La agencia medioambiental más importante de EE.UU. tiene una posición clara ante la creciente resistencia ciudadana a los centros de datos de inteligencia artificial: construir más, pero eliminar los mecanismos que permiten a los ciudadanos opinar públicamente sobre esas construcciones. La EPA (Agencia de Protección Ambiental) está en proceso de suprimir el requisito de audiencia pública para nuevas instalaciones industriales —incluyendo muchos centros de datos— bajo la Ley de Aire Limpio, según documentan NBC News y el artículo de Gizmodo que origina esta historia.La medida se enmarca en el enfoque general de la administración Trump hacia la IA: accelerar la construcción de infraestructura de cómputo a cualquier precio, eliminando los obstáculos regulatorios que lo ralentizan. El lema «Build, baby, build» que el presidente Trump pronunció ante ejecutivos del sector energético resume la prioridad. La EPA, desde ese marco, no está ignorando el backlash ciudadano: lo está gestionando reduciendo los canales a través de los cuales ese backlash puede influir en decisiones de construcción.¿Qué cambia exactamente con la propuesta de la EPA?La Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) tiene un proceso de revisión previa a la construcción —llamado New Source Review (NSR)— que exige que nuevas instalaciones industriales obtengan permisos ambientales antes de construir. Parte de ese proceso incluye un período de comentario público en el que ciudadanos y organizaciones pueden presentar objeciones o solicitar más información.La EPA propuso en julio de 2026 eliminar el requisito de ese período de comentario público para ciertas instalaciones, incluyendo componentes no emisores de centros de datos. Además, en una regla anterior de septiembre de 2025, ya permitió comenzar a construir ciertos componentes de infraestructura —bases de hormigón, cableado, fontanería— antes de obtener el permiso completo bajo la CAA.Los activistas medioambientales interpretan ambas medidas como pasos coordinados para eliminar las oportunidades de participación ciudadana en el proceso de aprobación. «La EPA quiere suprimir los requisitos de opinión pública sobre nuevas instalaciones industriales, lo que activistas dicen que interpretan como el último paso de la administración Trump para ayudar al sector de IA ante un creciente backlash,» resumía NBC News en julio.¿Cuánto es el backlash ciudadano?La resistencia ciudadana a los centros de datos de IA ha pasado de ser un fenómeno local a un tema político nacional en 2026. Las cifras documentadas son significativas: más de 300 proyectos de ley estatales sobre centros de datos se presentaron en las primeras seis semanas de 2026, con propuestas de moratoria en 14 estados de ambos partidos. Maine estuvo a un voto de la Cámara de ser el primer estado de EE.UU. en prohibir legalmente nuevos centros de datos.Una encuesta de Emerson College publicada el 23 de julio de 2026 encontró que el 63% de los americanos se opone a la construcción de centros de datos en su comunidad, principalmente por preocupaciones económicas y medioambientales.La oposición no es antisistema ni antiIA. Es concreta: los centros de datos consumen enormes cantidades de agua para refrigeración, elevan las tarifas eléctricas locales al competir por la red, generan ruido y tráfico, y con frecuencia llegan con promesas de empleo local que no se materializan porque los centros de datos son altamente automatizados y requieren muy pocos trabajadores.xAI como ejemplo de lo que ocurre sin supervisiónEl 14 de abril de 2026, la NAACP, el Southern Environmental Law Center y Earthjustice presentaron una demanda ciudadana bajo la Clean Air Act contra xAI —la empresa de Elon Musk— y su subsidiaria MZX Tech, por operar 57 turbinas de gas metano portátiles sin permiso para alimentar su supercomputador Colossus en Memphis. El caso ilustra exactamente el escenario que los críticos de la propuesta de la EPA advierten: sin supervisión previa, las empresas de IA instalan infraestructura contaminante sin pasar por el proceso regulatorio diseñado para proteger a las comunidades afectadas.El presidente Trump declaró ante ejecutivos del sector energético que las comunidades «suplican» por nuevos centros de datos. Una encuesta posterior mostró que el 63% de los americanos opinan lo contrario. Esa brecha entre el discurso oficial y la realidad ciudadana es el espacio que la propuesta de la EPA gestiona reduciendo los mecanismos de expresión de esa opinión. La demanda energética de los centros de datos hiperescalados para IA que documentamos en enero ilustra la magnitud del problema: se trata de instalaciones con consumos eléctricos equiparables a ciudades medianas. El lanzamiento de Starcloud con 250 millones para poner centros de datos en satélites tiene en parte como argumento precisamente el evitar la fricción regulatoria terrestre: en órbita no hay audiencias públicas. Y la apuesta de China por turbinas eólicas volantes para alimentar centros de datos sin impacto en biodiversidad terrestre apunta a que el problema de coexistencia entre IA e infraestructura energética tiene muchas más salidas que simplemente eliminar los mecanismos de supervisión ciudadana.¿Qué herramientas tienen los ciudadanos para oponerse?Con la propuesta de la EPA de eliminar el período de comentario público, los ciudadanos y organizaciones que se oponen a nuevos centros de datos tienen menos mecanismos administrativos disponibles. Las alternativas que permanecen: litigación directa bajo la Clean Air Act (citizen suits como el presentado contra xAI), presión sobre legislaturas estatales para imponer moratorias o requisitos adicionales, y recursos ante organismos locales de planificación urbana cuando los proyectos requieren permisos de uso de suelo. La paradoja es que la administración que argumenta que los centros de datos son una prioridad nacional de competitividad frente a China está al mismo tiempo reduciendo la capacidad de supervisión democrática de esa infraestructura. En el debate sobre competitividad tecnológica, la velocidad de despliegue de infraestructura importa, pero también importa la legitimidad social de esa infraestructura: las comunidades que se sienten excluidas del proceso de decisión tienden a generar más resistencia sostenida, no menos.Hay que señalar que no toda la regulación federal va en la dirección de la EPA. El Congreso tiene iniciativas bipartidistas que buscan establecer estándares mínimos de eficiencia energética para centros de datos y mecanismos de compensación para las comunidades afectadas. Y varios estados —Virginia, Texas y Ohio, tres de los estados con más concentración de data centers del país— están desarrollando marcos regulatorios propios que incluyen requisitos de divulgación ambiental, pagos a comunidades y auditorías de consumo energético. La fragmentación entre regulación federal permisiva y regulación estatal variable es el resultado previsible de que la EPA delegue en los estados, como anunció el administrador Zeldin: sin un estándar federal, hay 50 respuestas diferentes.La noticia La respuesta de la EPA al rechazo ciudadano de los centros de datos de IA: seguir construyendo, pero en silencio fue publicada originalmente en Wwwhatsnew.com por Natalia Polo.