El Partido Popular acude, en materia de Justicia –aunque no solo–, a la brocha gorda y a la hipérbole en su estrategia contra el Gobierno, al que acusa, sin mucho éxito, de vulnerar la Constitución. Lo hizo con la amnistía y perdió. También lo señala por atacar la separación de poderes o la independencia judicial cuando cuestiona procesos con actuaciones judiciales más que dudosas, como la condena al ex fiscal general o el caso Begoña Gómez. Esta supuesta pureza en la defensa de la norma fundamental cede, sin embargo, cuando entran en juego sus intereses partidistas. Y uno de ellos es volver a dominar el Tribunal Constitucional (TC) con una mayoría afín. Al igual que hizo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), provocando una crisis constitucional sin precedentes, hace ya ocho meses que bloquea la renovación en el Senado de cuatro magistrados del órgano de garantías.Lo escribió en su cuenta de X el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. "Hace ocho meses que el PP incumple la Constitución", señaló Félix Bolaños en su publicación del pasado 17 de agosto. "Ocho meses sin renovar los cuatro magistrados del TC que tocan al Senado con excusas baratas. Con el CGPJ estuvieron más de cinco años incumpliendo la obligación de renovación", prosiguió. Y terminó haciendo referencia a una de las últimas polémica político-constitucionales huecas del partido de Feijóo, que exigió la comparecencia inmediata de cuatro ministros para explicar la crisis de Ceuta cuando el Ejecutivo ya había avanzado que daría las explicaciones pertinentes. "El PP en el Senado: numeritos, muchos; cumplir la Constitución Española, nada", concluyó.Así pues, para el PP, que el Gobierno se niegue a comparecer en la Cámara que controla, el Senado, en el momento exacto en que sus senadores quieren, es una vulneración constitucional de la obligación del Ejecutivo de someterse al control del Parlamento, por la que su presidente, Pedro Rollán, está meditando adoptar "acciones legales". Acciones legales que ya ha ejercido –planteando un conflicto de atribuciones en el TC– por la incapacidad de Pedro Sánchez de reunir apoyos suficientes para sacar adelante unos Presupuestos. Sin embargo, como decía Bolaños en su tuit, Rollán y los suyos llevan ocho meses vulnerando el mandato que les impone el artículo 159.3 de la Constitución: "Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres". Toca ahora al Senado. Pero se niega a hacerlo.Y todo indica en que persistirá en su negativa al menos un año más. Así lo vino a anunciar, sin decirlo expresamente, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, cuando le preguntaron por ello en un desayuno informativo. Dijo que su partido no había "podido" iniciar los trámites para la renovación porque había “incertidumbre” por los procesos electorales y, por tanto, tocaba “esperar”. Pero Muñoz también dejó meridianamente claro que la actual mayoría del Constitucional no le gusta, pese a que el PP de Pablo Casado participó en su renovación en octubre de 2021 y eligió a magistrados como Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Justificó el bloqueo –y el incumplimiento por su formación del mandato constitucional de renovar– como si su partido estuviera estuviera prestando un servicio a España: “Ojalá volviéramos a tener un Tribunal Constitucional en el que no todos sepamos de antemano cómo van a acabar las votaciones, en el que las decisiones no terminen siempre con un 7-5 y con magistrados de reconocido prestigio que piensen antes en los intereses de España que en los intereses de quien les ha puesto". El Tribunal Constitucional tiene, por su propia configuración, una clara dimensión política: sus miembros son designados a propuesta de los tres poderes del Estado: el Legislativo (Congreso y Senado), el Ejecutivo y el Judicial.Si el objetivo del bloqueo durante más de cinco años de la renovación de CGPJ fue no ceder el control de la cúpula judicial a través de los nombramientos a una mayoría de vocales progresista, el bloqueo del Constitucional busca hacerse con la única institución que podría actuar como contrapeso si el PP llegara al Gobierno. En condiciones normales, la mayoría progresista en el órgano de garantías tendría que durar, al menos, hasta 2031, ya que alcanzar los tres quintos de los votos para nombrar a los nuevos magistrados exige negociar a los dos principales partidos, que se suelen repartir dos designaciones para cada uno. La "incertidumbre" de la que hablaba Muñoz para justificar el bloqueo es, en realidad, una expectativa: la de conseguir, por sí mismo o con Vox, los tres quintos de senadores necesarios y así no tener que ceder puestos al PSOE. Eso permitiría nombrar a los cuatro jueces y supondría un revolcón inmediato al juego de mayorías en el Constitucional.Todas las esperanzas del PP están puestas en las autonómicas de la próxima primavera y las generales, que como muy tarde llegarán en julio del año que viene. Los populares esperan un fuerte batacazo de Sánchez y sus socios que les permita ampliar su mayoría en la Cámara Alta –con o sin Vox– en 11 senadores y llegar así a los tres quintos. Tras sus éxitos en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía, un gran resultado en las autonómicas de mayo (Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla) podría contribuir a ese objetivo gracias a los senadores de designación autonómica. En la renovación del tercio del Constitucional que corresponde al Senado, son las asambleas regionales las que, en primer lugar, deben proponer candidatos a magistrado.El control del Constitucional por magistrados afines al PP sería el broche al ciclo de mayor acumulación de poder de la derecha y la ultraderecha en España en democracia. Si se cumplen sus objetivos, además de ambas cámaras, el Gobierno y la mayoría de los Ejecutivos autonómicos, la derecha seguirá controlando el Poder Judicial (donde no ha perdido su influencia tras la renovación de 2024 gracias al nombramiento de Isabel Perelló como presidenta). Volcar el juego actual de mayorías en el órgano de garantías, en el que los magistrados progresistas siguen siendo más, acabaría con el último reducto de poder de la izquierda rompiendo dramáticamente el equilibrio de poder hacia PP y Vox. Y para lograrlo, no basta con nombrar a dos o tres magistrados, algo que no tumbaría la mayoría actual. Necesitan designar a los cuatro.