Canarias se prepara para afrontar una nueva factura migratoria ante los interrogantes que plantea la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Tras la crisis de Ceuta, el Estado ya ha anunciado dos anteproyectos una nueva Ley de Asilo y una reforma de la Ley de Extranjería para adaptar la normativa española a las nuevas exigencias comunitarias. Los cambios implicarán nuevas tareas para las administraciones en la atención, identificación y gestión de las personas migrantes y solicitantes de asilo, con el impacto económico que ello conlleva. En este nuevo escenario surgen varias preguntas: ¿quién asumirá el coste de estas nuevas obligaciones? ¿Y quién pagará la atención de los menores migrantes?Seguir leyendo....