Imágenes: Campaña presidencial y generada con IA de GeminiLos premios de lotería que quedan sin reclamar podrían convertirse temporalmente en una fuente adicional de recursos para atender a las personas afectadas por el terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto. El Gobierno de Abelardo De la Espriella incluyó esta posibilidad dentro de las medidas que pretende adoptar al amparo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 1261 de 2026.Lea también: Pasaportes en Colombia podrían tener demoras: el problema que recibe De la Espriella del Gobierno PetroLa propuesta pone sobre la mesa un recurso que normalmente tiene una destinación específica y que, bajo las reglas actuales, no puede ser utilizado libremente por el Gobierno para financiar una emergencia.El decreto plantea autorizar de manera transitoria la reasignación del 25 % de los premios caducos, es decir, de aquellos premios de juegos de suerte y azar que no fueron cobrados dentro de los términos establecidos por la ley.Para entender el alcance de la medida hay que partir de una regla que ya existe. El artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 establece que el ganador de un juego de suerte y azar tiene un plazo máximo de un año, contado desde la realización del sorteo, para presentar el documento ganador y cobrar el premio.Si transcurre ese periodo sin que se haga efectivo el cobro, opera la prescripción del derecho. La norma también contempla un plazo adicional relacionado con la reclamación judicial cuando el ganador presentó oportunamente el documento, pero el operador no efectuó el pago.Una vez se cumplen las condiciones legales para que el premio de lotería quede sin reclamar, actualmente la distribución está definida de antemano: 75 % de esos recursos se destina a la unificación de los planes de beneficios del sistema de salud en los departamentos y distritos, mientras que el 25 % restante corresponde al juego respectivo y se utiliza para el control del juego ilegal. Ese último porcentaje es el que ahora aparece en el radar del Gobierno.El cambio que plantea De la Espriella con los premios de lotería no reclamadosEl Decreto 1261 no establece que, desde este momento, el dinero de todos los premios no reclamados vaya directamente a los damnificados. Lo que hace es justificar la necesidad de expedir posteriormente medidas legislativas que permitan modificar temporalmente esa destinación.Puede interesarle: Libro de la Verdad revela cómo recibe el Gobierno De la Espriella la DIAN: hay millonarios contratos que siguen sin operarEn los considerandos, el Gobierno señala expresamente que se podrá “autorizar la reasignación transitoria del 25% de los premios caducos”, además de flexibilizar los planes de premios y habilitar sorteos extraordinarios.Esto es importante porque el decreto que declara la emergencia funciona como la puerta de entrada a nuevas medidas. En su artículo 3, el Gobierno establece que adoptará mediante decretos legislativos las disposiciones adicionales necesarias para enfrentar la crisis y que podrá realizar las operaciones presupuestales y de crédito público necesarias para ejecutarlas.Por eso, la reasignación del dinero de los premios caducos todavía debe concretarse mediante la norma que desarrolle la medida. El Decreto 1261 anuncia la posibilidad y explica por qué el Ejecutivo considera necesario habilitarla, pero no contiene por sí solo una cifra de cuánto dinero será trasladado ni establece un mecanismo específico de pago a cada damnificado.La decisión está relacionada con la dimensión de la emergencia y con las restricciones fiscales que enfrenta el Gobierno.El decreto señala que el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto dejó, según el reporte preliminar utilizado para sustentar la declaratoria, 314 personas fallecidas, 4.437 heridas y 262 desaparecidas, además de 30.664 viviendas destruidas y 136.946 averiadas. También reporta 302 edificios colapsados, 3.470 centros educativos y 352 centros de salud afectados, entre otros daños.La afectación económica también es uno de los argumentos centrales. El Gobierno calcula preliminarmente un impacto de al menos $30 billones, equivalente aproximadamente al 1 % del PIB, aunque reconoce que las pérdidas todavía deben ser determinadas con mayor precisión. El mismo decreto cita una estimación del USGS que ubica la probabilidad más alta en un rango de pérdidas de entre US$1.000 millones y US$10.000 millones.A esto se suma una situación fiscal que limita las alternativas para conseguir recursos rápidamente. El Gobierno De la Espriella afirma que el endeudamiento bruto de la Nación supera el 60 % del PIB y que el presupuesto de 2026 quedó desfinanciado tras la no aprobación de la Ley de Financiamiento.Además, señala que durante los primeros meses del año se utilizó de manera importante el cupo de endeudamiento aprobado por el Congreso y que las tasas pagadas por recursos de corto plazo llegaron incluso a superar el 14 % anual.También puede leer: Estas son las loterías que más dinero entregan en ColombiaLa declaratoria de emergencia tiene una duración de 30 días en los departamentos incluidos en el decreto, entre ellos Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.