Consejo de Estado. Imagen: Valora Analitik.El Consejo de Estado declaró la nulidad de seis artículos del Decreto 2669 de 2012, mediante el cual el Gobierno reglamentó aspectos de la actividad de factoring realizada por sociedades comerciales.La decisión, adoptada en sentencia del cuatro de junio de 2026, anuló los artículos 2, 3, 4, 5, 12 y 13 del decreto mencionado, al concluir que el Ejecutivo excedió su potestad reglamentaria frente a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1231 de 2008.La discusión llegó al Consejo de Estado luego de una demanda que cuestionó, entre otros aspectos, que el Gobierno hubiera ido más allá de las facultades que tenía para reglamentar la actividad de factoring y el contenido y alcance de los servicios de compra de cartera.Para la Sala, el artículo 8 de la Ley 1231 estableció asuntos específicos que podían ser desarrollados mediante reglamentación, pero no otorgó una facultad general para regular integralmente el contenido y alcance de la actividad.Por esta razón, concluyó que los artículos demandados no se ajustaban al contenido de esa norma y que el Ejecutivo desconoció los límites de la potestad reglamentaria.Relacionado: Factoring y confirming, las herramientas financieras que ganan terreno en la liquidez empresarialConsejo de Estado. Imagen generada por la IA Gemini con fines ilustrativos.Las reglas sobre factoring que fueron anuladasLos seis artículos anulados regulaban distintos aspectos de la actividad. Entre ellos estaban definiciones relacionadas con el factoring y sus operaciones, reglas sobre la posibilidad de cubrir el riesgo de impago, disposiciones para fijar el precio o la tasa de descuento en determinados títulos y reglas sobre la cesión de créditos.También fueron anuladas las disposiciones que establecían las fuentes de recursos para realizar operaciones de factoring y determinadas prohibiciones para quienes desarrollaran esta actividad.El Consejo de Estado no analizó los demás cargos formulados en la demanda, al considerar probado el exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria.La decisión, sin embargo, no anuló todo el Decreto 2669 de 2012. La parte resolutiva del fallo se limitó a declarar la nulidad de los artículos 2, 3, 4, 5, 12 y 13.