España tiene un problema cómodo: demasiado interés. La combinación de energía renovable abundante, terreno disponible y clima favorable ha convertido al país en uno de los destinos preferidos de las grandes tecnológicas para instalar infraestructura de inteligencia artificial. Madrid y sus alrededores concentran ya varios proyectos de envergadura. El Gobierno quiere ordenar esa avalancha antes de que llegue y no después.Según Reuters, esta misma semana se publica para consulta pública el borrador de un decreto que fijaría las condiciones operativas más estrictas de Europa para los centros de datos. Lo relata Laura López en Xataka el 26 de agosto de 2026.La medida más específica y más exigente: los operadores deberán cubrir como mínimo el 80% de su suministro energético con fuentes renovables en cada hora de funcionamiento. No como promedio anual, sino hora a hora. Eso obliga a gestionar de forma activa el mix energético, contratar capacidad renovable específica por franjas horarias y potencialmente instalar almacenamiento propio. Y cada nuevo megavatio consumido deberá estar compensado por un nuevo megavatio de energía renovable instalado en los 18 meses previos al inicio de la operación del centro de datos.¿Qué más exige el borrador del decreto?El texto, todavía pendiente de consulta pública, incluye varias exigencias adicionales sobre soberanía digital y ciberseguridad. Los operadores deberán estar establecidos en la Unión Europea. Los datos y metadatos que gestionen deberán permanecer dentro del territorio europeo. Los centros tendrán que implementar mecanismos de control de acceso desde terceros países. Las instalaciones que gestionen datos de entidades públicas o relacionadas con la seguridad nacional estarán sometidas a controles más estrictos y auditorías adicionales.Los estándares de eficiencia en consumo de agua y electricidad se alinearán con el nivel más exigente de la etiqueta de sostenibilidad para centros de datos que la Comisión Europea está preparando. Las normas de renovables son similares a las que España ya aplica para la producción de hidrógeno verde, lo que da una idea de la ambición: el hidrógeno verde es el punto de referencia más exigente en política energética europea.La sanción por incumplimiento puede llegar a la desconexión de la red eléctrica. Las normas se aplicarán a instalaciones con potencia superior a un megavatio que todavía no estén conectadas. Los proyectos ya aprobados y en proceso de obtener permisos operativos tendrán seis meses para adaptarse.¿Por qué España actúa ahora y qué arriesga?Los centros de datos hiperescalados para IA representan la infraestructura invisible que entrena los modelos gigantes, con una factura energética que transforma economías regionales enteras. España tiene lo que esas instalaciones buscan: espacio y energía barata. El problema es que la llegada de decenas de centros de datos de gran escala en un período corto puede crear tensiones en la red eléctrica, en el consumo de agua y en la ciberseguridad de infraestructura crítica.Regular antes de que todo esté construido es más eficaz que regular después. Pero la línea entre una regulación que filtra los proyectos más eficientes y una que los ahuyenta hacia Francia, Portugal o Polonia es fina y depende de la calibración de cada exigencia.Llevamos cubriendo el despliegue de infraestructura de IA en Europa desde las primeras decisiones de ubicación de Microsoft y Google a finales de 2023, y la presión regulatoria sobre consumo energético es la variable que más ha evolucionado. El dilema energético de la IA y la tentación de recurrir a la energía nuclear para alimentar la demanda creciente es exactamente el contexto que España intenta gestionar con este decreto: más centros de datos significa más presión sobre la red, y si esa presión se cubre con gas en lugar de renovables, la ventaja competitiva del país se erosiona.La exigencia del 80% de renovables hora a hora es ambiciosa incluso para el mercado energético español. No es imposible —España tiene una de las matrices más renovables de Europa—, pero impone una carga de planificación energética que los proyectos más pequeños o los operadores con menos capacidad de inversión energética no podrán cumplir fácilmente.El equilibrio que el Gobierno tiene que encontrarEl auge de los centros de datos de IA y su impacto silencioso en la economía de EEUU ofrece el espejo para calibrar lo que España tiene delante. EEUU no reguló con anticipación; absorbió la demanda y ahora gestiona las consecuencias —contaminación, consumo de agua, carga de red— con legislación reactiva. El decreto español, si pasa la consulta pública sin quedar aguado, apuesta por el modelo inverso: que sea el operador quien demuestre que puede cumplir antes de conectarse, no después.El riesgo es evidente: si las normas son demasiado restrictivas, algunos proyectos migrarán a otros destinos. France ha estado activamente compitiendo por la misma inversión que España, con reglas más permisivas y subsidios directos. El decreto necesita ser lo suficientemente exigente para filtrar proyectos de baja calidad ambiental y lo suficientemente razonable para no ahuyentar inversiones que tendrían un impacto económico significativo en territorios que las necesitan. El borrador tiene ese equilibrio en los parámetros principales; lo que puede romperlo es la presión de los operadores durante la consulta pública para rebajar el porcentaje de renovables hora a hora o ampliar el plazo de adaptación. Si el 80% se convierte en 60% y los 18 meses de anticipación en 36, el decreto habrá perdido su parte más exigente antes de entrar en vigor.El resultado que importa se verá en 2027: si los proyectos anunciados confirman o redirigen sus inversiones. Eso dirá si el decreto es una ventaja competitiva —atrajo la calidad, filtró la especulación— o si fue demasiado exigente para el momento en que llegó. La consulta pública de esta semana es la primera oportunidad para saber en qué dirección se mueve el sector.Hemos comprobado que las regulaciones más efectivas en infraestructura tecnológica son las que fijan el umbral suficientemente alto como para que solo los proyectos con respaldo real puedan cumplirlo, pero no tan alto como para que nadie pueda. En el caso del decreto español, el 80% de renovables hora a hora es ambicioso pero alcanzable para los proyectos de Microsoft, Google y Amazon, que ya tienen estrategias propias de compra de energía renovable. Para los proyectos más pequeños o los especuladores que solo buscaban conectarse a la red española a bajo coste, ese porcentaje es efectivamente prohibitivo. Si ese es el objetivo implícito del decreto —filtrar sin prohibir—, está bien calibrado. Lo que queda por ver es si la consulta pública mantiene ese nivel o si la presión del sector lo diluye antes de que entre en vigor.La noticia España prepara el decreto más exigente de Europa para centros de datos: 80% de energía renovable por hora o sin conexión a la red fue publicada originalmente en Wwwhatsnew.com por Natalia Polo.