser examinada de manera conjunta. En este caso, los apoderados sostienen que, si el juez determina que el cobro fue indebido, la decisión podría beneficiar a los usuarios afectados, incluso cuando estos no hayan presentado individualmente una demanda.También puede leer: Corte Suprema fija nueva claridad sobre relaciones amorosas entre compañeros de trabajo: esto puede pasar con el empleoPor esa razón, la eventual restitución de dinero es uno de los puntos que mayor interés genera para los conductores que utilizan sistemas de pago electrónico en peajes. Por ahora, no existe una decisión judicial que haya determinado que Flypass deba devolver los $220 a los usuarios. Lo que existe es una acción de grupo que busca que esa discusión sea resuelta por la justicia.El siguiente paso será que el proceso avance y se determine si los cobros cuestionados se ajustan a la regulación de los peajes electrónicos. De esa decisión dependerá si finalmente se abre la posibilidad de recuperar esos recursos para los usuarios que hayan resultado afectados.