Recuperar una vivienda ocupada suele ser un proceso largo y costoso para el propietario. Además, en muchos casos, la expulsión de los okupas no supone el final del problema, pues pueden aparecer desperfectos, conflictos judiciales o facturas pendientes. Esto es lo que le ha ocurrido a Serge de Miras, un jubilado de 63 años residente en Anglet, una localidad del País Vasco francés. Según ha dado a conocer el diario regional Sud Ouest, la Administración le reclama alrededor de 12.000 euros por una casa familiar a la que asegura no tener acceso. El origen del caso se remonta a un conflicto por la herencia con su hermana, copropietaria del inmueble. Una resolución judicial obligó a De Miras a abandonar la casa en 2016, pero el desacuerdo entre ambos impidió posteriormente venderla. Durante ese periodo, varias personas okuparon ilegalmente la vivienda hasta que finalmente fueron desalojadas. Cuando el jubilado regresó al inmueble, encontró importantes daños. Parte de una estructura de madera situada en la zona posterior había desaparecido, la cubierta estaba deteriorada y también se observaban desperfectos en el interior. «Creo que lo hicieron para vengarse», sostiene De Miras, quien asegura haber encontrado durante la ocupación alrededor de una decena de camas repartidas por la vivienda. A estos daños se suma una reclamación de aproximadamente 12.000 euros correspondiente a los tres últimos años de la denominada taxe d'habitation. El jubilado afirma que había disfrutado de una reducción fiscal hasta 2023 y considera injusto asumir ahora esa deuda. «No tengo las llaves y aun así me exigen pagar», protesta al explicar su situación. De Miras se niega a abonar la cantidad reclamada: «Me niego a pagar». Pese a responsabilizar a los antiguos ocupantes de los destrozos, no presenta una denuncia porque, según explica, se encuentra agotado después de años de enfrentamientos familiares y procedimientos judiciales.