Presidente Abelardo De la Espriella. Imagen: @delaespriella_styleEl vocero oficial del Gobierno de Abelardo De la Espriella, Miller Soto, anunció una transformación del mecanismo de consulta previa en Colombia, con el propósito de modificar su relación con los procesos de evaluación y expedición de licencias ambientales para proyectos que puedan generar impactos sobre comunidades.Durante una declaración, el funcionario explicó que la propuesta busca que ambos procedimientos puedan desarrollarse de manera paralela y autónoma. De acuerdo con Soto, la iniciativa no contempla eliminar la consulta previa, sino modificar su funcionamiento para establecer procedimientos más claros y evitar que este mecanismo se convierta en un obstáculo para el trámite de las licencias ambientales.“La consulta previa no se acaba, se transforma para hacerla más clara, más eficiente y más garantista. La propuesta es que la licencia ambiental y la consulta previa puedan avanzar de manera paralela y autónoma, mientras la autoridad ambiental estudia los efectos ambientales de un proyecto”, señaló.Según la explicación entregada por el vocero gubernamental, mientras la autoridad ambiental adelanta el análisis correspondiente para determinar los posibles impactos de una iniciativa, la entidad encargada de la consulta previa podría establecer de manera independiente si existe una afectación directa sobre una comunidad.En caso de identificarse dicha afectación, la autoridad competente tendría la posibilidad de iniciar y desarrollar su propio procedimiento de consulta, sin que este proceso tenga que esperar a que concluya la evaluación ambiental del proyecto.Soto sostuvo que este cambio permitiría diferenciar las competencias y tiempos de ambos trámites, con el objetivo de evitar que uno quede supeditado al otro. Bajo este esquema, la consulta previa mantendría su función de garantizar la participación de las comunidades potencialmente afectadas, mientras el procedimiento de licenciamiento continuaría su curso ante la autoridad ambiental.“La autoridad de consulta previa puede determinar si existe una afectación directa sobre una comunidad y adelantar su propio procedimiento. Así, la consulta previa dejaría de ser un requisito que impida iniciar, evaluar o decidir una licencia ambiental”, afirmó el funcionario.La propuesta plantea, de esta manera, una modificación en la articulación entre la consulta previa y el licenciamiento ambiental, dos procesos que actualmente pueden incidir en el desarrollo de proyectos de infraestructura, energía, minería y otras actividades que requieren autorización ambiental en el país.